Las organizaciones ambientales CIAM y Adopta Bosque Panamá denunciaron que enfrentan un “ataque sin precedentes” tras la solicitud de secuestro preventivo de sus cuentas bancarias y activos, una medida cautelar promovida por los vinculados al proyecto portuario Puerto Barú, en David, provincia de Chiriquí.
La acción, aseguran, no es una condena ni una sanción, pero sí una maniobra con efectos inmediatos: inmoviliza fondos, paraliza operaciones y complica el pago de salarios, obligaciones laborales y gastos básicos.
De acuerdo con lo expuesto por las organizaciones, el secuestro preventivo es parte de un proceso civil orientado a “asegurar bienes” ante una eventual demanda futura por daños y perjuicios.
En la práctica, sostienen, el mecanismo funciona como un congelamiento financiero que impide sostener la gestión diaria: desde el pago de planillas y proveedores hasta la continuidad de proyectos en campo.
“No estamos ante una sentencia”, enfatizaron, “sino ante una medida que busca obstaculizar nuestro trabajo en defensa del derecho a un ambiente sano”.
En el caso del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), sus representantes advirtieron que el bloqueo compromete la capacidad de brindar defensa legal gratuita a comunidades y causas ambientales, un punto especialmente sensible en zonas donde el acceso a asesoría jurídica es limitado.
Para Adopta Bosque Panamá, el impacto se traslada al terreno: la organización dijo que la medida pone en riesgo la administración de cuatro fincas en Chiriquí y Darién destinadas a conservación, educación e investigación científica, donde han reportado hallazgos relevantes, incluyendo decenas de registros de biodiversidad y especies documentadas.
El choque ocurre en el contexto de la oposición pública al proyecto Puerto Barú en David, que sus promotores han presentado como un desarrollo “multipropósito” y de alto alcance para la provincia.
En su comunicación corporativa, el proyecto se describe como “el primer puerto verde de Panamá” y “la mayor inversión privada” en la historia de Chiriquí, con una narrativa centrada en logística, agroindustria y conexión comercial.
Ese discurso, sin embargo, choca con el cuestionamiento ambiental por su cercanía a los Manglares de David, un ecosistema con protección local desde 2007.
Las organizaciones y una coalición de más de 60 agrupaciones han sostenido que el conflicto no es “puerto sí o puerto no”, sino reubicación.
Su argumento central: evaluaciones y análisis técnicos citados por los opositores han advertido impactos potenciales sobre los manglares, y señalan deficiencias en la Evaluación de Impacto Ambiental presentada por la empresa, además de proponer alternativas como Puerto Armuelles para un desarrollo portuario con menores costos ecológicos.
Este episodio llega después de un primer frente judicial. En agosto de 2025, la contraparte del proyecto presentó querellas penales contra CIAM y Adopta Bosque por presuntos delitos como calumnia e injuria, en una disputa que escaló por los señalamientos públicos sobre el proyecto.
Según los ambientalistas, esas acciones no avanzaron como se esperaba en la vía penal y, por eso, ahora se recurre a la ruta civil con medidas cautelares más agresivas en términos financieros.
La vocera Lilian González Guevara sostuvo que el promotor está apelando a un marco normativo que, a su juicio, resulta “superado” para justificar congelamientos de activos con sustento insuficiente, con la expectativa de ganar ventaja en un litigio futuro.
La dirigente aseguró que las organizaciones mantendrán su labor y que el objetivo es defender el patrimonio natural y el derecho ciudadano a opinar sin temor sobre asuntos de interés público, en un conflicto que —según su lectura— tensiona la libertad de expresión.
Del otro lado, el abogado de Puerto Barú, José Castillo, negó que se trate de un intento de silenciar críticas y defendió que la empresa está ejerciendo su derecho a protegerse de lo que considera afirmaciones falsas.
Castillo sostuvo ante medios que el proyecto ha recibido señalamientos “inexactos” y “alejados de la realidad técnica científica”, y que eso perjudica la imagen del desarrollo y su capacidad de atraer inversionistas.
“No es un ataque, es nuestro derecho defendernos”, afirmó al referirse a la disputa pública con las organizaciones.
En su página de internet la empresa indica que: Puerto Barú en David se desarrolla en terrenos 100% privados y titulados, fuera de las áreas protegidas. Estamos cerca de un ecosistema de manglares, que están esparcidos por la costa de Chiriquí. Por ley, los manglares están protegidos y dentro de nuestro Plan de Manejo Ambiental, se plantea su conservación y fiscalización.
La controversia también abrió un frente institucional. Organizaciones de la sociedad civil que acompañaron la denuncia pública anunciaron que acudirán a la Defensoría del Pueblo para solicitar una mesa de trabajo que impulse un proyecto de ley de protección a personas y organizaciones defensoras frente a acciones judiciales que, según su postura, buscan intimidar o agotar financieramente a actores críticos.
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