Gobernabilidad social, estabilidad monetaria y crecimiento

La política macroeconómica tiene tres objetivos: baja inflación, bajo desempleo y un saldo sustentable de la cuenta corriente del balance de pagos. El bajo desempleo podría reformularse en términos más amplios como sería el de la inclusión social; esto es, no contemplar sólo el nivel de desocupación, sino la pobreza y la informalidad laboral, la equidad social y territorial, entre otras variables.

Al respecto, la Argentina ha sido incapaz de alcanzar simultáneamente estos objetivos desde hace décadas. No hubo, salvo por cortos períodos, baja inflación, debido a los recurrentes desaciertos de política fiscal y monetaria que culminaron en complejos procesos inflacionarios de difícil desarticulación. A esto se le debe sumar la restricción de la dolarización de activos de los residentes, producto de la progresiva pérdida de confianza en la moneda nacional.

También en las últimas cinco décadas aumentó la exclusión social. Cada crisis económica redujo el nivel y calidad del empleo, elevaba la pobreza y la desigualdad. Los indicadores mejoraban en los períodos de estabilidad macroeconómica, aunque no siempre lograban alcanzar los niveles previos a la crisis. De esta forma, con el paso de los años, la sociedad está menos cohesionada e incluye millones de adultos con pocas posibilidades de mejorar su estándar de vida y el de su grupo familiar.

Finalmente, se registra una inquebrantable incapacidad para expandir la oferta exportable de mercancías y servicios. Esto es crucial para pagar las importaciones que requiere el crecimiento económico, remitir al exterior utilidades de inversores extranjeros, pagar los servicios de la deuda externa pública y privada, y financiar la dolarización antes mencionada.

Una interpretación de este triple desequilibrio macroeconómico puede ser la siguiente. Enfrentamos una imposibilidad de generar un sendero de productividad y exportaciones que financie el gasto público necesario para expandir los derechos universales, tal como los define el sociólogo francés Alain Touraine en su texto Después de la crisis.

La expansión de derechos, principal garante de la gobernabilidad social, requiere un financiamiento que la economía no ha podido brindar. Esto tiene su origen en la falta de incentivos para aumentar el stock de capital, la productividad y las exportaciones.

Desde esta perspectiva, la persistente inflación, las crisis cambiarias y los defaults de la deuda pública serían el resultado de la inconsistencia entre las expectativas y reclamos sociales, atendidos generosamente por los políticos, y la capacidad de la economía para financiarlos. A la luz de la historia, tal situación no se podrá resolver reprimiendo las demandas sociales, sino estableciendo las bases para que el empresariado invierta y exporte.

Para que ello ocurra se requiere, entre otras cosas, un sistema tributario racional, prestaciones de servicios públicos de calidad, estabilidad de marcos regulatorios modernos y eficientes, tribunales que sean capaces de resolver las disputas en tiempos razonables, transparencia en el Estado y en la relación entre éste y los privados, y la aplicación de instrumentos financieros y soluciones prácticas que movilicen los dólares atesorados de los residentes.

La falta de una estrategia que concilie la gobernabilidad social, la estabilidad monetaria y el crecimiento económico sostenible resultará en nuevas y profundas crisis, y, consecuentemente, en la consolidación de la decadencia económica y social del país.

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