El INADI, una institución que deberá ser repensada

Cuando se desvirtúa la función específica de un organismo o institución de cualquier índole, incumpliendo su misión, desviando sus objetivos y traspasando el límite que debe preservarla del uso partidario y más del personal, estamos ante hechos graves que por afectarnos a todos deben ser señalados insistentemente.

Esta es la realidad que observamos una vez más en el Inadi, (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenófobia y el Racismo), que a todas luces, como muchos estamentos del Estado, desde 2019 ha vuelto a ser cooptado ideológicamente y orientado a satisfacer objetivos sesgados lejos de una mirada amplia puesta al servicio del bien común, sin pensamiento crítico y plural que dé respuestas al conjunto de la sociedad.

Es oportuno tener presente que el INADI es una creación de tres organizaciones de la sociedad civil, la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina), FEARAB (Federación de Entidades Árabes de BsAs) y la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), que juntas, a mitad de los años noventa, comprendieron que el problema de la discriminación más allá de la existencia de la ley antidiscriminatoria y otras normas legales vigentes, era un desafío y necesidad que el Estado debía tomar para dar respuestas con políticas públicas que fueran permanentes en pos de garantizar la convivencia pacífica con pleno respeto de la diversidad y pluralidad propia de nuestro tejido social.

En aquel tiempo, los trágicos atentados terroristas a la AMIA y la Embajada de Israel, que eran muy recientes, generaban miedos y desconfianzas en la sociedad, como también alimentaban polémicas y debates en la política y la opinión pública la aparición en Bariloche del buscado nazi Erich Priebke. Esos fueron los temas inspiradores para el nacimiento del Inadi, como testigo y partícipe puedo dar fe de ello.

Hoy, aquella confluencia de fuerzas que permitieron su creación debe ser reconocida de la misma manera que recuperada su inspiración.

Debemos ponderar el significativo hecho de haber sido un proyecto nacido sin color político, con un claro mensaje de fraternidad y acuerdo puesto a disposición del Estado, no de un gobierno.

Dista mucho este presente institucional de los objetivos e ideales planteados e imaginados hace tres décadas por dirigentes probos como Simón Lazara, Horacio Munir Haddad y Rogelio Cichowolski.

Tristemente, la imposición de la lógica amigo/enemigo fue infectándolo hasta llegar a la situación actual de su dantesco desprestigio en la opinión pública, donde, incluso, la pregunta sobre su utilidad es repetidamente formulada.

Recientemente, su interventora, Victoria Donda, no hizo más que aumentar la mancha que tiñe a la institución al decir que no se respondió en tiempo y forma al brutal agravio discriminatorio que sufrió la diputada María Eugenia Vidal por parte del Gobernador Gildo Insfrán porque esperaba la denuncia de la damnificada.

Mintió la interventora y lo sabe.

El Inadi no necesita denuncia alguna para expedirse públicamente, hay infinidad de pruebas al respecto. Está debidamente autorizado para ello.

Su voz como funcionaria y la palabra institucional estuvo ausente en respeto al victimario, protegido y exaltado por el gobierno, y no a la víctima, referente de la oposición a quien hay que ignorar y destruir.

La mentira enunciada, como los tantos silencios a las innumerables violaciones de derechos humanos sucedidos, y las pocas e irrelevantes acciones llevadas a cabo en estos tres años, son los hechos que definen la triste gestión del instituto.

Es cierto, no se puede volver hacia atrás, pero tampoco se puede continuar con esta realidad desvirtuada de parálisis, ausencia y sin sentido.

El cambio cultural que los argentinos necesitamos cuenta también para el Inadi que necesita ser repensado en toda su dimensión, como toda la política de Derechos Humanos que debe ser nuevamente puesta en su lugar, abrazando su universalidad, comprendiendo que ellos no poseen ideología y mucho menos pueden ser presa de ninguna.

Son de y para la gente y jamás pueden ser propiedad de un gobierno de turno que acomode su comportamiento de acuerdo a sus propios intereses, dando la espalda a la sociedad.

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