Las universidades no son el problema, son la supervisión y sus conducciones

El problema es que han pasado gestiones que han dejado mucho que desear y no han realizado avances en materia de transparencia sobre el modo de gasto.

Por tanto, es un error poner el foco sobre el valor de la universidad pública, si corresponde o no que se aumente el presupuesto para mejorar la calidad de investigación, instalaciones y sueldos de docentes, administrativos y auxiliares. La sociedad se ha movilizado materializando ese valor.

También, es un fuerte error poner el foco en seguir discutiendo el valor de la marcha del 23/4. ¿Desde cuándo discutimos si se puede o no dar debate públicos sobre asuntos comunes? De hecho, en buena medida se realizó con respeto, orden, sin disturbios, cuidando el objetivo principal que era dar cuenta de la disconformidad respecto de cómo se está discutiendo la problemática universitaria.

Pero lo que no se puede dejar de discutir es que no es claro la calidad en la gobernanza universitaria y sus resultados positivos. Lo que no puede dejar de discutirse son los procesos no sólo de auditoría (interna y externas) sino la supervisión por las rendiciones en general de las universidades estatales respecto de los fondos que se transfieren desde el Ministerio de Educación de la Nación u otras áreas como Ciencia, Infraestructura, etc.

Puede ser que no todas puedan demostrar que están al día con las rendiciones de fondos debidas al 2023, antes de recibir nuevos fondos por el mismo objeto de gasto. Ahí, hay un problema de gestión o al menos una suerte de desidia o mirar para otro lado, o hasta en algún caso, no preparar sus burocracias para el trabajo correspondiente de gestión universitarias en donde nunca creyeron que se iban a meter a ver si cada peso fue gastado en lo solicitado.

E incluso, si no gastaron en ese objeto, qué hicieron con ese dinero, tuvo reasignación con la autorización del que remitió los fondos o los tuvieron que devolver a la autoridad de nación por que la reasignación no fue autorizada? Hasta aquí una dimensión entre tantas posibles de análisis.

Pero, para ir a un caso concreto y sumar elementos a la calidad del debate sobre qué otro aspecto debemos discutir para mejorar la calidad universitaria hablemos de la Transparencia Activa según la Ley de Acceso a la Información Pública y a gestión de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Sólo para dejarlo planteado, si tomamos a el estado de los indicadores de Transparencia Activa que se encuentran publicado en estos momentos, mediados y fines de abril, en la página de la Agencia (AAIP), encontraremos con claridad la opacidad que pone a gran parte de las universidades estatales en un pie de alerta.

Pero no de alerta por reclamos, sino por un propio déficit de transparencia que adolecen desde el año 2017 fecha en entró en plena vigencia la Ley 27.275. Tanto es así, que casi todas las universidades tienen un grado mayor de incumplimiento o, como expresa la web, de menor grado de cumplimiento sobre lo que la AAIP debe controlar y resolver, aplicar o no, recomendaciones y sanciones.

Motivo por el cual, las universidades públicas deben ser defendidas para los que realmente la hicieron grande, alumnos, profesores, investigadores, pero no estaría mal que hacia atrás las auditorías sean profundas y reales y hacia el futuro se instaure compliance público y transparencia activa con datos actualizados y en formato abierto.

Es la aplicación de un principio republicano que varias de las gestiones de las universidades nos deben a todos los ciudadanos.