Panamá abre el debate para mezclar etanol en la gasolina

Panamá avanza en la discusión de un cambio estructural en su matriz de combustibles: el país evalúa incorporar etanol a la gasolina de uso vehicular como parte de una estrategia para reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados, mitigar la volatilidad de precios y reactivar el sector agroindustrial.

La propuesta, impulsada por el Órgano Ejecutivo, plantea una transición gradual en la que, en una primera fase, el bioetanol sería importado mientras se desarrollan las capacidades productivas locales.

La iniciativa se concreta en el proyecto de ley 443, que modifica la Ley 42 de 2011 y establece una mezcla obligatoria del 10% de bioetanol anhidro en las gasolinas que se comercializan en el país.

El bioetanol anhidro es un alcohol sin contenido de agua, utilizado como aditivo para mejorar la combustión, reducir emisiones contaminantes y aumentar la eficiencia del motor.

Es el tipo de etanol más utilizado a nivel internacional para mezclas con gasolina, compatible con los estándares técnicos de la industria automotriz.

El debate tomó fuerza esta semana durante un foro celebrado en la Asamblea Nacional (el órgano del Estado donde los diputados debaten y aprueban las leyes en Panamá), organizado por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, como antesala a la discusión del proyecto en primer debate.

El presidente del Legislativo, Jorge Luis Herrera, afirmó que este órgano del Estado está dispuesto a “escuchar, evaluar, ajustar y construir juntos” una política energética sostenible y justa, subrayando que el impulso a los biocombustibles debe traducirse en empleo, inversión y desarrollo regional, sin afectar negativamente al consumidor final.

Herrera recordó que Panamá abrió la puerta a los biocombustibles hace más de una década, pero reconoció que ahora corresponde evaluar si esa visión se ha transformado en una política pública efectiva.

En ese sentido, planteó que el reto es aprovechar el potencial productivo del interior del país de manera ordenada y sostenible, con reglas claras y competencia transparente.

Desde el Ejecutivo y el sector técnico, la Secretaría Nacional de Energía ha defendido la viabilidad del proyecto. Paula Anabel Mesé, especialista en temas energéticos, explicó que el uso de una mezcla del 10% de etanol puede funcionar como un amortiguador de precios en escenarios de alzas internacionales del combustible, además de aportar beneficios ambientales.

Recordó que Panamá consume alrededor de 340 millones de litros de gasolina al año y que todo ese volumen es importado, lo que expone al país a la volatilidad externa.

Mesé sostuvo que el plan contempla una etapa inicial de importación del bioetanol, precisamente para dar tiempo a que los productores nacionales desarrollen la infraestructura necesaria.

Etanol nacional

Una vez que la producción local esté en capacidad de suplir la demanda, la ley establece que el etanol panameño tendrá prioridad sobre el importado, siempre que cumpla con los estándares de calidad y los requisitos técnicos exigidos.

El sector azucarero estima que la inversión inicial para poner en marcha la producción nacional de etanol rondaría los 500 millones de dólares.

De ese monto, cerca de 250 millones se destinarían a la adquisición de nuevas tierras para el cultivo de caña, y más de 120 millones a la construcción de destilerías, una infraestructura que actualmente no existe en el país. A esto se suma la inversión en maquinaria, logística y contratación de personal.

La Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá, ha explicado que Panamá necesitaría alrededor de 22 mil hectáreas adicionales de caña para cubrir el 10% de etanol que exige la ley, una superficie similar a la que hoy se dedica a la producción de azúcar.

Según sus proyecciones, en el primer año tras la aprobación de la norma se podrían sembrar entre 2,000 y 2,500 hectáreas, con un crecimiento progresivo en los años siguientes.

En el país operan actualmente cuatro ingenios azucareros: la Compañía Azucarera La Estrella (CALESA), la Central Azucarera La Victoria, el Ingenio Santa Rosa de Aguadulce y la Central Azucarera de Alanje.

Esta última pertenece a la familia del contralor general de la República, Anel Flores, un vínculo que ha generado cuestionamientos públicos sobre un posible conflicto de interés.

Flores ha reconocido su relación accionaria con el ingenio, pero ha negado cualquier irregularidad. Ha señalado que se desvinculó de la junta directiva antes de asumir el cargo y que la empresa es administrada por otros miembros de su familia.

Además, ha defendido que la prioridad al etanol nacional busca garantizar el retorno de inversiones privadas y no constituye un “negociado”, argumentando que más de 60 países ya utilizan mezclas de gasolina con etanol.

El debate legislativo también ha incorporado voces críticas. Representantes del sector automotriz han pedido una transición flexible y gradual, advirtiendo que Panamá cuenta con un parque vehicular “maduro”, con vehículos de distintas generaciones.

Algunos diputados han cuestionado la obligatoriedad de la mezcla y han planteado la necesidad de mayores salvaguardas para proteger a productores pequeños y medianos.

Desde la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, presidida por el diputado Ernesto Cedeño, se anunció que el próximo paso será escuchar a productores, empresarios y comunidades en el interior del país, antes de iniciar formalmente el primer debate, previsto para febrero.

El objetivo, según los organizadores, es enriquecer el proyecto y ajustar los puntos que generen mayor preocupación.

A nivel internacional, la producción de etanol sigue en expansión. En 2024 alcanzó cerca de 118 mil millones de litros, con Estados Unidos y Brasil como líderes del mercado. Brasil, por ejemplo, utiliza mezclas de hasta 30% de etanol en la gasolina.

Para Panamá, la apuesta es más conservadora, pero estratégica: iniciar con un 10%, importar en el corto plazo y construir, en el mediano plazo, una cadena productiva local que combine seguridad energética, desarrollo agrícola y reducción de emisiones.

El desenlace dependerá ahora del pulso político en la Asamblea y de la capacidad del Estado para equilibrar intereses económicos, técnicos y sociales en una reforma que podría redefinir el consumo de combustibles en el país.