El temor al fraude como vía para evitar la competencia

A veces, las restricciones más injustas vienen con la piel de cordero del cuidado. La carta conjunta de ABA (Asociación de Bancos de la Argentina) y Adeba (Asociación de Bancos Argentinos), donde solicitan al Banco Central que restrinja las transferencias hacia cuentas virtuales lleva esa premisa al paroxismo. Porque, como si no fuera poco, la carta no se queda en la solicitud sino que admite que algunos de sus asociados están incumpliendo con la normativa (Comunicación “A” 6510) que fomenta la interoperabilidad entre ambos tipos de cuentas. “Se han implementado limitaciones en los importes a transferir”, confiesan. Todo para “proteger a sus clientes”.

Su razonamiento es que se verificó “el incremento de fraudes y estafas (...) como una consecuencia indeseada del crecimiento del uso de medios digitales”. Y agregan que las compañías que brindan estos servicios financieros digitales (es decir, las fintech) “no se encuentran alcanzadas por las diversas normas emitidas por ese Banco Central orientadas a brindar seguridad en las operaciones”.

No deberíamos detenernos demasiado en el segundo punto, ya que es absolutamente falso. Lo expresó con toda claridad la Cámara Argentina de Fintech en el comunicado que emitió como respuesta a la carta de las asociaciones bancarias: “el BCRA regula, controla y supervisa a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), los cuales además cumplen con normativa impositiva de la AFIP y fiscos provinciales, y con la normativa antilavado de la UIF”. Además, en febrero de 2020, el BCRA dictaminó que los PSP deben retener el dinero de sus clientes en cuentas corrientes a la vista, medida que el regulador considera suficiente para cumplir con los estándares que requiere el sistema.

Lo más interesante de la carta es la apelación a la protección de las personas como argumento para limitar su libertad. Es importante señalarlo porque se trata de dos valores que no deberían mencionarse en vano. Impedir o limitar una transacción es un mecanismo eficaz para mitigar el riesgo de fraude. Nadie puede negar eso. Así como prohibir los viajes en avión elimina el riesgo de los accidentes aéreos. Pero no es, ni cerca, lo mejor para la sociedad. La Argentina ya tiene 14 millones de CVU (Claves Virtuales Uniformes) y, según informó el propio BCRA, en junio, cerca del 36% del total de las transferencias del mes fueron desde y/o hacia una CVU. ¿Por qué tantas personas las utilizan? ¿Para cometer fraudes?

Para nada. El fraude y las estafas son un problema muy serio como para perder el tiempo con vaguedades. La llegada de la pandemia aceleró como nunca la digitalización de la economía. Y es preciso recordar que fueron el e-commerce y los servicios de muchas fintech las que les permitieron a millones de personas en todo el mundo seguir vendiendo y seguir comprando. Como cualquier fenómeno imprevisto, contiene sus riesgos, y es por eso que todo el ecosistema está comprometido con la búsqueda de soluciones robustas, con el uso adecuado de tecnología para hacer frente al ciberdelito. Y, nobleza obliga, son muchos los bancos que también avanzan en ese camino. El mismo comunicado de la Cámara señala que “existen acuerdos de colaboración entre PSP y bancos que redujeron significativamente las tasas de fraude, con casos concretos en que el ciberdelito se disminuyó en un 90%”.

Ese es el espíritu que guía otras instancias de cooperación, como lo es la vinculación académica con universidades y casas de estudio, que se ha convertido en uno de los ejes de trabajo de la Cámara Argentina de Fintech. Allí hablamos con convicción de la “coopetición”, porque somos conscientes de que la construcción de un sistema financiero sólido, inclusivo y transparente depende tanto de la competencia como de la cooperación. Entre fintechs, pero también con los bancos, tal como lo atestiguan las decenas de asociaciones exitosas que nacieron durante los últimos años.

Las apelación al “fraude” para restringir tanto la competencia como la cooperación se parece a la determinación con la que la actual conducción de la Inspección General de Justicia (IGJ) pretende abolir a las Sociedades por Acciones Simplificadas. Aún con sus imperfecciones, desde su creación en 2017, las SAS probaron su utilidad como mecanismo para agilizar la constitución de empresas. Cientos de emprendedores eligieron esa modalidad para comenzar con sus proyectos, pero hoy resulta que para algunos son oscuras trampas de evasión. Pero la evidencia marca que ni la evasión tributaria nació con las SAS ni el fraude bancario con las CVU.

Si queremos terminar con el fraude, la informalidad, o el atraso de nuestra economía, la única solución es trabajar juntos para encontrar una solución. Por algo se empieza.

SEGUIR LEYENDO