En los municipios se cobra una tasa que se llama Tasa de Servicios Generales. Hasta hace algunos años, y todavía hay varios vecinos que la llaman así, esta misma tasa era el famoso ABL —alumbrado, barrido y limpieza—.
Esos tres servicios debían —y deben— ser garantizados por cualquier intendente. A decir verdad, nuestro rol tenía mucho de administración de consorcio o encargado de edificio: barrer la vereda y espacios comunes del edificio (calles) y limpiar el palier (los espacios públicos). También que la luz del ascensor y los pasillos siempre funcionen (alumbrado público), juntar la basura de todos los pisos y cada tanto ayudar a la vecina del 6to A a sacar los trastos viejos (recolección de residuos).
Sin embargo, en el siglo XXI las ciudades se transformaron en entramados complejos que han crecido exponencialmente en las últimas décadas y por lo tanto requieren de soluciones complejas.
Lanús, la ciudad donde nací y que me toca gobernar desde hace 7 años, es la segunda con mayor densidad poblacional por metro cuadrado de la Argentina después de la Ciudad de Buenos Aires, en poco más de 43 kilómetros cuadrados viven casi medio millón de habitantes. De locos.
¿Por qué hago toda esta introducción? Porque ya no somos más administradores de consorcio. El querido “Turco” Jorge Asis diría minigobernadores y algo de razón tiene.
Hoy los Estados municipales están involucrados directa o indirectamente en todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas. La educación, la salud, el deporte, esparcimiento, la economía, las relaciones internacionales y LA SEGURIDAD.
Hago referencia a la seguridad en mayúsculas, porque es la principal preocupación de cualquier vecino del conurbano bonaerense. Incluso por encima de la inflación o el desempleo.
En este punto y no para sacarme el chivo del lazo, sino para ponerlo blanco sobre negro, los intendentes estamos atados de pies y manos. Poco podemos hacer para mejorar esta traumática situación con las herramientas y responsabilidades que se nos asignan, sin embargo con esfuerzo y creatividad hemos forzado la Ley Orgánica Municipal para llevar a cabo medidas que puedan ayudar a prevenir el delito.
Cámaras de seguridad, botones antipánico, patrullas de prevención equipadas con autos, motos, bicicletas, guardianes de plaza, centros de monitoreo integrados y paradas seguras. En fin, una serie de herramientas y proyectos que todos los intendentes —oficialistas y opositores— hemos logrado realizar en cada uno de nuestros municipios con mayor o menor éxito, pero todos entendiendo que nuestros vecinos nos exigen respuestas y soluciones.
Es tiempo de que demos un paso más. Creo que estamos preparados para hacerlo y ahora sí involucrarnos con mayor grado de responsabilidad en la difícil tarea de luchar contra el delito urbano.
Por eso pedimos el traspaso de la Policía Local a los municipios con sus recursos. Los intendentes deben ser los jefes de esta fuerza de seguridad de cercanía sin dejar de coordinar con la provincia y la Policía Bonaerense. Queremos rendir cuentas de verdad ante nuestros vecinos: conocemos el territorio, tenemos un mapa del delito desarrollado, sabemos cómo se mueven las bandas delictivas, hablamos a diario con la gente en todos los barrios.
Cuando asumimos a finales del 2015, en Lanús se habían cometido 15 asesinatos en ocasión de robo. Es decir, 15 vecinos perdieron la vida en medio de un hecho delictivo. Con esfuerzo y trabajo coordinado y teniendo mayor ascendencia sobre la Policía Local, pudimos bajar esa terrible estadística a 0 hacia finales del 2019.
Eso es porque nos involucramos y pusimos el cuerpo y porque nos dejaron hacerlo. Es cierto también que había un gobierno nacional y provincial comprometidos con la lucha contra el delito.
Estamos dispuestos a abrir este debate, ya probamos sin éxito con la centralidad que emana desde La Plata y no funcionó. Cada 3 minutos se comete un robo en la provincia de Buenos Aires, según las últimas estadísticas. La situación es alarmante y lamentablemente ya estamos llegando tarde. ¿Cuánto más hay que esperar?
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