
¿Alguien pudo imaginar que los “planes” -digamos la garantía de subsistencia sin contribución productiva- podría “sacar” a alguien de la pobreza? Claramente, no. Y sin embargo han sido la clave de bóveda de la estabilidad política de los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. A ambos los han protegido los administradores de planes y comedores. Pero eso no los hace, a los administradores, responsables del desquicio económico de ambos presidentes.
Como sabemos la pobreza no ha sido consecuencia de la eliminación de planes previos. Y como es obvio nada se soluciona realmente si no se remueve la causa que lo ha provocado. La solución no pasa por los planes sociales ni por eliminarlos. La unanimidad en el fracaso de los “planes” como solución, no ha dado lugar a un debate acerca de las causas de la pobreza y la manera de removerlas.
Hasta ahora y de manera acumulativa el Estado Nacional, los Estados provinciales y no pocos municipios, han destinado sumas megamillonarias para ese tipo de ayudas que incluyen, por ejemplo, distintos sistemas de becas para las más dispares finalidades. No hay un inventario. Ni vocación pública por tenerlo.
Asignatura pendiente
La Auditoría de la Nación y los organismos de similar finalidad en las otras áreas de gobierno, en más de largos 20 años -muchas cosas nacieron en 2001- no han tenido la menor intención de medir el monto de lo que se destinó y las consecuencias de la aplicación de esos recursos.
Por ejemplo, no sabemos cuánto pesan y miden, ni el estado de salud y de educación, los niños de los beneficiarios. Tampoco el resultado de esas becas.
Es decir, no sabemos si esas ayudas (no soluciones) a la pobreza han tenido consecuencias positivas o no. Tampoco sabemos cuánto y dónde llegó lo que el Estado destinó y -como es obvio- tampoco podemos medir los méritos o defectos de los responsables que son, siempre, personas de carne y hueso a los que les cabe el juicio de buen o mal administrador. ¿Ha sido un tema intocable para la Auditoría?

¿A nadie se le ocurrió que el ejército de empleados públicos que colman las oficinas estatales podría transformar horas vacías en relevamientos útiles para las políticas sociales?
Haga quién lo haga, es imprescindible analizar qué es lo que pasó y pasa, con todos esos instrumentos de políticas de reparación social. Porque en política, en cualquier política, lo más importante es estar informado de las consecuencias.
Sobre los planes, las becas, los comedores, no tenemos, al menos a nivel público, conocimiento de las consecuencias. ¿Cómo podemos estar hablando de ello? Lo poco que sabemos es que de manera continuada los beneficiarios o aquellos que quieren ser beneficiarios, se presentan en manifestaciones, cada vez más próximas en el tiempo y cada vez más perturbadoras, de reclamo por más beneficios o beneficios mayores. Con demandas que -de suyo- son legítimas porque la pobreza es un estado social que una sociedad decente no debe permitir.
Cristina Fernández de Kirchner, la voz más potente de gobierno instaló la discusión por quién reparte los planes. Punto. Su aspiración es quebrarle las sogas que lo sostienen a Alberto Fernández.

La mayor parte de los movimientos sociales, sus dirigentes, son parte del gobierno de Fernández, son la capacidad de movilización que lo sostiene más allá que su imagen, y la de su gobierno, caen en picada. Los movimientos sociales pueden sostenerlo, pero la realidad lo derrumba.
Imprevisión
¿Alberto Fernández preside un gobierno de incapaces porque no pueden resolver los problemas que le estallan y que deterioran las bases de la economía y de la sociedad? Es lo que piensa la mayoría de la sociedad y lo que dicen los datos duros de la realidad: no pudieron administrar ninguno de los recursos para que pudiéramos funcionar en este estado de supervivencia: nos faltan dólares y gas oil. Y en ambos casos es el resultado de la imprevisión. Fíjese que -en la vida- gobernar es prever.
Decisiones podemos tomar todos, las consecuencias de las decisiones nos hacen buenos o malos: tablita cambiaria, convertibilidad, quemar los stocks, hacer todo tarde, improvisar. Una larga línea de regresión en la calidad de vida colectiva.
El kirchnerismo es el heredero directo del menemismo. El menemismo fue -como está de moda decir- el período de mayor profundidad en la “deconstrucción” del Estado de Bienestar. La década de la “estabilidad” de precios y la convertibilidad, en la que sólo se emitían pesos si entraban dólares, -casi el “ideal dominantes de la opinión económica a la moda- fue la década del 90.
En octubre de 1990 la desocupación era del 6% (sin planes) y en mayo de 1995 el desempleo fue de 18%. Ese año la pobreza fue de 26,7%. Esa tasa se hizo “estructural”.
La “deconstrucción” del Estado de Bienestar no fue un accidente sino la consecuencia de una política. Una estabilidad efímera que se logró a base de destruir el tejido industrial, abrir de manera salvaje (con tipo de cambio atrasado) la economía y financiarla con deuda que generaba la liquidez de la economía del vale (un dólar un peso).
Pasó lo efímero de la convertibilidad, fundado en pies de barro, y se instaló la idea que “privatizar” era el bálsamo para todos los dolores. “Privatizamos” (Milagros Sala, movimientos sociales) los paliativos a la pobreza y nos lavamos las manos frente a las causas.
Esta economía genera pobreza porque no genera empleo productivo; y no genera empleo productivo porque, esencialmente, no hace lo que hacen los países que atraen y atraerán inversiones. Incentivos y financiación a largo plazo.
Y cuando decimos largo plazo necesariamente decimos que necesitamos un consenso político, social y económico.
Pero ¿es posible el consenso político cuando Cristina y Mauricio -que detestan el diálogo- siguen liderando fracciones importantes de la política? Este es el enigma. Y los políticos de todos lados de la grieta los responsables de resolverlo. ¿Se animarán?
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