El Congreso y el debate público

Los resultados electorales de las últimas décadas, sumado al acompañamiento de minorías “satélites”, determinaron una constante mayoría del oficialismo en ambas cámaras del Congreso. A modo de ejemplo, vemos cómo desde 1983 a la fecha siempre el Partido Justicialista (en sus distintas versiones) siempre fue la primera minoría en el Senado. Lamentablemente, esas mayorías circunstanciales fueron interpretadas como “carta blanca” para los deseos del Ejecutivo, y así se acuñaron frases y conductas como “discutamos, pero después votamos lo que ya teníamos decidido”, “de este proyecto no se modifica ni una coma”, o ”acá se hace lo que pida la Presidenta”. Allí nació el Congreso como “escribanía”.

El reciente debate de la “Ley Ómnibus” enviado por la administración Milei revaloriza la importancia que reviste el Congreso, y en particular jerarquiza las normas otorgándoles el respaldo de convertirse en fuerza de Ley. Las mayorías automáticas degradan a la institución, porque el legislativo debe ser el ámbito en el que se debaten las diferencias, pero también donde se construyen los consensos, se enriquecen las iniciativas y se encuentran las síntesis.

Woodrow Wilson decía: “Quien no esté familiarizado con lo que el Congreso hace actualmente y con la manera como lo realiza, con todas sus funciones y todas sus ocupaciones, con todos sus procedimientos de administración y todos sus recursos de poder, está muy lejos de tener conocimiento del sistema constitucional bajo el cual vivimos; en cambio, para quien se halle instruido de esas materias, ese conocimiento está próximo”. El Presidente estadounidense sintetizaba así el valor que adquiere una Ley cuando sus términos han traspasado las paredes del Congreso y han sido también parte de la discusión pública.

Cuando el pueblo, mediante el debate público, participa en el gobierno -como decía Joaquín V. González-, integra a los ciudadanos como los verdaderos dueños de la soberanía, la cual es cedida a sus representantes, quienes son responsables del mismo y complementan la forma republicana de gobierno.

La eminencia del Derecho Constitucional de la Universidad de Bolonia Giuseppe De Vergottini nos enseña que “el Parlamento cumple en las democracias pluralistas básicamente dos funciones: la función de orientación política y la función de control”, una complementa a la otra y ambas son esenciales en el proceso público del debate. Ellas son la fiel expresión de todas las voces, mayorías y minorías, con consensos y diferencias, pero todas ellas estarán definitivamente expresadas en la Ley aprobada.

Toda la actividad del Congreso tiene un origen y destino político, y cuando pone en funcionamiento el procedimiento de formación y sanción de las leyes debe representar en ese trabajo las aspiraciones y expectativas de toda la sociedad.

Ese proceso legislativo exige una construcción deliberativa ordenada, una arquitectura paciente, equilibrada, por cuanto una Ley supone como atributos una planificación y una misión para perdurar en el tiempo, proyectando un programa de gobierno que responda a los intereses de todos los ciudadanos de una nación.