La asunción del nuevo Gobierno trajo aparejada la implementación progresiva de diferentes estrategias que eran tan importantes como necesarias. En ese contexto, el comercio exterior resultó ser parte de las actualizaciones que, todavía, continúan impactando en la flexibilización de la actividad.
En materia económica, se regularizó parcialmente la deuda financiera que arrastraban las pymes con proveedores del exterior, provocando así una nueva era entre los agentes privados del sector. Se normalizó un esquema de pagos de forma diferida, pero con cumplimiento certero, lo que generó el otorgamiento de plazos y la demostración de confianza a nivel mundial.
Se rebajaron una serie de aranceles que desfavorecían la importación de insumos, necesarios tanto para la elaboración como para productos terminados esenciales, con el objetivo de ordenar el funcionamiento de la economía.
El impuesto país será eliminado desde el próximo 23 de diciembre, con la finalidad de continuar con la baja de precios de productos al consumidor final. Adicionalmente, dicho tributo generaba desigualdad en el tratamiento impositivo entre lo nacional y lo importado. Queda en evidencia que la producción local tendrá una mayor competencia frente a esta medida.
Se normalizó un esquema de pagos de forma diferida, pero con cumplimiento certero, lo que generó el otorgamiento de plazos y la demostración de confianza a nivel mundial
Los plazos diferidos para pagos de importaciones se acortaron a 30 días de la fecha de nacionalización. Y en los casos de bienes de capital, se brinda la posibilidad de cancelar de forma anticipada un 20% del importe total. Sumado a ello, en las últimas semanas se incorporó la alternativa de utilizar dólares propios para abonar importaciones bajo determinadas condiciones.
En cuanto a la problemática de la coyuntura logística, la principal sigue vinculada a las transferencias de los fletes internacionales al exterior de importación. Lo verdaderamente preocupante es que resulta un obstáculo enorme para la operativa diaria (y sus proyectadas y agravadas consecuencias).
Tanto el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como las autoridades del Banco Central ya cuentan con una petición formal que solicita el permiso para efectuar la transferencia al momento del arribo del medio de transporte, así sea por vía terrestre, aérea o marítima.
¿Cuál es la situación actual? Los corresponsales en el exterior plantean que no pueden soportar un tiempo de tránsito de 30 a 60 días, que puede extenderse a 90 días y, eventualmente, a un período final superior a esos tres meses. Los agentes de carga internacional tienen un límite de crédito y, cuando este finaliza, solicitan el pago por anticipado. Al no poder liquidar de forma adelantada, comienzan las trabas. Entonces, urge la necesidad de quitar esta normativa, algo esencial para agilizar el comercio exterior y lograr así el mismo efecto evidenciado en otros sectores.
En relación con las innumerables intervenciones que se requerían para la importación de productos, se continúa trabajando en la flexibilización y en la eliminación de diferentes normativas que impedían un flujo continuo de ingreso de mercaderías al ámbito nacional.
El trabajo realizado en el marco normativo de los reglamentos técnicos, bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio, provocó la eliminación de intrusiones innecesarias como las de contenido de plomo en tintas, la declaración jurada de composición de productos, estampillas y valores criterio.
Por otro lado, se determinó que los canales de selectividad sean aleatorios para todo tipo de mercaderías, independientemente de su naturaleza y de las oficiosidades que pudieran tener.
Los corresponsales en el exterior plantean que no pueden soportar un tiempo de tránsito de 30 a 60 días, que puede extenderse a 90 días y, eventualmente, a un período final superior a esos tres meses
Se analizó y reglamentó, para ciertas inspecciones, que desde febrero de 2025 puedan aceptarse los ensayos y certificaciones de productos que, hasta la fecha, debían ser ensayados y certificados en la Argentina, sin importar que los mismos estuvieran certificados por sus fábricas de origen. Esta medida determinará, inexorablemente, una mayor rapidez para la importación de productos y una mejora sustancial en los precios para el consumidor final.
Se están haciendo adecuaciones a la implementación de los derechos antidumping por las supuestas competencias desleales, con el fin de evitar cualquier traba para poder competir en igualdad de condiciones. Los mismos tendrían una vigencia definida, no pudiendo prorrogarse ni sostenerse en el tiempo para impedir la aparición de los pseudo-monopolios.
Paralelamente a lo que acontece en nuestro país, vale destacar el flamante acuerdo de libre comercio concretado en Montevideo por el Mercosur y la Unión Europea. Si bien restan las ratificaciones del Consejo y del Parlamento Europeo y de los congresos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el solo hecho de haber sellado este trato, luego de 25 años de negociaciones sin certezas, le otorga la magnitud de hito político y económico.
Los ajustes y acomodamientos que se están ejecutando en este primer año de mandato deberían continuar, profundizándose con un objetivo claro: la presencia de un esquema que promueva la convivencia y competencia entre los productos nacionales e importados. La historia indica que siempre fue un escenario lejano para Argentina. El futuro invita a creer que, esta vez, puede ser real.