Empeoramos en la economía de la transparencia

Se publicó recientemente el Índice 2021 de Transparencia Internacional en el que nuevamente Argentina cae en su percepción de transparencia. Así, se retrocedió 18 lugares y empeora su lugar en el puesto 96 entre 180 países. En el 2020, Argentina había alcanzado los 42 puntos y quedado en el lugar 78 del ranking, lugar muy bajo lugar desde ya, lo cual no para de demostrar una tendencia.

Debemos ser precisos y recalcar el proceso de medición. Baja al índice los parámetros que evalúan la percepción sobre la corrupción realizadas a empresarios y especialistas en relación a la conducta del ámbito político y administrativo.

Si a esto, lo tomamos como un termómetro de clima o ambiente en que se dan las relaciones público–privadas en contexto de desconfianzas sobre el modo de administración de fondos y derechos contemplados o cercenados en contexto de pandemia, no podemos dejar de ver qué cuestiones que están fuera de la percepción global pudieran reforzar esta caída en los indicadores.

El primero y más importante es el cambio constante de las reglas de juego en materia económica que no permite la inversión de largo plazo, la falta de presupuesto real desde hace dos años, sumado al debate escandaloso en el último año legislativo, y la indefinición en las políticas de tarifas y en los aumentos constantes de precios por, justamente no tener un sistema de precios, producto de la inflación.

Además, como muestra cabal en materia institucional, podemos ver que durante todo el año 2020 la obligación de Transparencia Activa del ámbito del sector nacional, conforme la Ley 27.275, tuvo en la página web una leyenda que decía que se encontraba en construcción. Recién a fines de enero del 2021 se puso en vigencia un nuevo formato de publicidad para ver qué sujetos obligados cumplen y cuáles no y aún hoy es parcial la puesta de información.

Sumado a todo esto, que a la fecha no hay Director electo de la Agencia de Acceso a la Información Pública desde la renuncia de su primer y único responsable, el Dr. Bertoni. El proceso posterior de cambio de autoridades no fue lo esperado y se encontró envuelta también en reclamos y fuertes críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil y fue retirada la candidatura por el ex Jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

A la fecha, también, siguen sin reforma la Ley de Ética Pública, la cual sigue en ronda de consultas algo que debería ser de rápida y urgente resolución y envió posterior al Congreso de la Nación para su debate pero se dilata inexplicablemente. Esperemos que lo anuncie el primero de marzo el presidente en su mensaje a la asamblea legislativa para ver si cambia el rumbo en este sentido.

Ni hablar entonces si pensamos en la ley de Protección de Datos Personales que tienen más de dos décadas de vigencia no contemplando los cambios sociales que se dieron en épocas de aceleradas rupturas en paradigmas y grandes avances tecnológicos y de una ley que regule aplicaciones como las de salud o vacunación que se dictan por decreto y no tienen un parámetro regulatorio por parte del Congreso Nacional.

Tampoco está en agenda la sanción de una Ley de Gestión de Intereses o Lobby, o teniendo una visión más omnicomprensiva, una Ley de Probidad o Integridad Pública Nacional, hecho que demuestra que no se piensa de modo sistémico un bloque de normas anticorrupción.

Finalmente, queda bajo tela de juicio la falta de celeridad del Poder Judicial para dar transparencia a sus decisiones y poner en claro quienes cometieron delitos y quienes no.

Todo esto, afecta a la economía de la transparencia. Menos indicadores positivos menos incentivos a la inversión, al ahorro y a la posibilidad de que el sector productivo y administrativo en conjunto trabajen en pos del crecimiento institucional y mejora en el índice de cara al año próximo. Muchas medidas sin tomar o lentas en su ejecución, lo que es lo mismo cuando hablamos de superar la opacidad e implementar políticas reales de ética, transparencia y probidad.

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