Impuestos, gastos, coparticipación, y el desafío de un cambio de régimen

El principio de este año electoral nos encuentra, en materia económica, en medio de la discusión de dos temas impositivos, la coparticipación de la recaudación de impuestos nacionales, o más precisamente el llamado federalismo fiscal, y el nuevo proyecto de blanqueo presentado por el Ejecutivo, bajo la excusa de la profundización del intercambio de información financiera entre la AFIP y el IRS (el equivalente norteamericano del ente recaudador argentino).

Ambas cuestiones tienen en común que responden a un problema estructural de larga data, nuestro pésimo sistema impositivo y la forma ineficiente en que se reparte la recaudación de los impuestos nacionales.

Me explico.

Como ya se ha discutido con algún detalle en estos días, el sistema de coparticipación de impuestos en la Argentina fue “inventado” en la década del 30, cuando se introdujo al antecesor del actual impuesto a las ganancias, el Impuesto a los Réditos, debido a la fuerte caída de los impuestos al comercio exterior, que recaudaba la Nación, producto de la crisis internacional que, en esa época, desplomó el intercambio comercial global en general, y el de los productos de exportación argentinos en particular.

Como casi siempre pasa en la Argentina esta solución “transitoria” y de “emergencia”, se transformó, con el tiempo, en permanente y llena de distorsiones y malabares varios.

Esto se hizo más evidente, cuando surgieron nuevas provincias o equivalentes, como Tierra del Fuego y la Ciudad autónoma de Buenos Aires y, sobre todo, cuando se transfirieron a cada provincia la responsabilidad de brindar servicios que antes eran provistos por la jurisdicción nacional o, viceversa, cuando le fueron transferidas a la nación, por parte de algunas provincias, los pagos de jubilaciones y pensiones.

La reforma constitucional de 1994 no logró avanzar en una solución definitiva, dado que no se cumplió la obligación de dictar una nueva ley de coparticipación dentro del plazo de dos años de promulgada la nueva Constitución.

Esa misma reforma estableció que ningún cambio en la coparticipación podía hacerse en forma unilateral por parte de la Nación. Se necesita el acuerdo de la, o las provincias involucradas. El llamado “federalismo de concertación”.

Asimismo, la reforma indicó que ningún servicio podía ser traspasado a las provincias respectivas, sin los recursos para atenderlos.

Estos lineamientos no surgieron de una sana preocupación de los constituyentes por la eficiencia económica y la justicia distributiva regional.

Se trató casi exclusivamente de una negociación política en dónde el peronismo nacional buscaba introducir la cláusula de la reelección presidencial. Dónde el radicalismo, sintiéndose en minoría en el poder, pretendía reducir el presidencialismo extremo y encontrar fórmulas para mejorar sus chances electorales en el futuro, y en dónde el peronismo de las llamadas provincias “pobres”, aprovechó el “número” para tratar de mejorar sus ingresos y consolidar el cuasi feudalismo clientelar que las caracteriza.

Visto 28 años después, se confirma que los grandes ganadores de esa configuración de poder fueron los gobiernos de las provincias del norte, que reciben por coparticipación por habitante casi 60% más que el promedio nacional. (Fuente IDESA).

Lamentablemente, como es público y notorio, esos mayores recursos no se han traducido, salvo excepciones, en progreso y mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de esas provincias.

Por el contrario, esas regiones han quedado reducidas a grandes enclaves de empleo público, con pésima calidad de los servicios básicos, y sin ningún incentivo para la creación genuina de inversión y empleo privado.

Del otro lado, los perdedores han sido los distritos grandes del país que concentran más de la mitad de la población y más de dos tercios del PBI total. Las provincias patagónicas, por su parte, con abundantes recursos mineros, petroleros y gasíferos, buscan “independizarse” de este sistema, con regalías y otros impuestos propios, y en el medio, el Estado Nacional, que ha concentrado los pagos cada vez más deficitarios de la seguridad social, y que complementa, por razones políticas, gasto superpuesto en servicios varios, como educación, salud y ayuda social, y realiza transferencias directas, a través de “fondos del Conurbano” y otros engendros, con el objetivo de mantener su supremacía electoral.

Para hacer frente a todo este descalabro, ineficiencia e inequidad en el gasto, se ha ido conformando un sistema impositivo lleno de distorsiones parches, elevada presión para los que pagan, etc. incluyendo, por parte de la Nación, al impuesto inflacionario, que se “coparticipa” de facto con las provincias, a través del inflar nominalmente el impuesto a los ingresos brutos y de licuar el gasto público provincial, principalmente salarios.

Todo un sistema dominado por la política, pero no por la política de Estado de largo plazo, si no por la política partidaria y “del poder”.

Sistema que tiene que ser revisado en serio, si queremos generar un verdadero cambio de régimen.

Sin embargo, sin liderazgos en sentido amplio y sin el apoyo de la sociedad para modificar esta realidad que perjudica sin dudas a “la gente”, se carece de los incentivos adecuados para el cambio.

Al respecto, las 13 provincias menos pobladas, representan el 16% de la población, pero el 24% del gasto público total, el 25% del empleo público, y tienen el 54% de los votos en el Senado. (fuente IERAL)

Y enlazo todo esto con el proyecto de blanqueo elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

Argentina recurre periódicamente a moratorias y blanqueos, precisamente, porque el sistema impositivo resulta impagable y la administración tributaria funciona mal.

Pero los blanqueos y las moratorias surgen, como ahora, sólo por la necesidad coyuntural de recaudar fondos, paradójicamente, para seguir sosteniendo este sistema de malos gastos, de malos impuestos y de mal reparto de estos.

En otras palabras, se trata de una “solución” a un problema de stocks no declarados, sin reformar el sistema “flujo” de impuestos y gastos que generó dicha evasión o esa falta de pago.

De manera que “el día después” del blanqueo o de la moratoria, dado que no ha cambiado nada, se vuelve a evadir, o se vuelve a pagar lo menos posible a la espera de una nueva moratoria o un nuevo blanqueo, mientras se siguen inventando nuevos impuestos distorsivos, para compensar, en el mientras tanto, un gasto desbordado.

El gran escritor británico Jeffrey Archer dijo alguna vez que “la única diferencia entre un Lord y un Pirata es con quién reparten el botín”.

Mientras los gastos, los impuestos, y su reparto sigan siendo vistos, por un sector de la política argentina, como un “botín”, será difícil cambiar para lograr el progreso y la mejora distributiva que nuestro país necesita.

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