Servicio cívico obligatorio: nada para innovar en una sociedad que necesita cambios urgentes

La noticia del servicio cívico voluntario de estos últimos días, propuesta por una diputada provincial de Santa Fe, quien vive en la ciudad de Buenos Aires, reflotó otro proyecto del gobierno nacional, allá por el 2019. Como aquella vez, asombró a todos. En aquel entonces, señalaron que pretendían brindar oportunidades de formación en valores a jóvenes de 16 a 20 años que se inscribían voluntariamente a fin de formar jóvenes en valores democráticos y republicanos, específicamente en responsabilidad, compromiso y oficios. Lo sorprendente fue que estaba organizado por el ministerio de Seguridad, un área que gestiona políticas relativas al tema, y no a cargo del ministerio de Educación, encargado de políticas concernientes a la formación del ciudadano. El programa, en ese entonces, estaría a cargo de la Gendarmería Nacional, la cual ofrecería su infraestructura y recursos humanos para trabajar con los jóvenes el compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales. Primer escollo: los gendarmes no son profesores ni sujetos formados con herramientas pedagógico- didácticas para afrontar la educación de las juventudes, con características tan diversas como los contextos en las que se enmarcan.

La Ministra a cargo a explicó que se trataba de una prueba piloto que comenzaría en La Matanza, San Miguel, Mercedes, Santiago del Estero, San Carlos de Bariloche y Córdoba, pero que, si funcionaba y tenía muchos inscriptos, la idea era ampliarlo a otros lugares y a más postulantes. En una nota televisiva, la funcionaria sostuvo que se los disciplinará en el saludo a la Bandera, en la responsabilidad y en “desarrollar la vocación que tienen adentro”, respondiendo al viejo postulado que señala que la vocación, como indica su origen en latín, es un “llamado de Dios”, en contraposición al proceso que se construye durante toda la vida y de forma permanente. Además, remarcó que se acercarían voluntariamente los jóvenes que no estudian ni trabajan, los que tenían problemas con la ley o con adicciones, como si ya hubiera una previa segmentación.

¿Qué pretende el nuevo Servicio cívico obligatorio?

En estos días, la diputada Amalia Granata formuló un proyecto de ley que proponía que dicho servicio debía ser obligatorio, no voluntario, como hace 3 años atrás se proponía, en la provincia de Santa Fe, con la finalidad de fomentar habilidades de disciplina y autodisciplina.

El “disciplinamiento” que propone la funcionaria para los ciudadanos que “no están encaminados en la sociedad” nos lleva a pensar en lo que Foucault llamó el poder disciplinario, definido por el autor francés como un poder discreto, repartido; un poder que funciona en red y cuya visibilidad sólo radica en la docilidad y la sumisión de aquellos sobre quienes se ejerce en silencio. En este sentido, el disciplinamiento que proponen, pretende formar cuerpos dóciles y obedientes, imponiendo un ordenamiento de las multiplicidades. En consecuencia, una “sociedad ordenada”, que enderece a los desviados y que respondan al molde propuesto, será la consecuencia de este tipo de proyecto. Ejemplos de este disciplinamiento u ordenamiento no faltan en la historia reciente argentina.

Otro de los objetivos de este nuevo proyecto de ley es proveer a la formación del respeto de nomas comunitarias, sociales y cumplimiento de las leyes vigentes, fomentar estudios superiores, la fortaleza de capacidades personales y sociales y prevenir el uso de sustancias problemáticas, entre otras. Estas ideas que el documento propone son las que niños y niñas y adolescentes aprenden – o deberían aprender- en la escuela.

Me pregunto, entonces, por qué no acompañar desde la Legislatura a planificar políticas públicas que promuevan el trabajo de oficios, la finalización de la escuela secundaria, el acceso a los bienes simbólicos y culturales de las diferentes juventudes, con proyectos focalizados en las problemáticas de los jóvenes de hoy, en pos de las necesidades de todos y cada uno, desde los ministerios específicos a tal fin.

Recomponer el tejido social no será fácil, pero las propuestas verticalistas, con una mirada adultocéntrica, no será la forma de construir comunidad. Si los funcionarios quieren abarcar a todos y todas deberían, a mi criterio, fomentar el trabajo y la educación, con políticas de inclusión que abarquen un primer empleo, acceso a una vivienda digna y posibilidad de estar en una escuela que les permitan aprender a convivir e insertarse a una sociedad justa.

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