Reformas, monopolios y sociedad

Durante décadas varias políticas públicas han estado sesgadas a favor de sectores oligopólicos y monopólicos en detrimento de la población en general. En una mayoría de casos estos sectores han estado amparados por elevadas barreras comerciales que a su vez han frenado la incorporación de tecnologías modernas. El resultado es la creación de una economía altamente improductiva con fuertes redistribuciones a favor de los sectores más protegidos.

Unos pocos datos de los últimos años ilustran hasta dónde estas políticas proteccionistas y posiciones monopólicas amparadas por políticas de promoción industrial han perjudicado la economía y empobrecido la sociedad.

Durante la última década, el PBI per cápita disminuyó un 8%, mientras que el promedio correspondiente a Paraguay, Perú y Uruguay (países que también son exportadores agroindustriales), aumentó un 15 por ciento.

Asimismo, a lo largo de estos años las cantidades exportadas no crecieron y salvo 2022 cuando se enfrentó precios internacionales excepcionalmente favorables, el valor de la exportaciones dejo de crecer.

Esta involución económica ha tenido su correlato en el empeoramiento de las condiciones sociales: el anterior gobierno terminó su mandato con una incidencia de la pobreza del 35,5% mientras que, según Unicef, para diciembre de este año es probable que este indicador supere el 45% de la población.

El comercio internacional abarca una parte sustancial del PBI y su futuro comportamiento será uno de los principales determinantes del nivel promedio de ingresos (PBI per cápita) que tendrán los argentinos en el futuro. Así lo ha demostrado una y otra vez la experiencia internacional de varios países.

En este tema, el primer problema a enfrentar son las reformas macroeconómicas para que el tipo de cambio se acerque a su nivel de equilibrio y se mantenga en esos niveles. Bajo el supuesto de que esta condición está satisfecha, enfatizo que las políticas comerciales que hay que desmantelar desde el primer día de un nuevo gobierno al menos el control de cambio, y las licencias arancelarias.

Además de frenar el comercio internacional y el crecimiento económico, el control de cambios y las licencias de importación -administradas por la Secretaría de Comercio-, ocasionan otro efecto negativo: son políticas que maximizan los riesgos de corrupción.

La razón es simple y reside en el hecho de que los burócratas de estos organismos hacen su trabajo de filtración -quienes si quienes no reciben licencias y divisas-, en ausencia de reglas conductoras. En consecuencia, la asignación de divisas que surge de estos organismos está determinada por negociaciones totalmente oscuras entre los peticionantes y los burócratas que deben decidir a quién asignarle y a quien no asignarle divisas.

Apertura comercial racional

La experiencia internacional muestra que, en circunstancias similares a esta forma de administrar, estas decisiones, tienen un precio. Por otra parte, a diferencia de otros países que solo controlan un grupo de importaciones, en Argentina la extensa cobertura sugiere que el potencial corrompible es muy elevado.

El total desmantelamiento del control de cambios y de las licencias de importación propuesto en esta nota, no es una liberalización comercial en el sentido del GATT / OMC, o en el sentido unilateral de este término. Este desmantelamiento solo retrotrae a una situación cuando todavía se cumplían aproximadamente con las reglas del Mercosur -en términos relativos, un acuerdo comercial altamente proteccionista-, y del GATT / OMC.

Sin embargo, a pesar de que este desmantelamiento no involucra un cambio de paradigma económico, parte de la actual discusión política muestra cautela y titubeos respecto a cuan rápido avanzar con los desmantelamientos de estas políticas. Considero que, dada la oportunidad y el contexto histórico, es mejor desmantelar rápidamente y luego escuchar los pedidos de reconsideración, que tratar de determinar de antemano quienes merecen algún trato preferencial.

Un nuevo presidente de la Nación reformista se enfrentará con poderosas resistencias al cambio. El desmantelamiento propuesto podrá prevalecer si la nueva dirigencia tiene ideas, objetivos y conocimientos muy claros de lo que está en juego. Argentina no tiene tiempo para discurrir en posiciones teóricas sobre que políticas deben ser aplicadas primero y cuales después como surge de algunas notas periodísticas.

El nuevo presidente solo tiene asegurado cuatro años de mandato y es importante que sea consciente de que han sido pocos los procesos de reformas que en un periodo tan breve hayan podido revertir prolongados procesos de decadencia económica como el que viene atravesando Argentina.

Cuatro años pueden alcanzar para frenar el proceso de involución y con suerte lograr progresos en algunas áreas (la experiencia indica que, para entusiasmar a la población, los primeros progresos debieran ser logrados dentro de los primeros meses de gobierno), pero se necesita más tiempo para que se cosechen los principales frutos de las reformas.

Cualquier titubeo sobre que políticas deben aplicarse primero o cuan profundo debe ser el desmantelamiento de las barreras mencionadas, será a favor de los intereses oligopólicos y no a favor de una Argentina donde la búsqueda del bien común prevalezca.

El objetivo es que el país pueda lo más pronto posible, volver a tener la oportunidad de competir en la economía internacional dejando atrás décadas de andar mendigando dólares (y/o yuanes) para sostener procesos de sobrevaluación y cerramiento económico como el que estamos viviendo y que siempre han sido altamente dañinos.

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