Dos hombres vinculados a redes de tráfico ilícito de migrantes fueron condenados a 18 años de prisión tras ser aprehendidos durante la operación “Coyote 507”, una investigación liderada por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada que permitió identificar el funcionamiento de una estructura dedicada a facilitar el tránsito irregular de personas por territorio panameño.
Durante la audiencia celebrada el 25 de febrero de 2026, el Ministerio Público logró la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputación por tráfico ilícito de migrantes y la condena mediante acuerdo de pena, decisión que fue avalada por el Juez de Garantías.
Además de la pena principal, el tribunal impuso la inhabilitación para ejercer funciones públicas por cinco años una vez cumplida la condena.
La investigación también permitió el control judicial de allanamientos y registros excepcionales, así como la incautación de teléfonos celulares y documentación, elementos que, según la Fiscalía, guardan relación con la actividad delictiva desarrollada por el grupo criminal.
Las capturas se realizaron en los sectores de San Miguelito y Pedregal, con apoyo de unidades de la Policía Nacional.
Las autoridades detallaron que la operación forma parte de un proceso investigativo iniciado en noviembre de 2025, enfocado en un grupo estructurado dedicado a la recepción, facilitación y financiamiento del ingreso y salida de migrantes por la frontera con Colombia, particularmente a través de la provincia de Darién, una de las rutas migratorias más complejas de la región.
Según las pesquisas, la organización trasladaba a personas de nacionalidades venezolana, ecuatoriana, camerunesa y china, quienes pagaban hasta $3,000 por la travesía entre Colombia y Panamá o en sentido inverso.
El esquema incluía el uso de lanchas desde el Golfo de Urabá hacia el Caribe panameño, recorridos por trochas en la selva, transporte en piraguas y movilización vehicular hacia o desde la ciudad de Panamá.
Las autoridades confirmaron además la aprehensión de una tercera persona en el sector de Paitilla, quien será llevada a audiencia de garantías el 26 de febrero de 2026 por presunta vinculación con los mismos hechos.
Dentro del proceso judicial ya existen dos personas detenidas e imputadas, lo que refuerza la hipótesis de la existencia de una estructura criminal organizada con roles definidos.
La operación “Coyote 507” fue ejecutada en coordinación con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la organización internacional OUR RESCUE, permitiendo la desarticulación parcial de la red delictiva.
Las diligencias se realizaron de forma simultánea en las provincias de Panamá y Darién, donde se lograron las capturas y el decomiso de equipos tecnológicos y evidencia documental.
De acuerdo con la investigación, el grupo criminal trasladaba migrantes desde zonas selváticas de Darién hacia la frontera con Costa Rica, con el objetivo de evadir controles migratorios y de seguridad, en un esquema que incluía pagos provenientes de distintos países del continente americano.
Las autoridades sostienen que este mecanismo generaba altos ingresos económicos para la organización, lo que explica su persistencia en el tiempo.
El tráfico ilícito de migrantes es definido por el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes como la facilitación de la entrada ilegal de una persona a un Estado con el fin de obtener un beneficio financiero o material, lo que lo convierte en un delito contra el Estado. Sin embargo, organismos internacionales advierten que esta práctica también implica riesgos para los derechos humanos de las víctimas, incluyendo maltrato, abandono y restricciones en el acceso a agua y alimentos.
Tras el cierre progresivo de pasos irregulares en la selva del Darién, rutas que durante los últimos años fueron utilizadas por miles de migrantes —en su mayoría venezolanos— con destino final a Estados Unidos, las autoridades han detectado un reacomodo de las dinámicas delictivas vinculadas al tránsito irregular.
Este escenario ha favorecido el incremento de operaciones de redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, que han diversificado sus métodos mediante traslados marítimos, rutas alternas y esquemas de financiamiento clandestino, elevando los riesgos para las personas en movilidad y complejizando las labores de control migratorio y seguridad regional.
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