Panamá prohibió ocho plaguicidas altamente peligrosos como parte de una nueva resolución del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), una decisión que se alinea con estándares internacionales de salud y ambiente, pero que también reabre el debate sobre el uso intensivo de estos productos en la agricultura, pese a la evidencia de sus riesgos.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución OAL-003-ADM-2026, publicada en la Gaceta Oficial, y establece la prohibición, registro, importación, fabricación, formulación, venta, uso y distribución de ocho plaguicidas clasificados como altamente peligrosos (PAP), además de restricciones parciales para otros ingredientes activos.
Según el MIDA, la decisión responde a criterios de toxicidad aguda, efectos crónicos en la salud humana, persistencia ambiental y evidencia científica que los vincula con daños al sistema endocrino, neurológico y reproductivo.
También se tomó en cuenta su clasificación como carcinogénicos o disruptores endocrinos por organismos internacionales.
Entre los plaguicidas prohibidos figura el carbofurán, un insecticida ampliamente utilizado en cultivos agrícolas que actúa sobre el sistema nervioso.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha catalogado como extremadamente peligroso, debido a su alta toxicidad por ingestión e inhalación. Diversos estudios lo han asociado con intoxicaciones agudas en trabajadores agrícolas y con la muerte de fauna silvestre, especialmente aves.
Otro producto incluido en la lista es el carbaril, también insecticida, que aunque fue durante décadas uno de los más usados a nivel mundial, ha sido vinculado con alteraciones hormonales y posibles efectos cancerígenos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Unión Europea han restringido o eliminado su uso en varios países.
La resolución también prohíbe el benomilo, un fungicida relacionado con malformaciones congénitas y alteraciones reproductivas, así como el endosulfán, considerado uno de los plaguicidas más tóxicos del mundo y prohibido en más de 80 países tras ser incluido en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.
En el grupo de sustancias con prohibiciones parciales figuran ingredientes como clorotalonil, paraquat y mancozeb, que siguen siendo utilizados en diversas regiones del mundo, pero bajo creciente escrutinio.
El paraquat, por ejemplo, ha sido relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, mientras que el mancozeb ha sido señalado por posibles efectos teratogénicos y daño al sistema endocrino.
Riesgo
El MIDA argumenta que estas decisiones se basan en evaluaciones de riesgo y en recomendaciones de organismos como la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Convenio de Rotterdam, que regula el comercio internacional de plaguicidas peligrosos.
A nivel global, los organismos internacionales han advertido de forma reiterada sobre el impacto de los plaguicidas en la salud pública.
La OMS estima que cada año se producen millones de casos de intoxicación aguda por plaguicidas, especialmente en países en desarrollo, donde los controles son más laxos y la capacitación de los trabajadores es limitada.
Los efectos no se limitan a la exposición directa. Estudios científicos han demostrado que residuos de plaguicidas pueden permanecer en el suelo, el agua y los alimentos, afectando a consumidores finales y ecosistemas completos.
En el caso de los cultivos, el uso excesivo también contribuye a la degradación del suelo y a la pérdida de biodiversidad, incluyendo polinizadores esenciales para la seguridad alimentaria.
Paradójicamente, pese a estos riesgos ampliamente documentados, el uso de plaguicidas continúa en aumento a nivel mundial.
La FAO ha señalado que el crecimiento de la demanda de alimentos, la presión por mayores rendimientos agrícolas y el cambio climático han llevado a muchos productores a depender cada vez más de insumos químicos para controlar plagas y enfermedades.
En Panamá, el sector agropecuario enfrenta el reto de adaptarse a estas restricciones sin afectar la productividad.
La resolución concede un período de transición de 18 meses para agotar inventarios existentes, al tiempo que insta a promover prácticas agrícolas más sostenibles y el uso de alternativas menos peligrosas.
La prohibición de estos plaguicidas marca un paso relevante en la política sanitaria y ambiental del país, pero también deja en evidencia un desafío mayor: cómo equilibrar la seguridad alimentaria, la competitividad agrícola y la protección de la salud humana en un contexto donde los riesgos de los plaguicidas son cada vez más claros, pero su dependencia sigue siendo estructural.
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