Urbanizar zonas humildes es algo muy positivo. Ayuda a mejorar el nivel de vida de sectores muy postergados.
Mandar a ejecutar esa tarea a militares desarmados los convierte en potenciales víctimas de los mismos sectores que aterrorizan a los vecinos a los que se pretende ayudar.
Es verdad que el personal de nuestras Fuerzas Armadas ha desarrollado exitosamente innumerables tareas en apoyo de la comunidad.
Pero no es lo mismo repartir alimentos y dar apoyo sanitario durante la pandemia que empeñarlos en tareas rechazadas por los narcos en las zonas donde gobierna el crimen organizado.
Es imprescindible un tratamiento parlamentario, serio y responsable, de una reforma de las leyes de Defensa Nacional Seguridad Interior e Inteligencia.
Las circunstancias de la sanción de las mismas han cambiado.
Hoy nuestra Patria se encuentra ante amenazas muy concretas. Desde el intento secesionista de la llamada “República de Wallmapu”, pasando por el control territorial del narcotráfico y llegando a la ambición de factores externos -con posibles complicidades internas- por las riquezas naturales que tenemos.
Se necesita un acuerdo de todas las fuerzas políticas, quienes hoy gobiernan y quienes pretenden gobernar a partir de diciembre de este año.
Es difícil buscar el diálogo entre políticos enfrentados en una campaña electoral. Debiera hacerse el esfuerzo de intentarlo.
Está en juego el presente y el futuro.
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