Ya hay dictamen en el proyecto de ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal. El Senado está en condiciones de tratarlo en el recinto y convertirlo en ley. Se trata de una herramienta clave para esclarecer delitos complejos y hacerle frente al crimen organizado con el uso profesional, transparente y eficiente de la tecnología.
Actualmente, este banco de datos creado en el año 2013 solo incluye información de personas con condena firme en causas de abuso sexual. El nuevo proyecto, ya aprobado por la Cámara de Diputados, amplía el universo de perfiles genéticos registrados a imputados y condenados por otros delitos, personas desaparecidas y sus familiares que accedan a dejar una muestra biológica, y empleados judiciales y de las fuerzas de seguridad que intervienen en las investigaciones.
A través de un software, la información almacenada se entrecruza, y en los casos en que se registran impactos positivos, se da aviso a la autoridad judicial competente. Es un avance considerable en materia de investigación criminal, que permitirá identificar rápidamente —a través de la comparación de material genético— autores de delitos graves, además de contribuir en la búsqueda de personas extraviadas.
Estados Unidos, Francia, España, Brasil y Uruguay son algunos de los países donde se utiliza esta herramienta. Pero no hace falta mirar siempre para afuera para encontrar modelos a imitar. Mendoza hace siete años puso a funcionar el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, con resultados extraordinarios. Salta y La Pampa también han progresado en este sentido. El régimen federal, tantas veces denostado injustamente, nos alumbra el camino.
La provincia cuyana cuenta con la base más grande de Latinoamérica: 87.000 muestras genéticas de imputados y procesados. En todo este tiempo, a través de más de 1000 coincidencias, las autoridades resolvieron 4.000 casos, muchos de ellos en apenas horas. El trabajo del laboratorio ha permitido ampliar imputaciones en casos de violencia de género, al confirmar la participación de la persona investigada en ataques sexuales.
El Registro no solo servirá para identificar responsables de delitos sexuales, homicidios o robos agravados. También estará en condiciones de aportar pruebas incontrastables para desvincular de una investigación criminal a una persona inocente. Causas complicadas podrán resolverse con mayor rapidez. Esto implica mayor agilidad en los procesos judiciales y un uso más eficiente de los recursos públicos.
La coordinación interjurisdiccional es esencial para que las investigaciones no se empantanen y lleguen a buen puerto. Uno de los grandes déficits en los casos complejos —por ejemplo, bandas delictivas vinculadas al narcotráfico que operan en varias provincias—, es la dificultad para cooperar entre las fuerzas de seguridad y las administraciones gubernamentales. La rigidez del Estado termina dando ventajas ante organizaciones criminales flexibles y capaces de adaptar su funcionamiento a distintos escenarios.
Este organismo, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia luego de una propuesta de la oposición, tendrá incidencia en las investigaciones en el fuero federal y nacional. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán suscribir convenios con el Registro, para que sus ministerios públicos y poderes judiciales usen sus servicios, y compartan datos para chequear si una muestra no identificada pertenece a una persona imputada o condenada en otro lugar.
Tenemos aquí una iniciativa modelo, que demuestra con claridad y precisión que, con decisión política, aportes multisectoriales y visión de futuro, pueden modernizarse las capacidades estatales, en este caso los servicios que prestan las fuerzas de seguridad y la Justicia. Ese es uno de los grandes desafíos de nuestra democracia: formar recursos humanos calificados y aprovechar las posibilidades de la tecnología para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.
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