Aumento en discapacidad: causas y consecuencias

La discapacidad en general es crónica, no es momentánea, no es algo que eventualmente transita uno por la vida y después supera. Esto afecta la vida del paciente en un 100%, la discapacidad condiciona a la persona y su familia. No hay workaround o soluciones laterales.

Todo sistema es mejorable, pero esta mejora debe realizarse con todas las prestaciones al 100% de funcionalidad y mientras tanto planificar soluciones posibles, reales y nunca “ideales o utópicas”. La palabra ajuste nunca puede estar asociada al diseño de una política pública en materia de discapacidad y esta premisa le cabe a todos los actores del sistema. La persona con discapacidad y su familia atienen su propio desafío como para que el conjunto de actores en la temática le sume el suyo. Tampoco tenemos que confundir ajuste con control y uso eficiente de los recursos.

Las organizaciones de personas con discapacidad expresan que el aumento de aranceles otorgada en la reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, no garantiza el acceso a las prestaciones de las personas con discapacidad por ser insuficiente.

Pero, ¿qué es el directorio? ¿cómo está conformado? ¿cómo y quienes financian las prestaciones de discapacidad? ¿cuál es la situación actual frente a los aumentos? ¿por qué los aumentos dependen de la buena voluntad del funcionario de turno? Bien, el Directorio que hace referencia arriba, es una entidad creada en el decreto 1193/87 cuya finalidad, siendo muy resumistas, es la propuesta de los valores de los aranceles del nomenclador nacional y los aumentos y ajustes, proponer modificaciones al Nomenclador de Prestaciones Básicas, entre otras. Lamentablemente, el contexto inflacionario llevó a que en los últimos años solo haya espacio parea la discusión de los aumentos de aranceles.

Este Directorio está conformado por un Presidente que lo ocupa el Director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un vicepresidente, que es representante del ministerio de salud, representantes de los principales organismos pagadores, como Incluir salud, Superintendencia de Servicios de Salud (representante de las obras sociales y prepagas), y de PAMI, un representante del COFEDIS (Consejo Federal de Discapacidad) además de la presencia de 3 representantes de instituciones destinadas a la atención de personas con discapacidad. Cada uno lleva a la mesa propuestas del sector que representan y deben ponerse de acuerdo o votar por la mayoría.

El financiamiento de las prestaciones de discapacidad depende de la buena voluntad de los funcionarios de turno, no tienen un financiamiento específico y sólido, los salarios aumentan y por lo tanto los aportes a las obras sociales, la medicina prepaga aumenta, pero las prestaciones en discapacidad no. Tanto las personas que tienen Incluir Salud (pensiones no contributivas) y PAMI, los fondos salen del tesoro y la puja permanente es para que acepten entregar mas dinero para otorgar los aumentos. Los que tienen obras sociales sindicales , salen del fondo Solidario de redistribución y lo que tienen medicina prepaga, de las propias empresas.

Para que exista un aumento del nomenclador nacional tienen que estar de acuerdo la jefatura de gabinete de ministros, el ministerio de economía, el director ejecutivo de la Andis, el superintendente de salud, el director ejecutivo de Pami y las organizaciones.

En el año 2021 se intentó poner en la mesa este problema y transparentar la necesidad de discutir el financiamiento de las prestaciones básicas de discapacidad, proponiendo la creación de un fondo específico con el fin de dar sustentabilidad financiera y que luego fuera el congreso el que discuta el presupuesto a asignar y eventualmente la asignación de recursos fiscales específicos.

Esta medida genero rechazo en una infinidad de sectores. El gobierno anterior acompañó a la inflación asignando recursos, no solo a los financiadores estatales, sino al fondo de la Superintendencia de salud para que pueda garantizar las prestaciones, no pudiendo alcanzar los incrementos de costos y el atraso arancelario que databa de la gestión que la precedió. Siempre corriendo detrás de la inflación.

Los hechos permiten sostener que este problema viene en un derrotero desde hace muchos años y con varias gestiones. Analizando la problemática actual, en un contexto de alta inflación y viendo que cíclica e históricamente ocurre lo mismo, inflación, necesidad, queja, protesta, aumento, con costos prestacionales por encima del nomenclador, con aumentos de paritarias del sector por encima de los aumentos del nomenclador, nos encontramos con un sistema descalibrado, y como no se llega a cubrir todo lo que se necesita para brindar un servicio prestacional de calidad se hace un “como si”.

Es común escuchar que algunos prestadores dan menos sesiones o menos tiempo de actividad, que las autorizaciones prestacionales tardan una eternidad, que las obras sociales pagan luego de varios meses, aun habiendo recibido los fondos, que los agentes que integran el seguro de salud invitan vehementemente y ayudan a sacar el certificado de discapacidad para que los fondos salgan de la Superintendencia de Salud, viendo, por ejemplo, como se está discapacitando a la vejez. La historia siempre concluye en que se le exige cada vez mas a los que históricamente sostuvieron el sistema: los prestadores, y se perjudican siempre las personas con discapacidad y sus familias y cuidadores. Es una historia de ahorcamiento con falta o retraso en las autorizaciones y pagos. La contracara son reclamos a un gobierno y a la Direccion Ejecutiva de ANDIS, que no llevan dos meses de gestión, para que resuelvan todo lo que no se hizo en años, con quejas y escraches en los medios, haciéndolo responsable de decisiones que son de un conjunto.

Es hora de sincerar el sistema, hacer un debate serio entre todos los actores y no poner en cabeza de una sola persona la responsabilidad de lo que ocurre y generar una política seria, inclusiva y accesible para todos evitando el traumático asistencialismo, para llevarnos a la modernidad.