Recursos económicos son las habilidades de coordinar las actividades conjuntas mutuamente más satisfactorias, enseñan Adam Smith y diversos economistas destacado. Serán mejor logrados cuánta más gente incluyan.
Desafortunadamente, el subdesarrollo verifica exclusiones personales masivas. A los populistas no les interesa considerar miradas ajenas, creen liberarse de contar con el beneplácito de los demás; así pueden excluir miradas contrarias.
José Ortega y Gasset, en “España Invertebrada”, denominaba “particularismo”- la prevalencia de la propia mirada por sobre la de todos los demás- a ese rasgo. ¿Otra variante de la Corrupción? Los dirigentes, en vez de acordar, negociando con los demás, pretenden imponer su sola voluntad. El resultado es el enfrentamiento, la dispersión de esfuerzos, la mentira para ocultar apetencias personales, el agravio.
La corrupción y el populismo reducen los ingresos
Para pagar sueldos, gastos, prebendas forzadas, el gobierno impone trabas, impuestos, que reducen los ingresos conjuntos, mientras que gasta discrecionalmente. En contraste, en competencia, las compras se volcarían a las necesidades más valiosas, incrementando el valor de los ingresos aún más. De tal modo, la corrupción y populismo generan menores ingresos.
Los datos del ingreso por habitante, de los 190 países computados por el informe de Perspectivas Económicas del FMI varían entre menos de USD 250 anuales de Sudán del Sur y USD 2.500 para Venezuela, hasta USD 14.000 en Argentina, China y Rusia, y más de USD 75.000 de EEUU, Dinamarca y Suiza, entre otros, y un máximo de más de USD 100.000 de Irlanda.
Las brechas entre los ingresos individuales surgen de las libertades y seguridades de convenir, incorporando personas a los emprendimientos. A medida que aumenta el PBI por habitante también se expande el número e intensidad de los participantes en los intercambios comerciales. Pues los gobiernos y dirigentes inciden determinando libertades y seguridades de convenir. Así, ponerse de acuerdo, incorporando voluntades individuales, expande las satisfacciones de toda la población, tanto en cantidad como por persona.
Particularizando en Argentina
Las normas gubernamentales imponen condiciones restrictivas que, de hecho, excluyen demasiadas voluntades.
Por ejemplo, contratar empleados conlleva restricciones impuestas por funcionarios que exceden las necesidades de las partes contratantes. Atenuando dichas imposiciones restrictivas, y conformando a las partes, los empleos se expandirían. Eso no es todo. En las industrias y servicios, las restricciones, contribuciones impuestas, reducen las voluntades de contratar.
“Precios justos”, los burócratas determinan qué precios son justificados, sustituyendo la voluntad y habilidades de las partes contratantes. La realidad es que sólo los proveedores conocen los costos y las dificultades de su prestación y sólo los consumidores conocen qué les conviene, en cada caso particular.
En todo el mundo, los precios difieren incluso dentro de cada país. No existe un “precio justo”, para toda transacción, en un mismo país. Excluir propuestas voluntarias expulsa ocupaciones.
La corrupción es otra forma de excluir oposiciones, optando por propuestas menos satisfactorias, que se verifican en los actos de gobierno. Transparencia Internacional informó que la Argentina está en el puesto 94 entre 180 países, tras registrar posiciones extremas de 107 en el último año de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y 66 al fin de la presidencia de Mauricio Macri.
Cada tanto, los populistas presentan iniciativas apoyadas en una elaborada red de propaganda, tanto desde el gobierno como cuando están en la oposición, en la que la constante es la amenaza a la propiedad privada.
Así ocurrió cuando se resolvió el abandono traumático de la Convertibilidad, en 2002: el ingreso promedio por habitante cayó de USD 8.085 en 2001, a USD 2.997. Y para atenuar el golpe a los bolsillos, el gobierno de entonces determinó transferir propiedades entre privados y también a favor del Estado, con el corralón financiero, default de la deuda pública y medidas conexas.
Otro tanto ocurrió en 2008, cuando se estatizaron los ahorros para las jubilaciones privadas y se instrumentaron moratorias para favorecer a quienes no habían completado los aportes previsionales en la vida activa.
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