A 11 años del Ni Una Menos: por qué el sistema sigue sin proteger a las mujeres en Argentina

Mientras Argentina se apresta para conmemorar once años del Ni Una Menos, aparece el cuerpo de Agostina Vega en un descampado de Córdoba. Tenía 14 años. El sistema no la protegió.

El 3 de junio de 2015, más de 300.000 personas coparon las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires. El grito era uno solo: paren de matarnos. Era invierno, era urgente, era inédito. Ese día, algo se rompió, o, mejor dicho, algo se nombró por primera vez con esa fuerza colectiva: matar mujeres no es un drama privado, sino un problema político.

Once años después, volvemos a salir. Y la pregunta que hoy no puedo eludir es: ¿por qué un sistema que recibe el mismo mensaje durante once años no cambia?

No es ingenuidad preguntárselo. Es Psicología Política.

Gregory Bateson, sistémico, lo formula de un modo que no deja escapatoria: un sistema que no procesa el feedback de su entorno no es un sistema que falla, es un sistema que eligió cerrarse. La información entra, el sistema la expulsa, el circuito se repite.

Aplicado este concepto a la violencia de género en la Argentina de hoy, la conclusión es imposible de “caretearla”: no estamos ante un Estado que no sabe, estamos ante un Estado que sabe y decide no actuar o, lo que es peor aún, actúa en sentido contrario.

Javier Milei no cerró el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad por razones presupuestarias. Lo dijo él mismo en agosto de 2024, con orgullo: lo llamó “siniestro”, dijo que era una “herramienta de persecución ideológica”. No es negligencia. Es programa. Es la decisión política de sacar del Estado la responsabilidad de interrumpir un circuito de violencia que lleva décadas matando mujeres.

Cuando el Estado nombra “enemigo” lo que debería proteger, el daño deja de ser colateral y se vuelve deliberado.

Ignacio Martín-Baró, psicólogo salvadoreño asesinado por decir verdades que incomodaban al poder, nos enseñó que el daño psicosocial más profundo no lo produce el agresor individual, sino la institución que lo habilita. El trauma no es solo personal, es político.

Para Martín-Baró, una sociedad que normaliza la violencia contra las mujeres no está enferma por accidente, está organizada para tolerar esa violencia. Y, desmantelar las instituciones que interrumpen ese circuito no es reforma del Estado: es violencia institucional.

Dora Barrancos, quien lleva décadas cartografiando la historia del feminismo argentino, insiste en algo que conviene no olvidar en este aniversario: los derechos de las mujeres en este país no cayeron del cielo ni los otorgó ningún gobierno generoso. Fueron arrancados. Con organización, con cuerpo en la calle, con la acumulación paciente y furiosa de generaciones.

El “Ni Una Menos” no fue un estallido espontáneo, fue la expresión visible de un tejido social que venía tejiéndose en silencio desde mucho antes.

Por eso, once años no son derrota, son evidencia de que ese tejido resiste.

Pero resistir no alcanza si no nombramos una y otra vez lo que está pasando. Hoy, las mujeres víctimas de violencia de género en Argentina encuentran menos recursos, menos acompañamiento, menos Estado. Las políticas de protección fueron desarticuladas por convicción ideológica, no por ajuste. Y frente a eso, el grito del 3 de junio no puede ser solo conmemoración, tiene que ser diagnóstico.

Un sistema que llama “siniestro” a la protección no se reforma con buenas intenciones. Se transforma con consciencia crítica, con organización, con la decisión colectiva de no normalizar lo intolerable.

Once años gritando lo mismo no habla de nuestra debilidad. Habla de la magnitud de lo que enfrentamos. Y también de que seguimos en pie.