La educación en la era menemista

En estos días, se estrenó Menem, la biopic del expresidente argentino, por momentos caricaturesca, que recorre la vida política y personal del exmandatario y relata la historia de los años 90 en nuestro país. Más allá de los sesgos ideológicos o personales que podría implicar su análisis, la serie refleja claramente el desmantelamiento del Estado en distintas áreas.

Si hacemos un rastreo histórico, a partir de la primera ley de educación, en 1884, a fines del siglo XIX, el sistema educativo tenía como gran objetivo homogeneizar.

Finalizar la escuela implicaba insertarse en la sociedad, ser parte de una cohesión social y cultural. Sin embargo, a partir de los años 90, dejó de ser ese espacio para el acceso democrático de los bienes culturales.

En diciembre de 1991, la Ley de transferencia de escuelas facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica. Implicó el traspaso de Institutos terciarios, escuelas Normal y Nacional, pero no solo eso, se cerraron cursos y carreras a partir de su implementación, en marzo del año 92.

Ese intento de descentralización educativa no fue más que una desconcentración económica, es decir, “sacarse de encima” a las escuelas, ya que permaneció una fuerte centralización en contenidos y en evaluación de las instituciones sin hacerse cargo de la inversión que significa. Se legitimó una lógica economicista con una adopción acrítica de las recomendaciones de organismos internacionales, lo cual produjo un fuerte deterioro en la remuneración docente y solo se ocupó de equipamiento de algunos programas focalizados.

Asimismo, en el año 93, se promulgó la Ley Federal de Educación, la cual cambió la estructura del sistema y llevó de 7 a 10 años la obligatoriedad escolar. Hasta ese momento era obligatoria la escuela primaria de siete años, de primero a séptimo grado y, a partir de la Ley de primero a noveno año, sumado el nivel inicial (sala de 5).

Si bien se podría calificar como positiva la suma de años de obligatoriedad escolar, muchos niños se desgranaron del sistema porque los edificios de las escuelas públicas más pobres no estaban adaptados para recibir el tercer ciclo de la Educación General Básica, conocida como EGB. La crítica incrementa si evaluamos la organización curricular y el funcionamiento del Polimodal.

A su vez, en 1995, se promulgó la Ley de Educación Superior, que reconoce la educación superior como un derecho humano y un bien público, responsabilizando al Estado nacional, las provincias y a CABA a garantizarlo. Establece la clasificación entre educación superior universitaria y no universitaria, donde los institutos de formación docente, dependientes de las provincias, se quedaron con la función de formar futuros profesores eficaces disciplinados y que respondieran al sistema y, por otro lado, las universidades nacionales con el objetivo de formar profesionales creativos con juicio crítico y que aporten al desarrollo del conocimiento. Esto último conformó una dicotomía polémica. Dicha ley también habilitó aranceles universitarios, aunque pocas universidades lo implementaron, y la creación de la CONEAU. En esos años se crearon nuevas universidades, tales como las de San Martín, Quilmes, Sarmiento, La Rioja, Tres de febrero, entre otras.

La crisis económica que atravesaba la época fue crucial y aprovecharon para descentralizar el gasto y centralizar los ingresos, provocando una polarización con la exclusión de sectores sociales.

Es decir, en la era menemista, el Ministerio de Educación nacional se quedó libre de responsabilidades directas por sobre el sistema educativo, aunque con todos los recursos nacionales e internacionales, y le quitaron a la escuela el rol de ser un espacio para el acceso a los bienes culturales a todos los ciudadanos, más allá del sector social al que se pertenece.

Se diseñaron propuestas deshilvanadas que aún hoy no han permitido remendar el tejido social.