Balboa y Cristóbal dejarán de operar bajo una sola concesión, confirma presidente panameño

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que el futuro de los puertos de Balboa y Cristóbal no volverá a quedar en manos de un solo operador, como ocurrió con Panama Ports Company, y adelantó que, una vez termine el periodo de transición derivado del fallo de inconstitucionalidad, ambas terminales serán concesionadas por separado.

En su declaración, el mandatario planteó que el esquema anterior no se repetirá y que la administración panameña evaluará modelos diferenciados para cada puerto, con el argumento de que se trata de activos estratégicos vinculados a la competitividad logística del país y al entorno del Canal de Panamá.

Mulino insistió en que el proceso se desarrollará con cautela por su impacto económico y operativo, y sostuvo que el cambio de administración portuaria se hará bajo un esquema ordenado, sin interrupciones en el servicio y sin efectos inmediatos sobre la operación diaria.

En ese sentido, afirmó que los puertos siguen funcionando bajo PPC “igual que hace dos semanas”, y que no se prevén alteraciones durante la fase de transición, que iniciará una vez el fallo esté ejecutoriado, tal como lo anunció en su mensaje previo a la nación.

El presidente enmarcó sus comentarios en la controversia generada por un pronunciamiento atribuido a autoridades de Hong Kong y Macao, en el que se sugirió que el Estado panameño habría desarrollado una campaña que desembocó en la decisión de la Corte Suprema de Justicia, una afirmación que, según Mulino, desconoce el funcionamiento institucional del país.

El mandatario recalcó que, a diferencia de China, Panamá opera bajo un sistema democrático en el que el órgano ejecutivo no interfiere en los tribunales, y subrayó que el fallo es definitivo, final y de obligatorio acatamiento, independientemente de si sus efectos complacen o incomodan a actores externos.

En su respuesta, Mulino también puso el foco en la vía diplomática. Señaló que Hong Kong es una zona administrativa especial y que la comunicación formal entre Panamá y China se gestiona desde Beijing hacia la Cancillería panameña, aunque reconoció que, por el tono del pronunciamiento conocido, la Cancillería emitió un rechazo oficial.

Desde su óptica, lo ocurrido no debe convertirse en una escalada de declaraciones, pero dejó claro que Panamá no aceptará presiones ni amenazas, y que el país seguirá adelante con un proceso que considera trascendental por la dimensión económica de los puertos y su sensibilidad geopolítica.

El presidente evitó presentar detalles del modelo final de concesión, pero sí fue categórico en el principio rector: los dos puertos no se entregarán nuevamente como un paquete bajo una misma empresa.

Mulino reveló que el Ejecutivo venía preparando alternativas desde hace aproximadamente un año, anticipando la posibilidad de un fallo de inconstitucionalidad.

En su explicación, afirmó que existía un grupo de trabajo revisando escenarios y planes de contingencia para evitar improvisaciones y asegurar que, si la Corte tomaba una decisión adversa a la concesión, el Estado tuviera una hoja de ruta lista para ejecutar.

En ese marco, el mandatario abordó el rol de Maersk, la naviera y operadora logística internacional mencionada en el debate público sobre la estrategia para gestionar el tránsito administrativo y contractual tras el fallo.

Mulino defendió la decisión de apoyarse en Maersk por su experiencia global en operaciones portuarias y cadenas de suministro, su capacidad técnica para acompañar procesos complejos y su presencia previa en el ecosistema logístico del Canal, un elemento que, según su explicación, permite reducir incertidumbre operativa mientras el Estado define el esquema final bajo el cual se concesionarán por separado los puertos de Balboa y Cristóbal.

Durante la conferencia, Mulino fue consultado por el arbitraje que ya anunció Panama Ports Company tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto el contrato de concesión que le permitía operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

El presidente ubicó el tema dentro del nuevo escenario legal abierto por la sentencia, recalcando que se trata de una decisión definitiva y obligatoria, y que el Estado debe ejecutar una transición ordenada mientras define el esquema futuro de administración portuaria.

En ese contexto, Mulino sostuvo que la empresa tiene derecho a activar mecanismos para defender sus intereses, así como Panamá tiene el derecho y la obligación de defenderse y sostener su posición como Estado.

Explicó que el país cuenta con recursos legales para responder dentro del marco correspondiente y que el gobierno venía trabajando alternativas desde hace aproximadamente un año ante la posibilidad de un fallo adverso, precisamente para no improvisar y para enfrentar, con estructura técnica y jurídica, tanto la transición operativa como las consecuencias legales que puedan derivarse del caso.