Causa Cuadernos: el juicio que pondrá a prueba al “arrepentido”

En pocos días comenzará uno de los juicios más emblemáticos de la historia judicial argentina: el debate oral por la Causa Cuadernos. No solo se trata de un expediente colosal en términos de número de imputados, pruebas y trascendencia política; se trata, sobre todo, de un proceso que pondrá en juego la legitimidad de una figura jurídica que ha modificado la estructura misma del proceso penal contemporáneo: la del imputado arrepentido.

La causa, originada en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, derivó en una investigación sobre una supuesta red de pagos ilegales de empresarios a funcionarios públicos vinculados con la obra pública. Durante la etapa de instrucción, decenas de empresarios y exfuncionarios se acogieron al régimen del arrepentido, previsto en la Ley 27.304, que permite atenuar la pena a quien confiese su participación y aporte información útil para esclarecer el hecho.

En el banquillo estarán, entre otros, Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, y una larga lista de los principales empresarios de la obra pública nacional, como Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra y Benito Roggio. Esa circunstancia multiplica el desafío para el sistema judicial argentino: no se trata de imputados comunes, sino de figuras con poder político, económico y simbólico suficiente como para influir —directa o indirectamente— en el desarrollo y la percepción de la causa.

Si lo recabado con la figura del arrepentido logra sostenerse legítimamente frente a quienes históricamente han sido los más fuertes ante la Justicia, entonces habrá superado su verdadera prueba de fuego y se consolidará como una herramienta legítima para combatir estructuras de poder enquistadas.

Desde el punto de vista jurídico, el juicio que ahora comienza tendrá un valor institucional excepcional. Por primera vez, un tribunal oral decidirá y ello llevará, de manera indirecta, a que determine si las declaraciones de los arrepentidos fueron ciertas o si detrás de cada una de ellas operó algún tipo de presión, influencia o guion ajeno a la verdad material. En otras palabras, si lo que se confesó responde a la realidad, a la presión o a un mecanismo de supervivencia dentro del expediente.

Esta cuestión excede el caso concreto: la sentencia de esta causa podría revalidar o desacreditar definitivamente la figura del arrepentido como herramienta válida dentro de un proceso penal respetuoso del Estado de Derecho.

El problema central radica en el límite entre la cooperación y la coacción. El derecho penal argentino, de raíz garantista, prohíbe cualquier forma de autoincriminación forzada. Si un imputado declara bajo presión —sea mediática, judicial, por temor a la prisión preventiva, etc.— su testimonio pierde legitimidad jurídica. En este sentido, el juicio de los Cuadernos será una prueba de fuego: ¿las confesiones fueron actos libres y veraces, o el resultado de un sistema que premió las presiones más oscuras?

Desde una perspectiva teórica, la figura del arrepentido plantea un dilema clásico entre eficacia y garantías. Permite avanzar en investigaciones complejas —corrupción, narcotráfico, crimen organizado—, pero tensiona los principios básicos del debido proceso. El desafío del derecho penal moderno no es solo castigar eficazmente, sino hacerlo dentro de los límites del respeto a la persona humana.

La validez o falsedad de las declaraciones de los arrepentidos impactará de lleno en la credibilidad de la causa y, más ampliamente, en la confianza ciudadana en la justicia penal —que, de por cierto, es cada vez menor—. Si el tribunal logra demostrar que la cooperación fue contundente y esclarecedora, el juicio fortalecerá un instrumento útil para desarticular redes criminales. Pero si se acredita que hubo manipulación o presión, el efecto será el contrario: la figura quedará desacreditada y el sistema, herido de ilegitimidad. ¿Cuántos arrepentidos dijeron la fiel verdad? ¿Cuántos fueron manipulados o presionados?

En definitiva, el juicio de la Causa Cuadernos no juzgará solo a los imputados: juzgará al propio sistema penal argentino. Determinará si somos capaces de investigar la corrupción sin degradar las garantías que sostienen la justicia y de utilizar herramientas modernas. Porque un proceso penal no puede aspirar a la verdad sacrificando la libertad. Y porque la legitimidad de un fallo no se mide solo por su resultado, sino por la pureza del camino que conduce a él.