Proyecto Cobre Panamá: informe confirma que auditoría minera aún no define nivel de cumplimiento ambiental

La empresa SGS Panamá Control Services Inc., encargada de revisar el estado del proyecto Cobre Panamá —operado por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals—, entregó su tercer informe de auditoría.

El informe concluye que el proceso de evaluación avanza con énfasis en la identificación de riesgos ambientales, pasivos futuros y cumplimiento técnico-operativo, y que sus hallazgos serán utilizados como insumo para la toma de decisiones estratégicas del Estado panameño.

El documento, elaborado por la empresa consultora, forma parte de una revisión multidisciplinaria que analiza el desempeño del proyecto en condiciones de operación suspendida.

El informe, fechado el 9 de enero de 2026, cubre el período comprendido entre el 8 de diciembre de 2025 y el 9 de enero de 2026, y corresponde al tercer reporte mensual presentado ante el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) dentro del contrato de auditoría integral suscrito en 2025.

Según el documento, el objetivo principal es verificar el cumplimiento de obligaciones ambientales, legales, laborales, tributarias y operativas, así como evaluar los riesgos asociados y los pasivos ambientales a futuro.

La auditoría se desarrolla con base en los términos de referencia sustentados en 370 compromisos derivados del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto, los cuales están siendo evaluados mediante revisión documental, inspecciones de campo y análisis técnico de la información suministrada por las partes involucradas.

El informe precisa que los resultados contenidos en esta etapa son preliminares y forman parte de un proceso progresivo de validación y contraste.

Entre los principales frentes de trabajo destacados en el tercer informe se encuentra la revisión del diseño y la operación de la Instalación de Manejo de Relaves, incluyendo criterios de ingeniería, estabilidad y cumplimiento de estándares internacionales, así como el análisis de la información relacionada con la liquidación de regalías mineras proporcionada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Estos componentes son considerados claves para determinar eventuales contingencias técnicas y financieras.

En el componente de riesgos, el equipo auditor señala que se encuentra en proceso la configuración de matrices para evaluar los impactos significativos bajo las condiciones actuales del proyecto, así como los posibles pasivos ambientales futuros.

Estas matrices servirán como base para establecer escenarios de gestión y mitigación en caso de una eventual reactivación de las operaciones.

El informe también confirma que, con corte al 9 de enero de 2026, la firma auditora había entregado tres informes mensuales de avance, correspondientes a noviembre de 2025, diciembre de 2025 y enero de 2026, en cumplimiento del cronograma contractual establecido con MiAmbiente.

Estos documentos integran el seguimiento mensual del proyecto y son remitidos a la entidad estatal para su revisión y validación.

De acuerdo con la metodología descrita, la auditoría se ejecuta en seis etapas, que incluyen recolección, almacenamiento, procesamiento, generación y distribución de información, además del análisis para la toma de decisiones.

En esta fase, el equipo se concentra en contextualizar los impactos ambientales, sociales, técnicos y legales del proyecto, bajo un enfoque neutral y objetivo.

El tercer informe señala, además, que el documento corresponde a un reporte de avance y no constituye aún una evaluación definitiva del nivel de cumplimiento del proyecto. En ese sentido, se indica que el próximo informe mensual incorporará avances en los resultados con base en la Escala de Cumplimiento de los 370 compromisos del EsIA.

Dicha escala clasifica el desempeño en rangos que van desde “cumplimiento optimizado” hasta “no cumple”, según los criterios técnicos definidos.

La auditoría integral fue contratada luego de que la mina, ubicada en las montañas de la provincia de Colón y con una extensión aproximada de 13,000 hectáreas, suspendiera sus operaciones tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato ley que regulaba su concesión en noviembre de 2023.

Desde entonces, el proyecto, operado por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, se mantiene en fase de mantenimiento y resguardo.

Actualmente, más de 1,700 trabajadores permanecen en el sitio realizando labores de conservación de equipos, monitoreo ambiental y mantenimiento de infraestructuras, según datos divulgados por autoridades y la empresa.

Estas actividades buscan preservar los activos industriales y minimizar riesgos mientras se define el futuro legal y operativo del proyecto.

El gobierno del presidente José Raúl Mulino ha reiterado su interés en evaluar la posibilidad de retomar la actividad minera bajo un esquema distinto al contrato ley declarado inconstitucional, condicionado a los resultados de la auditoría y a eventuales reformas regulatorias.

No obstante, encuestas recientes han reflejado un amplio rechazo ciudadano a la reapertura de la mina, lo que mantiene el tema en el centro del debate político y social.

En este contexto, los dos primeros informes de avance, presentados en noviembre y diciembre de 2025, se concentraron en el levantamiento inicial de información, la verificación documental y el diseño metodológico del proceso auditor, estableciendo las bases para la evaluación técnica posterior.

El tercer reporte consolida ese trabajo preliminar y amplía el análisis hacia los componentes de riesgo y cumplimiento.

El contrato de auditoría establece un plazo de ejecución de seis meses, con una vigencia total de ocho meses, incluyendo el período de liquidación, lo que sitúa la conclusión del proceso en el primer trimestre de 2026.

Una vez finalizado, el informe integral deberá servir como referencia técnica para que el Estado determine los pasos a seguir respecto a la concesión.

Según el propio documento, la auditoría no aborda temas relacionados con arbitrajes internacionales ni disputas de propiedad, limitándose al análisis del cumplimiento ambiental y operativo del proyecto. De esta manera, sus conclusiones estarán centradas en los impactos, riesgos y obligaciones pendientes.