Quién paga el costo del ajuste

Los preocupantes 11 puntos porcentuales de aumento de la tasa de pobreza pueden compararse con la registrada en el primer semestre de 2002, cuando el presidente Eduardo Duhalde salió de la convertibilidad y se produjo una gran licuación de salarios y del gasto público.

La ventaja que tuvo Duhalde a mediados de ese año fue que comenzaba el viento de cola con la suba de los precios internacionales de las materias primas que más exporta la Argentina, lo que le permitió amortiguar en parte el impacto inicial sobre la pobreza.

En el primer semestre de 2002 la población con ingresos inferiores al umbral que marca el valor de la Canasta Básica Total (CBT) llegó a 53% y en el segundo trimestre trepó a 57,5%. Cabe destacar que para determinar la pobreza se establece una canasta básica total (CBT) que incluye el mínimo de alimentos que debe consumir una persona para no caer en inanición, más una serie de bienes y servicios básicos.

La CBT es una especie de IPC pero con menos alimentos y bienes y servicios públicos y privados. Si una persona recibe menos que ese umbral es pobre. En agosto para una sola persona tuvo un valor de 304.140,44 pesos.

Obviamente hay diferentes canastas tomando varias personas en una familia. Por ejemplo, la CBT de un hogar tipo 2 está compuesta por cuatro integrantes: un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años. En agosto se estimó oficialmente en $939.886,66 por mes.

Para el caso de indigentes, se toma como punto de referencia el valor de la canasta básica de alimentos (CBA) que cubre las necesidades energéticas y proteicas que requiere una persona. En agosto último fue de $136.399,30 y se elevó a $421.473,84 para un hogar tipo 2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Comparación con dos décadas antes

El salto de la pobreza que se produjo en el primer semestre de 2024 es el segundo más alto luego de la salida de la convertibilidad en 2002. En ambos casos la devaluación y la fuerte expansión monetaria para licuar el gasto público fueron determinantes para provocar semejante deterioro del cuadro social.

La diferencia entre esta oportunidad y la de 2002 es que en aquel momento no había la magnitud de atraso en las tarifas de los servicios públicos al comienzo de cada gobierno.

Es cierto que ahora a los trabajadores y jubilados les alcanza menos el ingreso habitual para comprar bienes y servicios, pero también es cierto que durante la gestión Sergio Massa en el Ministerio de Economía, sobre el final de la presidencia de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la plata alcanzaba algo más, pero no había bienes suficientes en el mercado.

Más allá del pico de casi 53% de la población que alcanzó la pobreza en el primer semestre de este año, la realidad es que hay un problema estructural que viene de décadas, producto de baja tasa de inversión -y muchas veces ineficiente-, producto de la legislación laboral, la carga impositiva, las regulaciones de la economía, el elevado e ineficiente gasto público, la alta tasa de inflación y la imprevisibilidad en las reglas de juego son el factor fundamental.

Según un trabajo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en que analiza los subsidios del Estado a 40 sectores de actividad económica, solo tres fueron castigados, es decir no solo no recibieron facilidades, sino que les quitaron recursos para financiar gasto público: la producción de alimentos y bebidas, agricultura, ganadería y pesca y extracción de carbón, gas y petróleo.

Los otros 37 fueron liderados por Aparatos de Radio, TV y Telecomunicaciones (régimen de Tierra del Fuego), producción de automotores, tabaco, cuero y calzado, confecciones, textiles y el listado sigue.

Pérdida de productividad

La baja tasa de inversión y su reducida eficiencia hace que la productividad de la economía sea baja y, por lo tanto, los salarios también sean bajos. A esto hay que agregarle la escasa demanda laboral que hace que haya una alta tasa de desocupación y los que están ocupados tengan salarios con poco poder adquisitivo.

Frente a este problema heredado de décadas, cabe preguntarse si el ajuste que se está haciendo en la economía recae sobre la llamada casta o sobre el sector privado. La realidad es que si se toman algunos datos parecen indicar que se concentra en el segundo.

Si se compara cómo se redujeron los puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y junio de 2024, puede verse que el sector privado formal en relación de dependencia perdió 136.370 posiciones, en tanto que el sector público (nación, provincias y municipios) se redujo en 37.561, equivalente a solo 27% de la observada en el ámbito particular. En términos porcentuales el sector privado perdió 2,14% de la nómina y el sector público 1,1%, en ese período.

El presupuesto de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación aumentó 778,9% entre el inicial y el vigente al 31 de julio último. Y tiene asignado un presupuesto para 2025 de $4.871 millones, del cual $3.501 millones es para gastos de personal, 85 empleados. De ahí surge un costo mensual por empleado equivalente a USD 3.120, al tipo de cambio promedio oficial proyectado de 1.100 pesos.

El interrogante es: ¿qué hacen 85 empleados en la Secretaría de Prensa? Y llama la atención un rubro de los gastos que es Servicios comerciales y financieros con un costo anual de $635 millones.

Por su parte la Secretaría General de la Presidencia de la Nación aumentó 244% entre el presupuesto inicial y el vigente al 31 de julio.

Costo de la legislatura

El costo por legislador sigue siendo una “fiesta”, comparado con España, tanto el costo por diputado como por senador, -incluye el sueldo, la secretaria, asesores, gastos de comunicación, traslado, etc.- es de 178.823 euros mensuales y 20.093 euros mensuales, respectivamente. En diputados, en Argentina el costo medio unitario es de 59.333 euros por mes y en España de 26.291 euros.

Cabe destacar que en España gobierna el PSOE que es algo parecido al kirchnerismo. Pasan los años y la relación sigue empeorando. Martín Menem y Victoria Villarruel supongo que deberían darle alguna explicación al contribuyente, dado que no parece que la casta esté pagando el ajuste, mientras el sector privado se hunde en la pobreza y la clase media es esquilmada sin piedad.

Es más, el senador Bartolomé Abdala dijo muy suelto de cuerpo que tiene 15 empleados en el Senado porque, como quiere ser gobernador de su provincia (San Luis), necesita gente que le haga campaña en San Luis. En otros términos, confesó que usa el dinero de los contribuyentes para financiar su campaña electoral.

De ahí que no puede entenderse como con tanto discurso en contra de la casta, se advierte que el ajuste parece recaer más sobre el sector privado, como ha sido costumbre. De ahí que no sorprenda el salto en la pobreza que midió el Indec para el primer semestre de gobierno.