
El mundo moderno plantea cuestiones contradictorias. Parece ser que los millones de muertos por guerras, terremotos, hambre y enfermedades prevenibles, no son suficientes. Ahora en nuestro país avanza la tentativa de un nuevo menoscabo a la dignidad humana. El hombre se vuelve a tropezar con la misma piedra del individualismo y de la primacía de la cultura de la muerte: a medida que pasa el tiempo se va convirtiendo en su propio verdugo. Y para colmo de males, lo hace en nombre de la supuesta promoción de “nuevos derechos”.
En los últimos años se han venido presentando varios proyectos de ley sobre eutanasia que eventualmente podrían ser tratados en el Congreso. Entre ellos, los firmados por Miguel A. Pichetto, Carolina Gaillard y otros, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, Julio Cobos, Esteban Paulón, etc. En líneas generales, proponen consentir la eutanasia a personas mayores de 18 años, con padecimientos graves, incurables o crónicos intolerables; distinguen entre la eutanasia (administración directa de una sustancia letal proporcionada por un médico) y el suicidio o muerte asistida (autoadministración bajo prescripción médica).
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Etimológicamente, la palabra eutanasia significaba en la antigüedad una muerte dulce, sin sufrimientos. Hoy se utiliza como “causar la muerte por piedad”, con el fin de eliminar los sufrimientos, o evitar a niños considerados subnormales, o la prolongación de una vida desdichada incurable.
Frente a ello, la sana doctrina enseña que se debe respetar la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural. Los fundamentos del orden social disponen que nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante.
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¿Tiene el hombre capacidad para resolver la vida de otro semejante? A modo de ejemplo, somos testigos que la pena capital prácticamente no se aplica en el mundo occidental, si bien se trataría de la muerte de un culpable sentenciado en juicio. Ahora bien, en nuestro país está legalizado el aborto, crimen que con la intervención del Estado provoca la muerte de un inocente dentro del vientre de su madre. Semejante acción constituye el suicidio, al ser un rechazo del amor por uno mismo, una negación de la natural aspiración a la vida, una afrenta al prójimo y a la sociedad. Tanto el aborto, como la eutanasia y el suicidio, son gravísimas violaciones a la ley divina, una ofensa a la dignidad de la persona humana y, por ende, constituyen un crimen contra la vida y un atentado contra la humanidad.
La eutanasia y/o el suicidio o muerte asistida, no son una solución al problema de enfrentar la muerte, sino más bien el desenlace de un crimen asistido. Es cierto que existen circunstancias y situaciones donde los que padecen una enfermedad sin solución médica, sin posibilidad cierta de curarse, sufriendo una dolencia terminal, se encuentran en la dicotomía de su conciencia en qué hacer al respecto. Ya existe la Ley 26.742, conocida como ley de muerte digna, que, si bien excede el ámbito del respeto a la vida humana, es una alternativa no tan gravosa, al proponer el renunciamiento a tratamientos que procurarían una prolongación precaria y penosa de la existencia, más allá de lo previsible.
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En cambio, someter a nuestra sociedad –bajo el amparo de una ley y el sostenimiento económico de toda la comunidad– a la eutanasia homicida y a la eutanasia suicida, es incorporar un nuevo eslabón a la primacía de la cultura de la muerte. Es trastocar todos los valores éticos y morales en los que se cimienta una Nación. Y cuando una Nación no distingue el crimen de la virtud, camina hacia su propia destrucción.
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