
El impuesto a los sueldos de los que trabajan, mal llamado, a las “Ganancias”, existe en la mayoría de los países. Sólo que se lo llama a los “Ingresos” o “Rentas” y grava a los salarios altos. Generalmente en Argentina también fue así, pero con el kirchnerismo empezó a imponerse a remuneraciones cada vez menores como forma de poder financiar un gasto cada vez más elevado. Así que, en principio, sería correcto buscar que solamente paguen este tributo quienes más ganan y que su actualización sea por ley (por ejemplo, por el IPC) y no que lo determine arbitrariamente el gobierno de turno.
Allí no está el problema, sino en que no se baja ningún gasto ni se crea o aumenta algún impuesto para compensar la pérdida de recaudación. La Ministra de Trabajo dijo que se compensaría con el impuesto País sobre las compras de divisas para importaciones, lo cual es absurdo. Ese tributo ya existe y está cubriendo parte de los gastos actuales. Pretender compensar la baja en la recaudación de un impuesto con lo que ya se recauda de otro es como querer usar el mismo billete de $1.000 para pagar dos cosas de $1.000; imposible.
Primera conclusión. Hasta ahora el exceso de gasto que el ministro Sergio Massa había prometido que bajaría (a -1,9% del PBI) viene aumentando y, de hecho, probablemente será mayor al del año pasado (-2,7%). Hasta ahora, este desequilibrio se viene financiando con un Banco Central que emite cada vez más pesos y no hay razones para creer que el mayor déficit que generará la baja de Ganancias no se financiará de la misma forma. Con este proceso, la moneda argentina acelera su pérdida valor, como pasaría con cualquier cosa que se produzca más de lo que la gente quiere. Por lo tanto, necesitamos cada vez más billetes para comprar los mismos bienes y servicios. Eso es inflación y, lamentablemente, nos empobrece a todos sacándonos poder adquisitivo de nuestra plata para financiar al gobierno.
Segunda conclusión. A quienes más empobrece el impuesto inflacionario es a los más pobres; porque estos últimos tienen casi todo en pesos y menos posibilidades de defenderse de esa quita de valor. Por lo tanto, mal instrumentada, una medida que suena razonable puede ser más dañina que no implementarla. Así que la norma mandada al Congreso no debe sancionarse hasta que se defina cómo se compensará la pérdida de ingresos para no tener que usar el impuesto inflacionario.
Tercera conclusión. Sí, habrá 800.000 argentinos contentos porque dejarán de pagar transitoriamente el impuesto a las Ganancias y otros tantos que aplaudirán esta medida. Sin embargo, la realidad es que es una transferencia del resto de los argentinos, particularmente de los más pobres, a aquellos que ganan más de $700.000 y quedarán exentos. ¿Raro concepto de justicia social o demagogia electoralista aprovechando que la gente no tiene por qué saber de economía?
El autor es director de la Fundación “Libertad y Progreso”
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