Hong Kong citó al cónsul panameño por el fallo que anuló la concesión de puertos de CK Hutchison

Medios de Hong Kong y portales en chino reportaron que el gobierno hongkonés convocó al Cónsul General de Panamá en la ciudad, José Ramón de Jesús Varela Fábrega, para expresar su rechazo a la decisión judicial panameña que anuló el contrato de CK Hutchison para operar dos puertos vinculados al tránsito del Canal de Panamá.

Según esos reportes, el encuentro fue encabezado por el Secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah. Yau comunicó una “fuerte insatisfacción” con el fallo. También sostuvo que la medida afecta la confianza de inversionistas. Y que impacta las reglas del comercio internacional.

La citación se produjo después de pronunciamientos difundidos en China sobre posibles “graves consecuencias” para Panamá, en el marco de la reacción por la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

En esa línea, autoridades de Hong Kong señalaron que CK Hutchison había realizado inversiones y generado empleos durante años, y reclamaron un entorno de negocios “justo e imparcial” para empresas que operan legalmente.

El planteamiento incluyó una petición para que Panamá respete el “espíritu del contrato” y garantice “trato y protecciones” a compañías de Hong Kong.

El origen de la controversia está en el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el marco que sostenía la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, para operar los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).

La sentencia anuló el contrato y sus extensiones. El argumento central, según lo reportado públicamente, fue que el esquema otorgaba privilegios exclusivos y exenciones fiscales incompatibles con disposiciones constitucionales.

La concesión se estructuró en 1997 como un paquete que agrupó la operación de ambos puertos bajo un solo operador. Ese diseño —que colocó en un mismo bloque activos en los dos extremos del Canal— es el que ahora el Ejecutivo panameño asegura que no volverá a repetirse.

Tras el fallo, el presidente José Raúl Mulino afirmó que, en adelante, los contratos no se otorgarán a un único operador como un “monopolio” o un esquema de control concentrado. Y anunció que el objetivo es concesionar por separado Balboa y Cristóbal.

En el trasfondo del caso también figura la auditoría impulsada por la Contraloría General sobre la concesión, un proceso que fue parte de la presión institucional para revisar el contrato y sus renovaciones.

La discusión sobre la concesión se mantuvo activa en el país por señalamientos de irregularidades y por el impacto de los beneficios contractuales vinculados a exenciones. Ese proceso alimentó acciones legales que terminaron elevando el caso al máximo tribunal.

En paralelo a la disputa judicial, CK Hutchison mantenía un proceso para desprenderse de activos portuarios, incluyendo los asociados a Panama Ports Company, dentro de una transacción global negociada con un consorcio liderado por BlackRock.

Ese plan incluyó desde el inicio una operación de gran escala que abarcaba decenas de terminales. Sin embargo, la propuesta enfrentó el rechazo de China, que exigió revisiones y objetó la estructura del acuerdo por consideraciones estratégicas relacionadas con la infraestructura portuaria y la cadena logística global.

Luego de ese rechazo, se planteó la posibilidad de incorporar a la naviera estatal china COSCO como parte del consorcio, en un intento por atender las objeciones y destrabar la transacción.

Aun así, el panorama cambió tras el fallo panameño: la venta de los puertos que incluyen Balboa y Cristóbal quedó bajo mayor incertidumbre, mientras se define el alcance práctico de la sentencia, el futuro administrativo de los activos y el nuevo modelo de concesión.

Tras la anulación del contrato, CK Hutchison decidió impugnar el desenlace por la vía del arbitraje internacional, y su filial Panama Ports Company inició procedimientos bajo ese mecanismo. La disputa abre un frente legal que puede prolongarse en el tiempo. Y coloca bajo presión la transición administrativa de dos terminales consideradas parte del engranaje logístico panameño por su rol en el movimiento de contenedores y el transbordo regional.

El presidente Mulino, por su parte, afirmó que la decisión de la Corte es definitiva. Y sostuvo que Panamá no aceptará amenazas de ningún país.

La Cancillería panameña también respondió a las advertencias provenientes de China, en un contexto en el que el gobierno ha insistido en la independencia judicial y en la vigencia del Estado de derecho como marco para la relación con inversionistas y operadores extranjeros.

Dentro del plan de transición anunciado por el Ejecutivo, Mulino indicó que, una vez se concrete la salida de CK Hutchison, el grupo Maersk, a través de su filial APM Terminals, asumirá la operación de forma interina para evitar interrupciones.

Esa administración temporal se mantendría mientras el Estado organiza un nuevo proceso de concesión. Y mientras define el esquema bajo el cual Balboa y Cristóbal se licitarán de manera individual, en lugar de un solo paquete como el de 1997.

El episodio ha escalado a un pulso diplomático y económico donde convergen Panamá, Hong Kong y China, con el componente adicional del arbitraje y la transacción global en la que participan actores financieros y navieros. En el corto plazo, el centro de la discusión está en la implementación del fallo. En el mediano, en el modelo de concesión que sustituirá el esquema anulado. Y en el impacto que la disputa tendrá sobre la continuidad operativa de dos puertos que Panamá considera parte de su plataforma logística.