La Argentina necesita volver a ser un país normal. Una economía donde se respeten las reglas de juego, donde las decisiones empresariales se basen en fundamentos técnicos y no en atajos financieros, y donde el crecimiento de los sectores productivos no se vea limitado por la carga impositiva o la inestabilidad normativa.
El sector asegurador no es ajeno a esta realidad. Al contrario: la alta inflación de los últimos años nos obligó a operar en condiciones extremadamente complejas, que distorsionaron las tarifas, desincentivaron la competencia genuina y afectaron la ecuación técnica que sostiene nuestro negocio. La reciente desaceleración inflacionaria —aunque aun lejos de niveles razonables— representa una oportunidad para reordenar la actividad y recuperar criterios técnicos sólidos.
Esto implica poner el foco en la eficiencia, la innovación, la tecnología, la calidad de servicio y, especialmente, en el equilibrio entre la prima y el riesgo. Compañías que durante años invirtieron en estos aspectos hoy muestran una mejor posición para afrontar este nuevo ciclo. Otras, que apostaron exclusivamente a los rendimientos financieros como sostén de su rentabilidad, atraviesan un momento mucho más desafiante.
Compañías que durante años invirtieron en estos aspectos hoy muestran una mejor posición para afrontar este nuevo ciclo
En este contexto de cambio, emerge con fuerza un tema que históricamente ha sido una pesada carga para el sector: la presión impositiva específica que recae sobre la actividad aseguradora. A los múltiples tributos distorsivos que afectan a todas las empresas argentinas, se suman otros que castigan particularmente a nuestro rubro. El más notorio es el IVA sobre los seguros, una carga que no existe en la mayoría de los países del mundo y que encarece artificialmente el costo del servicio para millones de personas y empresas.
Pero no es el único. La tasa bomberil, la de seguridad vial, combate al fuego y la de Superintendencia de Seguros de la Nación, ingresos brutos provinciales, las tasas locales de aplicación dispar, entre otros, configuran un escenario fiscal que atenta contra la expansión del mercado. Esta situación no solo encarece los productos y reduce la competitividad, sino que además restringe el acceso al seguro a segmentos vulnerables que más lo necesitan.
No hay desarrollo posible sin protección. Un país con bajo nivel de aseguramiento es un país más expuesto, menos resiliente ante las crisis, con menos capacidad de atraer inversiones y menos herramientas para acompañar a sus ciudadanos en momentos difíciles.
A los múltiples tributos distorsivos que afectan a todas las empresas argentinas, se suman otros que castigan particularmente a nuestro rubro. El más notorio es el IVA sobre los seguros
El camino hacia una Argentina más previsible exige un mercado asegurador fuerte, técnicamente sano y alineado con las mejores prácticas internacionales. Para eso, además de empresas comprometidas con la eficiencia, la transparencia y la innovación, necesitamos un entorno regulatorio y fiscal que no penalice a quienes hacen las cosas bien.
La baja de la inflación, si logra consolidarse, nos pondrá frente a un nuevo escenario de competencia real. Y ahí es donde el seguro argentino deberá demostrar su madurez: tarifas adecuadas, control de costos, procesos eficientes y respeto irrestricto de las reglas técnicas. Pero también será el momento de exigir con firmeza un rediseño del sistema impositivo que permita liberar el potencial de una industria que, con las condiciones adecuadas, puede ser motor de desarrollo económico y social.
El autor es presidente de ADEAA (Asociación de Aseguradores Argentinos)
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