Obtener recursos transnacionales para fomentar el desarrollo económico y el empleo de un país es una aspiración para quienes entienden que la inversión privada es fundamental y que, si viene del extranjero es mejor, porque significa haberle ganado a un potencial competidor en la carrera por la seducción a los capitales globales.
Existe un indicador denominado FDI, por sus siglas en inglés, Foreign Direct Investment, o inversión extranjera directa, que muestra las sumas de dinero que inversionistas internacionales han destinado a colocaciones financieras significativas y duraderas en una empresa extranjera. Las inversiones en títulos de oferta pública sean acciones o bonos corporativos también están incluidos.
Analizando los casos exitosos de empresas o mercados que obtuvieron importantes inversiones extranjeras existe una condición mandataria, es decir, que sin su cumplimiento las colocaciones financieras, si las hay, son principalmente especulativas, poco significativas y de corto plazo: la previsibilidad normativa y la seguridad jurídica. El rol del Estado es fundamental, pues, si bien, en este caso no es ni inversor ni receptor de las inversiones, influye con sus decisiones y acciones en las actividades entre los privados.
El ejemplo de China
Desde la implementación de la Política de Puertas Abiertas iniciada en 1978, China ha experimentado un rápido desarrollo, convirtiéndose actualmente en la segunda economía más grande del mundo en términos nominales.
Según los datos difundidos por la Administración Estatal de Divisas de China (SAFE), durante los once años transcurridos entre 2011 y 2022 ingresaron en concepto de inversión extranjera directa más de 2,8 trillones de dólares. En cambio, en 2023 la inversión fue solamente de USD 15.000 millones representando una caída del 91,67% con relación a USD 180.000 millones en 2022. Prácticamente, se paralizaron las inversiones extranjeras a partir del pasado año.
¿Qué pudo haber pasado, tan grave, como para espantar a los inversores internacionales que acumularon posiciones durante más de 10 años, llevándolos a liquidar sus activos, en muchos casos, muy por debajo de los valores de adquisición?
Hubo una desaceleración en la economía global que significó menor demanda de productos chinos, sin embargo, la magnitud en la corrección evidencia otros factores.
Las tensiones geopolíticas entre los Estados Unidos y China obligó a las empresas americanas y otras cuyos intereses están más ligados a occidente a reconsiderar sus inversiones. Sin embargo durante los años de expansión también existieron cortocircuitos en las relaciones entre las principales potencias.
Lo que más influyó fueron los cambios en las regulaciones que significaron el cierre de compañías internacionales de auditoría y evaluación corporativa que permitían a los inversores internacionales obtener informes sobre la marcha de los negocios de las empresas en las que habían invertido. Todo ello, amparado con una nueva ley de seguridad nacional destinada a restringir los flujos de datos al extranjero.
Posteriormente, estas restricciones a la información se eliminaron sin que ello haya repercutido favorablemente en los flujos de inversión hacia el gigante asiático.
La falta de reglas claras y duraderas se paga muy caro. Los inversores pueden evaluar riesgos cuando las normas son estables. Vale más la estabilidad normativa que la adecuación de las normas a la conveniencia de los inversores porque eso puede cambiar, y si puede cambiar pierde confiabilidad.
¿Qué se puede esperar en Argentina?
Es muy probable que para que se inicie un proceso de inversión extranjera directa significativa y a largo plazo Argentina deba demostrar previsibilidad en sus modelos de inversión, estabilidad normativa y, principalmente, seguridad jurídica, que resume y reúne a todas las condiciones anteriores.
Para eso se necesita inevitablemente “consenso de la mayoría de la clase dirigente, oficialismo y oposición”, en la que debe estar incluido sí o sí el kirchnerismo que sigue siendo una de las fuerzas más votadas por los argentinos.
Los antecedentes son malos. Políticos que han cambiado de opiniones frente a los mismos asuntos y algunos jueces que han fallado distinto en causas similares, alejan con su discrecionalidad a los inversores que sirven.
En consecuencia, la otra condición es la previsibilidad jurídica en los fallos y la interpretación de las normas. Sostener las políticas y las leyes en el tiempo es la cuestión de fondo, para eso, es necesario el acuerdo con todas las fuerzas y grupos de poder.
El modo imperativo sólo podría seducir a quienes vengan atraídos por grandes márgenes y oportunidades extraordinarias.
El autor es director en Fundación Iberoamericana de Telemedicina
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