Las primeras Jornadas Internacionales sobre “El impacto social global de las nuevas políticas identitarias” realizadas en Madrid a fines del mes pasado acaban de publicarse online.
Las Jornadas, una iniciativa de la agrupación Contra el Borrado de las Mujeres en colaboración con numerosas organizaciones de derechos humanos, analizaron el desmantelamiento del estado democrático de derecho operado por el transgenerismo, también conocido como ideología woke o queer. Reconocidos especialistas internacionales disertaron sobre la crisis ideológica que afecta a tres grandes áreas sociales: la salud infanto-juvenil, la educación y los derechos humanos.
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En el área de salud infanto-juvenil, la agrupación Amanda –formada por madres y padres de niños en crisis con su identidad sexual– y especialistas en salud explicaron los mecanismos a través de los cuales los menores son víctimas de una ideología anticientífica e irracional que les hace creer que su sexuación constitutiva es un constructo cultural opresor y excluyente, asignado de manera arbitraria y del cual pueden liberarse por autoidentificación mental con el género social que quieran. “Ser trans” resulta así un comportamiento transgresor, propio de mentes emancipadas.
El aparato estatal transgenerista trabaja para normalizar la disociación de la identidad sexual y la hipersexualización de los niños, además de promover tratamientos experimentales de esterilización química o quirúrgica. Los expertos describieron diversas estrategias mediante las cuales los prosélitos woke obstruyen el derecho de los padres de proteger a sus hijos y de los niños a ser protegidos contra el adoctrinamiento y el abuso.
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En el área educativa, la exposición estuvo a cargo de tres académicas víctimas de la censura y cancelación. El dispositivo universitario y científico suele imputar los cargos de discriminación, discurso de odio, transexclusión y violación de derechos fundamentales para expulsar a los miembros críticos de la ideología transgenerista. Los mecanismos de vigilancia y persecución abarcan las diversas instancias de docencia, investigación, publicación y extensión, y son gestionados a través cuerpos burocráticos como secretarías, protocolos, comisiones asesoras, etc., con poder de legitimación, sanción y asignación de recursos. El dispositivo académico logra así la implantación de un discurso único que normaliza la sustitución del sexo por la identidad de género y valida narrativas pornográficas, políticas anales, proxenetas e incluso pedófilas.
El panel de derechos humanos –del cual yo misma participé– explicó cómo el régimen jurídico internacional –creado con el fin de proteger los derechos humanos– ha sido capturado por una multimillonaria financiación corporativa que condiciona la política pública a sus intereses y aportes privados. Organismos como la ONU, la Comisión Europea o el Sistema Interamericano han sido hipotecados por la ideología de mercado de sus aportantes, en flagrante contravención con los derechos fundamentales que los sostienen. Entre sus grandes financistas se encuentran Open Society Foundations, Arcus o Ford Foundation. El borrado del sexo legal y la promoción de identificaciones genéricas encabezan la agenda condicionada del régimen internacional, en ostensible violación de definiciones, estándares y acuerdos vinculantes previamente asumidos.
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Una red internacional de burócratas anónimos trabaja en la producción de informes, opiniones consultivas, relatorías, sentencias, programas, nuevos pactos o tratados que omiten el sexo legal y consagran la autocertificación del género sentido como si se tratara de un derecho humano esencial. Los nuevos pactos se caracterizan por contravenir acuerdos pre-existentes tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (1966) o la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979). Sustituir los marcos de referencia objetivos, universales y constatables del orden público por autopercepciones subjetivas, deseos privados e intereses comerciales parece ser el objetivo del nuevo orden jurídico globalista.
En el contexto de las Jornadas, la organización Contra el Borrado de las Mujeres presentó su libro “Los Principios de Yogyakarta. Cómo los informes de lobbies modifican leyes de los estados”. Los Principios de Yogyakarta son el manifiesto transnacional de la ideología transgenerista y su principal instrumento de propaganda, el cual a fuerza de una multimillonaria financiación ha logrado penetrar el sistema internacional de derechos humanos. Yogyakarta le exige a Estados la progresiva eliminación del sexo legal y el reordenamiento público a partir de representaciones subjetivas y ficciones jurídicas posgéneros.
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En tal contexto, estas primeras Jornadas Internacionales constituyen un hito en la defensa del estado de derecho y la concienciación sobre la amenaza que la ideología woke representa.
[La autora es doctora en Filosofía, investigadora CONICET-UBA y representante para Argentina de Women’s Declaration International)
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