La enfermedad de los argentinos hoy no se puede pagar

Hay una verdad incómoda que el sistema de salud argentino evita decir en voz alta, pero que ya resulta imposible de disimular: la enfermedad de los argentinos hoy no se puede pagar.

No se puede pagar con los mecanismos actuales. No se puede pagar con los valores vigentes. Y no se puede pagar sosteniendo el relato de que el problema es de gestión, de eficiencia o de vocación. El problema es más profundo: el modelo de financiamiento de la salud está agotado.

Durante años se sostuvo un relato funcional. Que el sistema era solidario. Que con esfuerzo y creatividad todo se resolvía. Que siempre había alguien que absorbía el costo. Ese alguien fue —y siguen siendo— las clínicas, los sanatorios y los profesionales que sostienen la atención cotidiana, acumulando atrasos, resignando inversiones y operando en condiciones cada vez más frágiles. Y la gran mayoría “amparados” en una emergencia sanitaria del año 2002 que acumula deudas previsionales e impositivas multimillonarias e impagables.

Los costos reales de la atención médica crecen de manera estructural. La tecnología, los medicamentos, los descartables, la complejidad de los tratamientos y la formación profesional avanzan, como corresponde en una medicina moderna. Pero los ingresos no acompañan. El financiamiento quedó congelado en una lógica que ya no existe.

El resultado es un sistema que funciona por inercia y por sacrificio. Atrasos crónicos en los pagos, incumplimientos normalizados, endeudamiento silencioso, deterioro progresivo de infraestructura y una presión creciente sobre quienes trabajan y gestionan en el sector. No es una crisis ruidosa, pero es una crisis profunda.

La paradoja es evidente: el sistema sigue funcionando, no porque sea sostenible, sino porque se lo está llevando al límite. Y ese límite existe. Cada clínica que se debilita, cada sanatorio que deja de invertir, cada profesional que se agota o se va, es capacidad sanitaria que se pierde.

En la Argentina, el sector privado de la salud ha absorbido durante años una porción creciente de la demanda asistencial, incluso supliendo déficits estructurales del sistema público. Si las clínicas y sanatorios se debilitan o cierran, el sistema en su conjunto no tiene hoy capacidad de absorción suficiente para reemplazarlos, como quedó en evidencia durante la pandemia.

La discusión pendiente no es ideológica ni técnica: es política y cultural. Cómo se financia la enfermedad en una sociedad que envejece, se medicaliza y exige cada vez más calidad. Negar el costo real de la salud es empujar al sistema a un colapso silencioso, cuyas consecuencias terminan pagando siempre los pacientes.

Llegó el momento en que nuestros diputados y senadores se pongan al frente del problema. Son ellos quienes representan a la población, a millones de empleos del sector salud, a miles de dueños y directores de clínicas y sanatorios de todo el país. Además, se atienden allí.

Hablar de números en salud no es deshumanizar. Es, por el contrario, la única forma responsable de proteger la atención y sostenerla en el tiempo.