Punta del Este: Vacaciones e inversiones

La mejor temporada de los últimos años. Así se refieren los históricos de Punta del Este a este verano 2025, que, efectivamente, tiene una cantidad de visitantes récord, la mayor parte provenientes de la Argentina, quienes, con la coyuntura cambiaria a favor, disfrutan de la ciudad más exclusiva, aristocrática y sofisticada de la costa atlántica.

Los últimos números conocidos al escribir estas líneas, promediando enero, indican que los argentinos lideran la lista de ingresos al país con más de 500.000 registros según datos de la Dirección Nacional de Migración, seguidos de uruguayos no residentes y brasileños. Y también americanos. Las autoridades estiman que, en total, llegarán un 20% más de turistas de este lado del Río de la Plata respecto del año pasado.

A la belleza de su costa dibujada, casi cincelada, la joya uruguaya suma estilo a sus atractivos y a su condición de clásica; sea a través de la más vanguardista oferta arquitectónica, sea por medio del más variado portfolio de servicios, como su diversificada y cosmopolita propuesta gastronómica. Por si esto fuera poco, se ha convertido en un reducto artístico de la región.

Así, seductora por donde se la mire, Punta del Este registra, de hecho, cada vez más residentes permanentes, lo que ha traído aparejado de un tiempo a esta parte el desembarco de escuelas primarias y secundarias. El fenómeno se registra desde la pandemia y redunda en que la ciudad tenga cada vez más habitantes.

Este es el marco en el que se desarrolla el mercado inmobiliario de Punta del Este, donde, puntualmente, hay toda una novedad: la aparición de inversiones y desarrollos comprendidos por la Ley de Vivienda Promovida, proyectos que con exactitud se encuentran en Pinares, Maldonado Centro, Roosevelt y Mansa.

Bajo el régimen de Vivienda Promovida uruguaya se compraron más de 2.000 inmuebles en la última década. Es importante saber que esta ley no aplica solo para comprar una primera vivienda sino también comprende a las propiedades destinadas a inversión. Por cierto, hoy se calcula que la rentabilidad que se obtiene de un alquiler en Uruguay es de entre el 4.5 y 6% anual en dólares.

Si sintonizamos la presente temporada con lo que sucede en el mercado inmobiliario local hay un punto para resaltar: durante este verano se están cerrando alquileres anuales, lo que era infrecuente en temporada. Y un número que cierra todo lo expuesto: 10% de la población permanente de Maldonado es argentina.

Cuando el tema es la inmigración, en líneas generales, Uruguay ofrece beneficios fiscales y un régimen tributario que se basa en el principio de la fuente. Dicho de otro modo, el país ha adoptado el principio de territorialidad para su régimen tributario. Esto significa que solo se gravan los ingresos de fuente uruguaya, independientemente de la nacionalidad, el domicilio o la residencia de quienes son parte de las transacciones y siempre que se desarrollen dentro del país.

Para los aspirantes -personas físicas- a obtener la residencia fiscal uruguaya, una política impulsada explícitamente por el presidente saliente Luis Lacalle Pou, se basó en rebajar la inversión mínima necesaria para clasificar, que pasó de USD 2 millones aproximadamente a USD 500.000, a valores actualizados, a la vez que se redujo la estadía mínima requerida, de 180 a 60 días.

Asimismo, las personas físicas residentes en Uruguay están sujetas al pago de impuesto a la renta, a la tasa del 12% sobre los rendimientos de capital mobiliario del exterior -repetimos, capital mobiliario-, es decir, depósitos, préstamos y en general de toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza.

No obstante, los extranjeros que accedan a la residencia fiscal uruguaya pueden optar por no pagar ese impuesto durante el año civil en que se convierten en residentes y durante los 10 siguientes. Esto se llama tax holiday.

Ahora, la elección del destino de inversión dependerá exclusivamente de la voluntad del inversor. Montevideo, Colonia, Carmelo y, ahora, Punta del Este, permiten por igual acceder a la seguridad jurídica inherente al país y su estabilidad económica y política, y a una alta calidad de vida.