Todo incendio es político

Hace tiempo ya que en Argentina hablamos, informalmente, como quien habla de frutas de estación, de la temporada de incendios. Es que desde principios de esta década el país los padece casi ininterrumpidamente y ya sabemos que, año tras año, llegará el fuego.

Como cada primavera, este año los incendios están arrasando con una parte de nuestro territorio. La provincia de Córdoba, que ya había soportado enormes incendios en el 2020, está atravesando un momento crítico. Algo similar pasó en la provincia de Corrientes, donde se quemaron 650 mil hectáreas en 2022, y en las Islas del Delta del Paraná cuyo impacto se hace sentir en la Ciudad de Rosario año tras año. Estos incendios son cada vez más frecuentes y difíciles de apagar por las características que presentan.

Esta es una de las caras más trágicas del cambio climático. El cambio en los patrones climáticos da lugar a las condiciones para que se desencadenen estas tragedias. Las consecuencias que generan son devastadoras: familias sin viviendas, la biodiversidad arrasada, y los pocos bosques que subsisten. Estamos en medio de una crisis climática, aunque algunos dirigentes insistan en negar la evidencia científica que lo demuestra, y sus efectos están a la vista. Queman casas y bosques.

Solo el 5% de los incendios se puede atribuir a causas naturales, como puede ser la caída de un rayo durante una tormenta eléctrica, o ser propiamente endémicos a ecosistemas en los cuales el fuego es un elemento natural que cumple un rol ecológico.

A estas condiciones adversas que genera el cambio climático, se suma entonces que más del 90% de los incendios se deben al obrar humano. En particular, actividades como la especulación inmobiliaria y el agronegocio avanzan sobre los territorios utilizando el fuego como herramienta para abrirse paso.

Por otra parte, como dicen las organizaciones socioambientales: “todo incendio es político”. Estamos ante una gestión que no puede, no sabe o no quiere controlar y ordenar el desarrollo de las actividades económicas, y que en el caso de la provincia de Córdoba lograron barrer con el 90% de los bosques nativos. A ello se suma la falta de gestión en materia de plan de manejo del fuego en donde la subejecución presupuestaria alcanza actualmente el 60%.

Necesitamos cambiar el paradigma en la gestión del manejo del fuego, teniendo en cuenta que es un fenómeno que no será pasajero, que es cada vez más frecuente y con características muchas veces explosiva, con el que tendremos que convivir y por tanto ejecutar políticas consistentes, permanentes, activas. Refugiarnos en un cómodo e ideológico negacionismo no es una opción.

Además, necesitamos cambiar el enfoque “emergentista” -en el que el Estado desaparece cuando las llamas lo hacen-, por una gestión preventiva e integral. Esta labor, atendiendo la variable climática y con enfoque comunitario, es una cuestión prioritaria.

El Estado tiene que trabajar con productores y poblaciones locales para generar conciencia, capacitar y prevenir incendios. Hay una serie de instrumentos que son imprescindibles para complementar una adecuada gestión. En particular el Ordenamiento Ambiental del Territorio, herramienta fundamental para planificar y diseñar las actividades productivas, en respeto por la integridad de los ecosistemas. La Ley de Humedales que vendría a promover precisamente procesos de ordenamiento de estos ecosistemas, tiene ya diez años paralizada en el Congreso Nacional.

Pero además resulta necesario contar con herramientas legales que permitan penalizar debidamente a quienes prenden fuego de manera intencional. Estas conductas, dañinas para el ambiente y para las personas que viven en las zonas aledañas, hoy no cuentan con ningún tipo de sanción penal. Es urgente incorporar un capítulo de delitos ambientales en el Código Penal.

El momento para actuar es ahora, porque cuando el fuego se apague lo que están padeciendo las personas por los incendios en Córdoba quedará como tantas otras veces sepultado junto a sus cenizas.