En los próximos días se estará discutiendo nuevamente la Ley Bases en el Senado. En uno de sus títulos, la ley contempla un régimen de exenciones impositivas para grandes inversiones (presumiblemente extranjeras) que podría generar una desventaja competitiva con la industria nacional, perjudicando su desarrollo al no tener en cuenta el sistema productivo local y su capacidad de generar valor.
El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que ya tiene media sanción en el Congreso, es un régimen de beneficios fiscales para inversiones superiores a los 200 millones de dólares, con el principal objetivo de atraer a grandes empresas que lleven adelante proyectos destinados a sectores vinculados al aprovechamiento de recursos naturales, entre otros rubros. No hay dudas de que es necesario generar incentivos para atraer inversiones que impulsen el desarrollo y crecimiento de nuestro país y generen un aumento en las reservas de divisas que nos permita equilibrar la macroeconomía y mejoren la capacidad de financiamiento. Además, este tipo de proyectos serían muy beneficiosos para el crecimiento de nuestra infraestructura portuaria, ferroviaria y vial.
Para salir de la crisis y entrar en el sendero del desarrollo, Argentina necesita imperiosamente ampliar su estructura productiva, su capacidad de dar empleo y su virtud de agregar valor. Si bien el RIGI está diseñado para los grandes proyectos de inversión, no hay que perder de vista el impacto que puede llegar a tener en el ecosistema productivo local, principalmente en el de las PyMEs industriales, uno de los pilares de la economía de nuestro país, que hoy generan más de 300.000 puestos de trabajo directos.
El proyecto de ley actual no contempla ningún tipo de promoción o incentivo fiscal que permita a la industria local competir y agregar valor en Argentina. Si se sanciona en el Senado sin ninguna modificación, este nuevo régimen permitiría a cualquier proyecto de inversión extranjera importar maquinaria nueva o usada, materiales y equipamiento sin ningún tipo de aranceles e impuestos, generando una desventaja competitiva con los proveedores locales, que no cuentan con ningún tipo de exención y se rigen bajo el sistema tributario argentino.
Dicho de otra manera, la industria local deberá competir contra los productos importados pagando aranceles y más impuestos. Esto es un fuerte desincentivo para el desarrollo nacional y pone en riesgo a la industria preexistente, que cuenta con capacidad de producción para proveer a esas empresas que decidan invertir para la extracción de recursos naturales.
Otro aspecto que debería revisarse es el marco jurídico, puesto que tal como está redactado el proyecto, en caso de surgir algún litigio, el mismo debería resolverse en el CIADI, cosa que en el pasado ya ha resultado siempre desfavorable para nuestra nación.
Para avanzar y lograr tener un modelo de desarrollo sostenible, tenemos que replicar modelos exitosos aplicados en otros países como Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, Brasil e Israel, que cuentan con un esquema de proveedores locales, que permiten potenciar su desarrollo tecnológico e industrial. O el de países como Canadá, Australia, Noruega, que utilizaron sus materias primas para mejorar sus capacidades de producción.
Es fundamental que este proyecto de ley contemple la aplicación de incentivos para la cadena de valor local, permitiendo a la industria nacional desarrollarse y competir. Desde la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA) estamos convencidos que nuestras PyMEs tienen la capacidad de innovar, integrarse al mundo y generar aún más empleo. Solo se necesitan incentivos correctos que permitan un crecimiento sostenido como en los países desarrollados, dando más libertad para los argentinos. Porque la libertad sólo es posible con el desarrollo industrial.
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