Escala tensión entre Panamá y China tras anulación de concesión portuaria

A medida que avanzan los días tras la anulación del contrato de concesión de Panama Ports Company, la controversia entre Panamá y China ha escalado en el plano diplomático y político, con pronunciamientos cada vez más duros sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

En este contexto, el presidente José Raúl Mulino rechazó enérgicamente las declaraciones emitidas por la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado chino, subrayando que Panamá es un Estado de Derecho, que respeta la independencia judicial y que las decisiones del Órgano Judicial no responden a presiones externas ni a intereses políticos.

Mulino sostuvo que el fallo sobre la concesión portuaria debe entenderse dentro del marco institucional panameño y conforme a la Constitución.

Señaló que el país actúa con apego a la legalidad, al respeto a las instituciones y a los principios de seguridad jurídica, y adelantó que la Cancillería evaluará el pronunciamiento chino y adoptará las decisiones correspondientes.

El mandatario reiteró que el Gobierno no interfiere en las decisiones de los tribunales y que la administración pública está obligada a respetar los fallos judiciales.

Las declaraciones del presidente se produjeron luego de que la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao calificara el fallo panameño como “absurdo” y “extremadamente ridículo”, y advirtiera que Panamá “pagará un alto precio” político y económico si no revierte la decisión.

Según una nota de la agencia Agencia EFE, el organismo chino consideró que la sentencia viola el espíritu contractual, afecta el entorno empresarial y refleja una supuesta subordinación a intereses extranjeros, en referencia indirecta a Estados Unidos.

De acuerdo con ese pronunciamiento, China sostiene que la concesión portuaria ha estado vigente por casi tres décadas, con renovaciones avaladas por las autoridades panameñas, y que su anulación constituye una violación al Estado de derecho.

También afirmó que CK Hutchison ha invertido más de 1,800 millones de dólares en Panamá, generando miles de empleos, y que la decisión judicial daña la credibilidad internacional del país y debilita su posición en el comercio global.

El martes 3 de febrero la empresa Panama Ports Company anunció el inicio de un arbitraje internacional contra el Estado panameño tras la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato de concesión que le permitía operar los puertos de Balboa y Cristóbal.

La empresa sostuvo que la decisión judicial y las acciones posteriores del Estado constituyen una afectación directa a sus derechos contractuales, por lo que acudirá a instancias internacionales para reclamar una compensación y defender su posición jurídica.

El fallo de la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, que desde 1997 administra los puertos de Balboa y Cristóbal.

La decisión se basó en cuestionamientos sobre la legalidad del contrato, los procesos de renovación, la falta de transparencia y presuntas irregularidades detectadas en auditorías oficiales presentadas por la Contraloría General.

Según los argumentos del máximo tribunal, el contrato no cumplía plenamente con los requisitos constitucionales en materia de concesiones públicas, lo que motivó su nulidad.

El fallo también destacó debilidades en los mecanismos de supervisión estatal y en los procesos de equiparación y extensión de la concesión, elementos que fueron señalados durante años por distintos sectores políticos, jurídicos y empresariales.

Tras la sentencia, Panama Ports Company anunció el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra el Estado panameño, al considerar que ha sido objeto de una campaña dirigida específicamente en su contra.

La empresa sostiene que la anulación vulnera acuerdos contractuales y tratados de inversión, y busca una indemnización por los daños económicos derivados de la decisión judicial.

El caso también se inserta en un escenario geopolítico más amplio. En 2025, CK Hutchison había acordado la venta de sus activos portuarios, incluidos los de Panamá, a un consorcio liderado por BlackRock, en una operación valorada en más de 22,000 millones de dólares.

Sin embargo, la transacción fue objeto de presiones diplomáticas y quedó paralizada en medio de tensiones entre China y Estados Unidos por el control de infraestructuras estratégicas.

Desde Washington, altos funcionarios habían expresado previamente su preocupación por la presencia de empresas vinculadas a China en zonas cercanas al Canal de Panamá, argumentando riesgos para la seguridad nacional.

En el plano interno, el gobierno panameño ha insistido en que los puertos continúan operando con normalidad y que se ha activado un plan de transición para garantizar la continuidad del servicio, la protección del empleo y el cumplimiento de compromisos con clientes internacionales. Las autoridades han reiterado que el proceso se desarrollará con orden, transparencia y apego a la ley.

Por su parte, gremios empresariales han señalado que, aunque el fallo puede generar incertidumbre en el corto plazo, también refuerza la necesidad de fortalecer los procesos contractuales del Estado y asegurar que las concesiones se otorguen bajo criterios claros y verificables. En ese sentido, han subrayado la importancia de preservar la confianza de los inversionistas sin sacrificar el interés público.