El caso Agostina y la construcción de un sistema que merezca ser creído

El caso Agostina debería obligarnos a hacer algo que como sociedad solemos evitar: detenernos a reflexionar. No sobre un expediente en particular, ni sobre una persona determinada, sino sobre qué clase de sistema queremos construir y cuál es la responsabilidad que nos corresponde a cada uno para hacerlo posible.

Durante años, movimientos como Ni Una Menos y expresiones como “Hermana, yo te creo” surgieron para enfrentar una realidad que durante décadas fue ignorada: mujeres que sufrían violencia, abusos sexuales o situaciones de sometimiento y que encontraban enormes obstáculos para denunciar, ser escuchadas y obtener una respuesta estatal adecuada. Esas consignas permitieron visibilizar problemas estructurales y generaron avances que sería injusto desconocer.

El caso Agostina interpela especialmente porque expone una cadena de responsabilidades que trasciende a una persona o a un expediente. Detrás de cada hecho de violencia extrema suele haber señales previas, antecedentes, intervenciones estatales insuficientes o decisiones que, vistas en retrospectiva, aparecen como oportunidades perdidas. Y cuando una tragedia ocurre, la reacción habitual consiste en buscar un único responsable. Sin embargo, la realidad suele ser más compleja.

Lo que este caso parece mostrar es que el desafío no consiste únicamente en reaccionar cuando la violencia ya se consumó, sino en desarrollar instituciones capaces de detectar los riesgos antes de que sea demasiado tarde. Porque cuando el Estado, la Justicia, los organismos de protección o el entorno social fallan en identificar situaciones verdaderamente peligrosas, las consecuencias pueden ser irreversibles.

Precisamente por eso resulta indispensable que el sistema conserve su capacidad de distinguir, investigar y priorizar adecuadamente. Cada recurso humano, económico e institucional destinado a intervenir en conflictos que no son reales es un recurso que deja de estar disponible para proteger a quienes efectivamente se encuentran en riesgo. Y cuando eso ocurre, las principales perjudicadas vuelven a ser las verdaderas víctimas de violencia de género.

El feminismo nunca tuvo como objetivo reemplazar la búsqueda de la verdad por consignas. Por el contrario, nació para visibilizar verdades que durante demasiado tiempo fueron ignoradas. Por eso, defender la importancia de las denuncias verdaderas, exigir investigaciones rigurosas y reclamar respuestas estatales eficaces no constituye una renuncia a las conquistas alcanzadas; constituye la mejor manera de preservarlas.

La consolidación de esos avances exige una reflexión adicional. Si verdaderamente queremos que las víctimas sean escuchadas y protegidas, debemos trabajar para que la confianza social en el sistema de denuncias sea cada vez mayor. Y para que esa confianza exista, el objetivo debe ser que las denuncias que llegan a la justicia sean ciertas y puedan ser acreditadas mediante investigaciones serias, rigurosas y responsables.

Por eso, el debate sobre las denuncias falsas no debería ser utilizado para desacreditar a las mujeres ni para relativizar la violencia de género. Tampoco debería ser apropiado por quienes pretenden instalar la idea de que las víctimas mienten sistemáticamente. El verdadero problema es otro: cada denuncia falsa, cada utilización indebida del sistema penal, cada acusación impulsada con finalidades ajenas a la búsqueda de justicia, erosiona la confianza pública y termina perjudicando precisamente a quienes más necesitan ser escuchadas.

La discusión no debería plantearse como una elección entre “Hermana, yo te creo”, “Ni Una Menos” y “No más falsas denuncias”. Por el contrario. Una sociedad madura debería aspirar a que esas tres ideas convivan, se complementen y se fortalezcan mutuamente.

Porque creer y escuchar a quien denuncia es indispensable para que las víctimas puedan hablar. Combatir las falsas denuncias es indispensable para preservar la credibilidad del sistema. Y sostener la lucha contra la violencia de género es indispensable para evitar que miles de mujeres continúen siendo víctimas de agresiones, abusos y femicidios.

Lejos de ser consignas incompatibles, deberían formar parte de una misma construcción colectiva. Cuanto más confiable sea el sistema, más protegidas estarán las víctimas reales. Y cuanto más protegidas estén las víctimas reales, más legitimidad tendrán las herramientas creadas para defenderlas.

También es necesario reconocer que, en algunos casos, las denuncias falsas o infundadas han generado un daño significativo. Aunque representan una minoría y no explican por sí solas los problemas actuales, no puede ignorarse que estas situaciones han contribuido a erosionar la confianza pública y, en cierta medida, han terminado perjudicando a las propias mujeres y a las víctimas reales. Cuando una denuncia se utiliza de manera indebida, el impacto trasciende el caso concreto: alimenta prejuicios, fortalece discursos que desacreditan a quienes sí sufrieron violencia y dificulta que otras personas sean escuchadas cuando necesitan acudir a la justicia.

Como abogada penalista, me ha ocurrido en más de una oportunidad que me ofrecieran dinero para impulsar querellas por supuestos abusos sexuales respecto de situaciones que no eran ciertas y que perseguían finalidades completamente ajenas a la búsqueda de justicia. Siempre me negué. No sólo por una cuestión ética o profesional, sino porque creo profundamente en las conquistas alcanzadas por el movimiento de mujeres. Y precisamente porque creo en ellas entiendo que deben ser protegidas de quienes intentan utilizarlas de manera oportunista.

El compromiso con las víctimas exige seriedad. Exige investigaciones responsables. Exige jueces imparciales, fiscales comprometidos, defensores preparados y políticas públicas eficaces. Pero también exige honestidad intelectual para reconocer errores cuando ocurren y corregir aquello que no funciona.

Pero sería un error pensar que la responsabilidad recae únicamente sobre quienes intervienen en una causa judicial. El problema es mucho más amplio. La responsabilidad también es del Estado cuando suscribe tratados internacionales de protección de derechos humanos y luego incumple las obligaciones asumidas. Es de los legisladores cuando producen normas simbólicas que generan titulares pero no soluciones reales. Es de los jueces cuando abandonan la imparcialidad. Es de los funcionarios encargados de diseñar políticas públicas. Es de las fuerzas de seguridad. Es de los medios de comunicación. Y también es de quienes educan.

Las transformaciones profundas no nacen en los tribunales. Comienzan en las aulas, en las familias, en los espacios de trabajo y en la forma en que enseñamos a convivir con el otro. La prevención siempre será más eficaz que cualquier condena.

Quizás la principal enseñanza que deja el caso Agostina sea precisamente esa: que la lucha contra la violencia de género, la necesidad de escuchar a las víctimas y la obligación de evitar las denuncias falsas no son objetivos enfrentados. Son partes de una misma tarea.

Una tarea que busca construir un sistema más creíble, más justo y más humano. Un sistema que pueda detectar a tiempo a quienes representan un peligro real. Un sistema que proteja a las víctimas antes de que sea tarde. Un sistema que investigue con seriedad, que actúe con responsabilidad y que no pierda nunca de vista la búsqueda de la verdad.

Porque cuando la verdad importa, ganan las víctimas reales. Y cuando ganan las víctimas reales, gana toda la sociedad.