El valor de un juez argentino en la Corte Internacional de Justicia

Desde su nacimiento a la vida independiente, los países americanos desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de un derecho internacional que no les era favorable. Así, crearon normas que después se aplicaron como reglas generales en todas partes del mundo llevando paz y estabilidad.

La propia historia argentina se enmarca en el constante respeto y promoción del sistema jurídico internacional. Hay reglas, hoy de aplicación universal, que nacieron gracias a destacados juristas argentinos. Las doctrinas Calvo y Drago -en honor a sus creadores, Carlos Calvo y José María Drago- fueron la piedra basal para establecer la igualdad soberana de los Estados y la no intervención, en tiempos donde las potencias mundiales apelaban a la llamada “diplomacia de las cañoneras”. Nuestro primer Premio Nobel de la Paz, Carlos Saavedra Lamas, fue precursor en la prohibición del uso de la fuerza para dirimir controversias internacionales. Bien conocida es nuestra condición de país promotor de la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Con todo, estos aportes de nuestro país al derecho internacional no se han visto reflejados de manera proporcional en la participación de un argentino en el principal órgano judicial de las Naciones Unidas: la Corte Internacional de Justicia.

A diferencia de otros países de la región como Brasil, que ha contado con cinco jueces, o México, con cuatro, nuestro país solo ha tenido dos jueces en la Corte de la Haya: los doctores Lucio Moreno Quinta y José María Ruda, autor del célebre alegato en 1964 que dio pie a la adopción, al año siguiente, de la primera resolución de la Asamblea General de la ONU sobre las Islas Malvinas, la 2065 (XX).

Incluso con esta magra representación, los aportes de estos juristas al derecho internacional han sido fundamentales. Fue con la presencia de Ruda que la Corte, en su opinión consultiva sobre el Sahara Occidental, estableció con claridad meridiana quiénes pueden ser titulares del derecho de libre determinación. El aporte de Ruda también fue determinante, en el caso de la controversia fronteriza Burkina Faso/Malí, para poner fin al debate sobre el alcance del principio del uti possidetis iuris y establecer que se trata de una norma del alcance general y no solo de una región particular. En ese mismo fallo se zanjó la discusión sobre la prevalencia de los títulos de soberanía sobre el mero control del territorio para determinar quién posee la soberanía territorial. Fue también con la participación de José María Ruda en el caso Nicaragua contra Estados Unidos que la Corte hizo primar los principios fundamentales de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto de la soberanía de los Estados y la no injerencia.

Tener un juez nacional en La Haya -que no representa a la Argentina, sino que actúa de manera independiente- es fundamental para aportar un enfoque latinoamericano en la Corte. Es continuar con la histórica tradición argentina de contribución al derecho internacional desde su propio nacimiento como Nación.

Desde hace 31 años que la Corte no tiene un juez argentino. Hoy, con la candidatura del profesor rosarino Marcelo G. Kohen, uno de los más destacados juristas internacionalistas a nivel mundial, la Argentina tiene la oportunidad de llenar ese vacío de representatividad.

Kohen dedicó su vida a la promoción y al desarrollo del derecho internacional, es reconocido mundialmente por su imparcialidad e independencia y conoce como pocos el funcionamiento y la jurisprudencia de la Corte: además de sus escritos y enseñanzas, ha sido el latinoamericano con más actuaciones ante ella desde su creación. Países tan disímiles como Malasia, Costa Rica, Serbia o Colombia han contado con su defensa en la Corte sobre temas muy variados de las relaciones internacionales.

Sus actuaciones más destacadas en defensa de los intereses argentinos fueron los casos de las pasteras en el río Uruguay, en la que se ocupó de la obligación del país vecino de respetar el procedimiento de consulta bilateral y el de la liberación de la Fragata ARA “Libertad”.

También fue notable su intervención en el proceso de Opinión Consultiva por el Archipiélago de Chagos, que precisó el alcance del derecho de libre determinación, el rol de la Asamblea General y su comité de descolonización como órganos encargados del proceso de descolonización y la importancia del respeto de la integridad territorial.

El catedrático rosarino cuenta también con una importante experiencia como miembro de tribunales arbitrales de inversiones, en los que ha sido nombrado por países muy diversos de América Latina, África, Asia y Europa (tales como México, Venezuela, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Jordania, India, España, Chipre, República Checa o Mozambique). Se destaca allí por su independencia de criterio y por hacer respetar los derechos soberanos de los Estados y los mecanismos judiciales existentes.

La presencia de Kohen en la Corte va más allá de una cuestión de orgullo nacional y su candidatura no lo es por interés personal. Su elección será una garantía de una contribución al mantenimiento de la independencia del órgano judicial principal de la ONU en la solución de las controversias internacionales y asegurará la presencia de una visión ética de la justicia en la que prevalece la fuerza del derecho y no el derecho de la fuerza.

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