El sistema acusatorio en la Justicia Federal: una revolución judicial silenciosa

La Justicia es un ámbito que, por su mal funcionamiento, es de las instituciones que menor aprobación tiene por parte de la ciudadanía. Por eso, por orden del señor Presidente, Javier Milei, asumimos en diciembre del año pasado la difícil misión de mejorar y recuperar por completo el sistema de Justicia. Una de las tantas medidas que hemos implementado a fin de lograr este objetivo es la aplicación del sistema acusatorio en la Justicia Federal. Esto ha logrado, por ejemplo, dictar en un Tribunal de Rosario una sentencia por narcotráfico en 30 días, o en un Juzgado de Viedma una sentencia en 48 horas. Estos procesos antes duraban años.

El modelo acusatorio se basa en el diseño de nuestros Padres Fundadores en la Constitución Nacional de 1853. El juez con toga y martillo garantiza que el proceso se llevará adelante con todas las garantías constitucionales y dicta sentencia, el fiscal investiga y acusa y el imputado se defiende junto a su abogado, en igualdad de armas. Funciona sin papel y con todas las audiencias grabadas. Rige la oralidad, la inmediatez, todo debe ser rápido y sencillo. Es igual a lo que uno ve en las películas judiciales de Estados Unidos o el Reino Unido.

La Justicia Federal en Argentina atraviesa un estado de colapso, resultado de décadas de abandono y negligencia estructural y tecnológica. Este deterioro no es fortuito: responde a una inercia institucional que ha permitido perpetuar un sistema ineficiente, opaco y diseñado para proteger a los delincuentes en perjuicio de los argentinos de bien. La infraestructura judicial presenta un abandono alarmante, con edificios que están en condiciones ruinosas y con tecnologías obsoletas. Hay juzgados, fiscalías y defensorías abandonadas, algunas son de chapa y muchas no tienen Internet. Allí se supone que se tiene que investigar y juzgar los delitos más graves como la trata de personas y el narcotráfico. La Justicia camina mientras que los delincuentes corren. Es como intentar pelear una guerra sin armas ni municiones.

Menos del 2% de las condenas dictadas en 2022 y 2023 por la Justicia Federal se refieren al lavado de activos, la corrupción, la trata de personas o los delitos tributarios graves. La impunidad no es una percepción, sino una realidad. Así lo percibe la sociedad.

Por eso, entendimos que era imperioso reanudar sin demora la reforma procesal sancionada en 2014, que se encontraba completamente estancada desde 2019. Este sistema solo regía en las provincias de Salta y Jujuy, en donde ya se observaban las bonanzas de esta revolución judicial silenciosa.

Entonces, desde el Ministerio de Justicia nos hicimos cargo de la coordinación de la reforma y fijamos un cronograma exigente de implementación, que muchos creyeron imposible, pero cumplimos al pie de la letra. En un año logramos aplicar el sistema acusatorio en Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Nueve provincias en total.

En tan solo un año, equipamos 23 salas de audiencia con tecnología de punta –con cámaras, micrófonos y pantallas digitales–; dotamos a la Procuración General de la Nación de cuatro sistemas forenses de extracción de datos telefónicos –UFED– que son indispensables para avanzar en investigaciones complejas; examinar las comunicaciones telefónicas y avanzar con investigaciones complejas de narcocriminalidad y numerosas computadoras nuevas de alta tecnología; dimos cursos y capacitamos a más de siete mil agentes para prepararlos para el nuevo sistema; y gestionamos la firma de convenios entre la Procuración General de la Nación y Fiscalías provinciales para agilizar y dinamizar la realización de peritajes, lo que ayuda a cumplir con los plazos procesales y avanzar con las investigaciones en tiempo y forma. Terminaremos la implementación del sistema acusatorio en todo el país durante los próximos dos años.

Durante el año próximo, nuestro plan de gestión se enfocará, además, en sancionar un nuevo Código Penal, la implementación del juicio por jurados y la modificación del decomiso para facilitar la recuperación de activos provenientes del crimen organizado.

Todas estas iniciativas, así como otras que exceden el objeto de la columna, representan las ideas del Señor Presidente, Javier Milei, y el aporte del Ministerio de Justicia a la consolidación de una Argentina más libre y justa, con seguridad jurídica, en la que nuestros hijos elijan crecer y prosperar. Y en la que los delincuentes terminan presos y se acabe la impunidad.