La oportunidad de consolidar el orden público como política de Estado

Sin dudas, uno de los aspectos más destacables que dejó el primer año de mandato de Javier Milei fue la determinación para adoptar una política firme y decidida contra la problemática de los piquetes.

Con una serie de acciones complementarias, que involucraron principalmente cambios drásticos en la política social, en la política de seguridad y en la sanción y aplicación de nuevas disposiciones normativas, se logró una notable reducción de los cortes en la vía pública en todo el país. Sobre todo, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde hubo una mayor coordinación entre las autoridades nacionales y del distrito.

Los datos al respecto, relevados periódicamente por Diagnóstico Político, son elocuentes. En 2024, la cantidad de piquetes a nivel nacional cayó un 27%, registrando el menor número en 4 años. Si se considera solo a CABA, la baja fue del 51%.

Esto debe ser destacado no solo porque la mejora se dio como resultado directo de una política deliberada, sino que ocurrió en un contexto de ajuste severo e implementada por un gobierno que asumió sin varios de los atributos de poder tradicional (sin fuerza parlamentaria, territorial ni partidaria). Sobre el que incluso no pocos especulaban con respecto a cuánto tiempo tardaría en tambalearse, producto de las convulsiones que sus políticas generarían en las calles. Y, sin embargo, diciembre, el mes que marca a fuego las crisis sociales en la Argentina reciente, concluyó como el mes más calmo del año, por primera vez en 16 años.

Pero además, con este rumbo adoptado, el Gobierno está recuperando un sentido común que en los últimos 20 años se había extraviado. Aunque suene disparatado, debe recordarse que hasta ayer nomás grupos organizados usurpaban sistemáticamente calles, accesos y rutas para evitar que la gran mayoría de las personas puedan circular. Y lo más insólito es que esa extorsión era legitimada e incluso impulsada por el mismo Estado, que financiaba a los piqueteros con fondos públicos. Llegándose al dislate máximo, como hizo el kirchnerismo, de designar a sus líderes como funcionarios con altos cargos gubernamentales en el área de Desarrollo Social.

Reafirmar la ley y el mandato ciudadano

La Libertad Avanza hizo campaña electoral en 2023 anticipando que terminaría con los piquetes en el país. Aunque podía sonar a expresión de deseos o a fuego de artificio electoralista, fue una de las banderas sobre las que más machacó en su plataforma. La entonces competidora de Milei, su actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, proponía políticas en ese mismo sentido.

El resultado de las urnas, como es sabido, fue una muestra de apoyo contundente. Más todavía al ser contrastado con la magra cosecha de votos que en esas elecciones obtuvieron las expresiones más representativas de los movimientos piqueteros. Tanto las del peronismo -principalmente el Frente Patria Grande, de Juan Grabois-, como las fuerzas de izquierda dura.

Debe reconocerse, entonces, que el Gobierno está cumpliendo una promesa. Lo cual, como ya se dijo, es muy valorable y significativo. Sin embargo, y refutando su propio discurso actual -”Terminamos con los piquetes”-, aún se está lejos de culminar la tarea.

Si se toma el total de piquetes de los últimos 15 años, el promedio arroja 5.704 cortes por año, mientras que en 2024 se registraron 5.996. O sea, a pesar de la clara mejora comparativa con los años recientes, el problema piquetero en Argentina sigue exponiendo que en el país no rigen las normas de convivencia mínima propias de un Estado de derecho.

En un año que estará teñido por las elecciones legislativas, no hay dudas de que el tema contará con una alta atención en el debate público y se insertará como un eje de campaña. Aquí, el oficialismo tendrá una importante bala de plata para usar. Ninguna fuerza política podrá disputarle la ventaja en esta materia. Por el contrario, los espacios opositores quedarán expuestos ante la gran mayoría de la sociedad, que se expresa de forma tajante sobre la cuestión. Como expone una encuesta de Opinaia del pasado mes de noviembre, el aspecto mejor evaluado de la gestión de Javier Milei fue el control de los piquetes, marchas y protesta social, con un 60% de valoración positiva.

Entonces, resultará clave para el gobierno nacional poder reafirmarse en esta senda en materia del control de la protesta y del gasto social, buscando lograr lo que aún es una cuenta pendiente: que el grueso de los 24 distritos del país acompañe con la misma determinación y accionar. La baja de los piquetes ha sido generalizada y especialmente abrupta en la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo cierto es que en el interior del país el panorama piquetero no fue muy diferente al de años anteriores.

Tanto el oficialismo como el resto de las fuerzas políticas se juegan mucho en 2025. Habrá que ver cómo este factor pueda repercutir también en las calles, teniendo en cuenta que la recuperación del orden público seguirá siendo uno de los principales pilares de la “batalla cultural” que lidera Milei. Como sea, si bien los números de piquetes de 2024 son para celebrar desde la perspectiva del gobierno nacional, aún es muy temprano para afirmar que estamos frente a una tendencia concluyente hacia la superación de este flagelo antidemocrático que es la cultura piquetera.