El próximo salto de la Argentina: confianza, seguridad jurídica y previsibilidad

La Argentina atraviesa un cambio de etapa. Después de décadas en las que la emergencia condicionó demasiadas decisiones públicas y privadas, aparece una oportunidad: reemplazar la lógica de la incertidumbre por una cultura de previsibilidad.

Existen transformaciones económicas importantes en marcha. Algunas ya producen resultados y otras necesitarán tiempo para ser evaluadas. Pero aun si fueran exitosas, la transformación quedaría incompleta si no conseguimos convertir estabilidad en confianza y confianza en instituciones. El próximo salto debería permitir que una persona, una empresa o un inversor decida sin preguntarse permanentemente si las reglas esenciales cambiarán antes de que esas decisiones produzcan sus efectos.

La confianza necesita reglas

La seguridad jurídica no es un concepto reservado a abogados, jueces o grandes inversores. Quien firma un contrato necesita confiar en que será respetado; quien invierte, conocer las condiciones de su proyecto; y quien enfrenta un conflicto, contar con instituciones capaces de resolverlo en tiempos razonables.

Seguridad jurídica no significa inmovilizar las leyes. Los gobiernos tienen el derecho y la responsabilidad de impulsar el programa para el cual fueron elegidos. Significa que los cambios deben producirse mediante procedimientos previsibles, respetando derechos y permitiendo anticipar sus consecuencias. La previsibilidad no impide transformar: permite hacerlo sin destruir confianza.

Anticipar para decidir mejor

La Argentina desarrolló una enorme capacidad para reaccionar frente a las crisis, quizás porque atravesó demasiadas. El desafío ahora es desarrollar la misma capacidad para anticiparlas. Gobernar, dirigir una empresa, invertir o asociarse implica decidir bajo incertidumbre. Una decisión seria debe contemplar no sólo el objetivo que persigue, sino también los riesgos que puede generar.

Ahí existe un espacio central para el Derecho. Un abogado no debería ser convocado únicamente para explicar una decisión ya tomada o intervenir cuando el expediente ya existe. En los asuntos complejos, su mayor valor puede aparecer antes: identificar riesgos, construir escenarios y encontrar caminos jurídicamente sólidos para alcanzar un objetivo sin generar un problema mayor.

Esto es particularmente visible en el derecho penal contemporáneo. Una decisión empresarial, societaria, financiera o institucional puede adquirir consecuencias penales que nadie contempló al adoptarla. Prevenir no significa inmovilizar ni convertir cada decisión en un dictamen interminable. Significa mejorar su calidad. Muchas veces, el mejor conflicto no es el que se gana. Es el que nunca llegó a producirse.

La inteligencia artificial puede fortalecer esa tarea. Su capacidad para analizar información, detectar patrones y mejorar controles permite anticipar riesgos con herramientas que hasta hace pocos años no existían. Pero no altera una regla jurídica y humana básica: la tecnología puede asistir una decisión; la responsabilidad por sus consecuencias sigue siendo de las personas. El desafío no es reemplazar criterio por tecnología, sino utilizarla para decidir mejor.

Democracia, reglas y calidad institucional

La democracia necesita elecciones, alternancia y participación ciudadana. Lo que no necesita es vivir permanentemente en campaña. Por eso considero razonable avanzar hacia la eliminación definitiva de las PASO nacionales. Las fuerzas políticas deben resolver sus candidaturas mediante mecanismos democráticos y transparentes, sin trasladar necesariamente sus disputas internas al conjunto de la sociedad ni extender un calendario electoral que durante meses condiciona decisiones económicas, empresariales e institucionales.

El problema no es votar. La democracia necesita que los ciudadanos decidan quién gobierna. La seguridad jurídica necesita que, gane quien gane, determinadas reglas esenciales permanezcan.

En materia electoral ya se produjo una transformación relevante: la incorporación de la Boleta Única de Papel para las elecciones nacionales. Es un cambio que fortalece la autonomía del elector, concentra la oferta electoral en un instrumento oficial y reduce la dependencia de la distribución partidaria de boletas.

El paso siguiente debería ser que las jurisdicciones que todavía no cuentan con sistemas equivalentes evalúen avanzar en la misma dirección para sus elecciones provinciales y municipales, dentro de sus respectivas competencias. Puede contribuir a reducir intermediaciones innecesarias y oportunidades de condicionamiento, especialmente respecto de personas en situación de vulnerabilidad.

La libertad electoral no consiste solamente en poder votar. Exige que cada ciudadano pueda formar y expresar su decisión con autonomía, sin condicionamientos indebidos y con reglas claras. La calidad democrática no se mide por la cantidad de veces que una sociedad es convocada a las urnas, sino también por la libertad, transparencia y previsibilidad con la que decide.

El cumplimiento de los contratos, el respeto por la propiedad, la independencia judicial, la responsabilidad fiscal, las estadísticas confiables y los procedimientos institucionales previsibles tampoco deberían depender de una elección. Son parte de la infraestructura invisible sobre la cual se construye la confianza.

El próximo salto

La Argentina no necesita una sociedad sin conflictos. Necesita reglas que permitan anticiparlos, instituciones capaces de administrarlos y profesionales preparados para prevenirlos y resolverlos.

El próximo salto no consiste solamente en estabilizar la economía. Consiste en que quien trabaja pueda proyectar, quien emprende pueda decidir y quien invierte pueda hacerlo sin preguntarse cuándo volverán a cambiar las reglas. Eso es seguridad jurídica, pero también algo más sencillo de explicar y mucho más difícil de construir: confianza.

Después de tantos años administrando emergencias, llegó el momento de construir un país preparado para decidir, prevenir y resolver. Una Argentina previsible no será una Argentina sin conflictos. Será una Argentina en la que cada conflicto no obligue a empezar de nuevo.