El juicio por el caso Odebrecht en Panamá entró en receso hasta el 20 de enero y se reanudará el miércoles 21, a las 8:30 a.m., luego de que el tribunal atendiera la necesidad de que las partes revisen un nuevo bloque de documentación incorporada al expediente, en su mayoría bajo formato digital.
La pausa fue ordenada por la jueza Baloisa Marquínez tras concluir la presentación de pruebas extraordinarias del Ministerio Público, de acuerdo con reportes de la prensa local.
La medida se adoptó en el marco del cuarto día de audiencia, en una etapa todavía concentrada en la lectura del auto de llamamiento a juicio y en la introducción de elementos probatorios que no formaban parte del expediente original.
Tanto defensas como fiscalía han anunciado la intención de sustentar sus posiciones con documentación adicional, lo que elevó la discusión sobre tiempos y acceso efectivo al material, un punto recurrente en procesos complejos con evidencia procedente de múltiples jurisdicciones.
El caso Odebrecht es uno de los expedientes anticorrupción más extensos y sensibles del sistema judicial panameño.
En el proceso se juzga, en términos generales, la presunta comisión de delitos vinculados al blanqueo de capitales en perjuicio del Estado, asociados a pagos indebidos atribuidos a la constructora brasileña Odebrecht para asegurar contratos de obras públicas.
El juicio se instaló formalmente esta semana en el Palacio Gil Ponce, sede de audiencias del sistema penal, luego de años de investigaciones, incidentes y reprogramaciones.
En las primeras jornadas, la dinámica del tribunal se centró en la lectura del documento base del proceso, un auto de llamamiento a juicio de más de 400 páginas, además de la verificación de comparecencias y la definición del ritmo de trabajo: audiencias de lunes a jueves, con horarios extendidos y receso al mediodía.
La complejidad del expediente y la cantidad de imputados y defensas ha marcado el desarrollo de las sesiones, que han tenido interrupciones puntuales por solicitudes procesales.
La Fiscalía Especial Anticorrupción sostiene que cuenta con pruebas suficientes para sustentar la acusación, y ha venido explicando ante el tribunal el esquema financiero que, según su teoría del caso, permitió el flujo de fondos relacionados con sobornos y su posterior ocultamiento mediante estructuras societarias y movimientos bancarios.
Parte de esos elementos incluyen pruebas extraordinarias cuyo volumen y formato motivaron la necesidad de un receso para su análisis.
Al término del cuarto día de audiencia, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo ofreció declaraciones a medios de comunicación en las que detalló un dato clave del expediente: el Estado panameño ha recuperado más de $84 millones en el marco de este caso.
De ese monto, precisó, $70 millones corresponden a pagos realizados por la empresa Odebrecht como parte de la multa impuesta. El resto incluye recuperaciones derivadas de acuerdos de arreglo de pena con algunos de los imputados.
Morcillo explicó que, dentro de lo recuperado, alrededor de $10.3 millones fueron obtenidos a partir de esos acuerdos, un mecanismo procesal mediante el cual algunos señalados aceptan responsabilidad y pactan condiciones con el Ministerio Público, sujeto a validación judicial.
También indicó que la recuperación no se limita a dinero, sino que incluye bienes, y que durante la investigación se han localizado e incautado cuentas en el extranjero vinculadas a personas involucradas en el presunto cobro de sobornos atribuidos a la empresa brasileña.
En paralelo a esas cifras, el expediente ha estado atravesado por la discusión sobre el alcance de la cooperación internacional.
En el marco del contradictorio, el tribunal desistió de remitir una asistencia judicial para obtener declaraciones de testigos solicitados por las partes, y se plantearon obstáculos para la práctica de nuevas diligencias fuera del país.
En ese contexto, el material ya incorporado al proceso, incluidos testimonios existentes en el expediente, se perfila como base central de la fase probatoria.
Con el receso decretado hasta el 20 de enero, la reanudación prevista para el miércoles 21 marcará el retorno del tribunal a la discusión sobre pruebas extraordinarias y el avance hacia la organización de la fase de presentación, en la que el Ministerio Público y las defensas deberán sostener sus teorías del caso ante los jueces.
El calendario y los tiempos de intervención de cada parte serán determinantes para un proceso que, por su extensión y número de elementos probatorios, se anticipa como una de las audiencias más largas del sistema penal panameño en los últimos años.
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