La Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público inició investigaciones por presuntos delitos de corrupción de personas menores de edad y explotación sexual comercial tras la circulación en redes sociales de videos grabados durante actividades de Carnaval que evidenciarían conductas que podrían vulnerar la integridad de menores y mujeres adultas.
Las diligencias son adelantadas por la Sección de Atención Primaria, que actúa tanto por denuncias formales como por información difundida en plataformas digitales.
Según el anuncio oficial, las investigaciones se originan a partir de material audiovisual que muestra episodios ocurridos en diversos puntos del país, principalmente en eventos musicales y celebraciones públicas donde se realizaron dinámicas que escalaron de tono en presencia de menores de edad.
Las autoridades señalaron que el objetivo es identificar responsabilidades penales, proteger a las víctimas y evitar procesos de revictimización durante el desarrollo de las pesquisas.
Uno de los casos que generó mayor repercusión ocurrió en Caimitrillo, Panamá Norte, donde un concurso vinculado a una actividad festiva terminó en una exhibición de carácter sexual frente al público, situación que fue captada en video y ampliamente difundida.
El episodio, inicialmente presentado como una competencia de Carnaval, derivó en un espectáculo que, según las autoridades, podría configurar conductas punibles al involucrar menores y exposición pública de contenido sexualizado.
En el marco jurídico panameño, el delito de corrupción de personas menores de edad está tipificado en el Código Penal y sanciona a quien induzca, promueva o facilite conductas sexuales en menores o su participación en actos de naturaleza sexual, incluso cuando no exista contacto físico.
Las penas pueden incluir privación de libertad y medidas agravadas, especialmente cuando los hechos ocurren en espacios públicos, eventos masivos o mediante difusión digital.
Por su parte, la explotación sexual comercial contempla situaciones en las que una persona es utilizada con fines sexuales a cambio de beneficios económicos o materiales, ya sea de manera directa o indirecta.
La legislación panameña establece sanciones severas, con agravantes cuando la víctima es menor de edad, cuando existe lucro o cuando los hechos se producen en contextos de vulnerabilidad social. Las autoridades también pueden perseguir la difusión de contenido sexual con menores, así como la promoción de este tipo de prácticas en redes sociales.
El análisis de los casos incluye la revisión de videos, testimonios, denuncias y material digital, así como la identificación de organizadores de eventos y posibles responsables de promover dinámicas inapropiadas. Las diligencias buscan determinar la existencia de conductas delictivas y establecer la participación individual de cada involucrado, en un proceso que podría derivar en imputaciones formales.
Las investigaciones no se limitan a un solo incidente, sino que abarcan diversos episodios registrados durante las festividades, lo que refleja una estrategia de seguimiento integral a situaciones que pudieran afectar la protección de menores. Las autoridades reiteraron que cualquier contenido que exponga a menores en contextos sexualizados será objeto de investigación penal, incluso si se presenta bajo la apariencia de entretenimiento o concursos festivos.
El anuncio de las investigaciones se produce en medio del balance de las celebraciones de Carnaval, periodo en el que las autoridades desplegaron operativos de seguridad y vigilancia en distintos puntos del país.
Durante 2025, el Ministerio Público registró 440 denuncias por corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas asociadas, dentro del conjunto de delitos contra la libertad e integridad sexual.
Estas cifras forman parte de un total de 6,273 denuncias por delitos sexuales a nivel nacional, lo que refleja la persistencia de este tipo de hechos en el país y el peso específico que mantienen los casos que involucran a menores de edad.
Del total de denuncias vinculadas a este capítulo, 310 correspondieron al delito de corrupción de personas menores de edad, mientras que 14 casos fueron por explotación sexual comercial y otros procesos estuvieron relacionados con pornografía infantil, posesión de material ilícito y conductas de omisión frente a estos delitos.
El informe evidencia que la corrupción de menores continúa siendo la principal modalidad investigada dentro de esta categoría penal.
En términos territoriales, las estadísticas muestran que la mayor concentración de denuncias se registró en el Primer Distrito Judicial, con 301 casos vinculados a corrupción de menores y explotación sexual, seguido por el Tercer Distrito Judicial con 70 procesos.
A nivel provincial, Panamá y Panamá Oeste lideraron la incidencia de este tipo de delitos, lo que coincide con las zonas de mayor densidad poblacional y actividad urbana.
El comparativo interanual revela además que, aunque el total de denuncias por delitos sexuales registró una reducción del 5% entre 2024 y 2025, los casos de corrupción de menores aumentaron 9% y la explotación sexual 17%, lo que refuerza la preocupación de las autoridades sobre la evolución de estos delitos y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención e investigación.
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