Reforma laboral: anatomía de un nuevo paradigma

En el mes de febrero de 2026 se intensificará el debate en torno a la fisonomía que adquirirá la reforma laboral más ambiciosa de los últimos cincuenta años, propiciando diversas soluciones a las innumerables disfunciones del sistema de relaciones del trabajo. El insumo utilizado como punto de partida de esta “Modernización Laboral” partió de un acertado diagnóstico, nacido a partir del extenso y profundo debate acerca de las necesidades de adaptación de un régimen laboral obsoleto, y para ello las mesas de trabajo del Pacto de Mayo fueron un espacio de debate e identificación de consensos que le asignan mayor potencia a sus contenidos, alejando los nubarrones de una posible judicialización.

Desde ya que aparecen otros aspectos ajenos al sistema de relaciones del trabajo y que se vinculan con materias impositivas y fiscales que exceden estas consideraciones acerca de una posible y nueva anatomía que encarna un cambio de paradigma del mercado de trabajo como el que se propicia. Por lo pronto, se regulan condiciones generales para “trabajadores sin empleador”, fenómeno novedoso para un sistema binario donde solo se admite poner el interés en el trabajo formal en relación de dependencia, categorización que se ha reducido a una mínima expresión, representando hoy y desde hace más de diez años apenas un 25% de la población económicamente activa.

El trabajador de plataformas ya es regulado en diversas legislaciones de los países vecinos, recién ahora Argentina parece que se anima a hacerlo después de insinuaciones y tibios intentos de tutela que no hicieron otra cosa que condenar a la máxima desprotección a uno de los sectores más dinámicos en la generación de empleo desde la pandemia para acá. Pero es bueno decir que esta reforma, aunque sus detractores lo oculten por restricciones ideológicas, intereses sectoriales o simple pereza intelectual no cuenten con la determinación y energía para hacerlo, trae noticias alentadoras para los actuales trabajadores y no solo para los que aspiran a ser registrados e incluso contratados cuando los motores de la economía se reactiven de un modo más homogéneo.

Se incorpora un derecho fundamental en la Ley de Contrato de Trabajo -LCT-: la garantía de condiciones igualitarias de acceso y trato para la promoción profesional y la formación en el trabajo. Ese “techo de cristal” que limita el desarrollo y crecimiento laboral de las mujeres frente a los hombres encontrará a partir de esta iniciativa un modo legal de combatirlo. Se abren debates interesados y hasta boicoteadores en torno a la posibilidad de convenir el goce de las vacaciones y los francos compensatorios en distintas épocas del año, pero parecería que nadie se detiene a analizar que, en la actualidad, las vacaciones que no se gozan en tiempo y forma, al igual que los francos, caducan por su falta de usufructo en plazos temporales mucho más restringidos que las que operarán cuando un trabajador pueda garantizarse su usufructo sin depender de la buena voluntad de su empleador.

Este proyecto de ley tiene la empatía de atender la vulnerabilidad de los familiares -derechohabientes- del trabajador o trabajadora fallecido, diseñando un mecanismo de pago rápido, eficaz y más amplio de la indemnización por fallecimiento, en tiempos donde hay empleadores que por temor a pagar mal exigen la declaratoria de herederos con carácter previo, o incluso pagan en consignación judicial al tener dudas respecto de a quién pagarle, ya que existen criterios jurisprudenciales diversos en cada jurisdicción. Ello se termina, se deberá cancelar la indemnización dentro de los 30 días y se deja en claro la nómina completa de familiares con derecho a cobro, aportando así un gesto de compasión ante el dolor y la necesidad ocasionados por la pérdida, minucias tal vez para quienes están obsesionados para que nada cambie.

Entre las inequidades que se corrigen, se habilita la posibilidad de que aquel trabajador que suscriba un acuerdo extintivo no se vea privado del subsidio por desempleo, como ocurre hoy, pese a haber ingresado todos los aportes y el empleador las contribuciones. Los créditos alimentarios que cada trabajador reclame judicialmente no admitirán esperas de cinco años como las que en promedio hoy representa la espera de una sentencia judicial, limitando a la vez el costo de intermediación que hace que dicho trabajador reciba aproximadamente el 55% de aquello que la Justicia ha considerado que le corresponde.

Aparecen otras ventajas que evidentemente no resulta conveniente visibilizarlas cuando se busca estigmatizar propuestas que representan un cambio profundo en las reglas del mundo del trabajo. Desde ya que aparecen algunos excesos e inconsistencias que sería esperable que el debate parlamentario corrija, ofreciendo soluciones que le aporten sustentabilidad al marco que se impulsa. Seguramente, los conversatorios, el intercambio amplio y un debate más honesto que interesado hagan su aporte durante los próximos días.