Como el personaje de Moliére que hablaba en prosa y no lo sabía, el Gobierno ha iniciado un conflicto con uno de los dispositivos más arraigados del statu quo nacional pensando que simplemente estaba recortando una partida fiscal. El dispositivo a que nos referimos es, naturalmente, el Establishment universitario.
Una gestión en que la, por lo demás imprescindible, racionalidad presupuestaria precluye consideraciones de cualquier otro orden en la dinámica de las decisiones viene de colocarse en posición de riesgo máximo al no advertir a tiempo –o al menos no demostrarlo- que la lucha por decimales del PBI no se emprende en este caso contra tal o cual ignota repartición burocrática sino contra el pretendido órgano intelectual superior de la Nación. Y lo hace precisamente en tiempos de “lucha cultural” de acuerdo al léxico oficialista.
Un poco de atención a la historia argentina moderna hubiese bastado. Las decenas de miles de docentes y estudiantes que desfilaron el martes 1 –como ya lo habían hecho en abril- junto a sindicalistas y militantes, son los descendientes de los que celebraron en el ’30 la caída de Yrigoyen (grueso mal paso de la derecha argentina), intentaron expulsar a Perón en el ’45 y festejaron una década después su derrocamiento, cerraron filas, desde el centro hasta la ultraizquierda, contra Frondizi y contra Menem, además de hacer abortar el programa recuperatorio de López Murphy en 2001.
La Universidad ha sido - revestida de las intenciones más nobles y la sensibilidad más generosa - uno de los obstáculos poderosos contra las reformas reclamadas por la realidad para escapar a la aparentemente inexorable decadencia argentina. Y ello ocurre de manera absolutamente independiente de las pujas circunstanciales, fueren ellas orgánicas, presupuestarias o ideológicas en que en cada ocasión parece concretarse el conflicto.
Desde la muchedumbre de abril hasta la de la semana pasada el Gobierno tuvo ocasiones, con la sofisticación comunicacional de que dispone, para dirigirse a la opinión esmerilando la credibilidad de la oligarquía universitaria, complicada con el radicalismo metropolitano y con el kirchnerismo del Conurbano y el Interior. Tuvo la oportunidad de patentizar tales vínculos, de desnudar la falacia de la presunta “movilidad social ascendente” a la que la Universidad serviría, de mostrar las triangulaciones non sanctas que, desde De Vido hacia aquí han vehiculizado la corrupción política, de evidenciar el sesgo ideológico impuesto a la enseñanza de las ciencias humanas y sociales. Pero no la vió…
A último momento, dos o tres días antes de la marcha intentó articular una tenue ofensiva en torno al tema de las auditorías, válida en sí misma pero demasiado frágil para afrontar las rebeldías emocionales previamente desatadas sin contrapesos.
Entiéndase bien: los docentes que dictan clase o que efectivamente, de un modo u otro, contribuyen a guiar el aprendizaje, merecen claramente mejores retribuciones. Paulatina pero decididamente habrá que extraerlas de las distintas asignaciones parasitarias hoy vigentes.
Pero la Universidad estatal de la Argentina necesita imperiosamente cambiar. No a la manera del zafarrancho retórico de 1918. Lo que hace falta es una verdadera revolución universitaria. Que confronte a las casas de estudio con las necesidades reales de la gente que las sustenta. Que las vincule sin remilgos con el sistema productivo. Que elimine la endogamia y el mandarinato. Que deje de refugiarse en los “tres Premios Nobel” y se haga cargo de la necesidad de no seguir perdiendo posiciones en la realidad contemporanea, que haga efectiva la libertad de cátedra y de crítica excluyendo drásticamente las tentaciones gramscianas.
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