Más tolerancia, menos derecho penal

Siempre es posible afirmar que otro u otros podrían haber actuado diferente. Eso no es extraño, pues obedece al carácter contingente de la acción humana. Y, en tanto lo indeseable o fatal responde a causas variables, el resultado no siempre es reprochable penalmente a quienes han intervenido en las distintas fases del escenario que se presenta como desaprobado.

Frente a los hechos, se impone entonces la tarea compleja de determinar y deslindar responsabilidades, verificar si existen hechos e individuos justiciables. Sólo una parte de esta ciclópea tarea está a cargo del derecho penal -siempre como última ratio- porque su campo de acción es absolutamente limitado: sanciona sólo conductas concretas, las que fueron previamente jerarquizadas como nocivas al orden social.

Lo que el derecho penal no puede hacer, y la comunidad organizada jamás puede esperar de él, es que resuelva todos los problemas que se suscitan en el seno social. A pesar de ser ello tan evidente, con alarma se observa que, cada vez más, se depositan expectativas ciudadanas en una suerte de sobreactuación del derecho penal que se traduce en un reclamo creciente de intromisión inmediata. Se observa con frecuencia que, ante situaciones desaprobadas o que desagradan a distintos sectores o grupos que consideran reprobables o estiman que podrían haber sido manejadas de otra manera, se alzan demandas de castigo estatal, como si el derecho penal estuviera convocado a funcionar como una suerte de solución mágica, capaz de remediar absolutamente todo. Esto se observa en el día a día y cada vez es más habitual la proliferación de todo tipo de denuncias que van desde cuestiones económicas, financieras o respecto de actos de gobierno, con la utilitaria complacencia de los instrumentadores del derecho penal que promueven investigaciones que, desde el inicio, se encaminan hacia el rotundo fracaso.

Como ciudadanos, basta con reparar en las disputas electorales y que se multiplican los intercambios de acusaciones cruzadas en desmedro de fructíferos espacios de discusión pública. Como simples espectadores, al tomar contacto con noticias, se comprueba que cada vez más se exige encauzar más conductas por el prisma del proceso penal, aunque tan solo se trate de disconformidad o de perspectivas sobre los actos desaprobados que debieron ser realizados de otra forma. Claro está, que no puede desconocerse que a estas consideraciones las atraviesa la indestructible noción de que la impunidad es uno de los grandes problemas que padece nuestra sociedad.

Pero por lo que sea, desde hace un tiempo se verifica un fuerte tránsito hacia una peligrosa concepción de que si no estamos de acuerdo con algo, debe ser judicializado y penado. Sólo de ese modo parecería que la comunidad podría funcionar mejor.

No es novedoso en la historia de la civilización, que siempre es tentador imaginar una sociedad que responda a determinadas concepciones morales y a parámetros individuales de conducta. Sin embargo, transitar ese tipo de caminos, lejos de mejorar las cosas, sólo traerá más desgracias y muchos desencuentros. Desde lo teórico no puede soslayarse que, en gran medida, el constitucionalismo moderno fue una expresión justamente contra eso que ahora parece añorarse. Un derecho penal expansivo, emocional, espasmódico, que responda a concepciones ideológicas relativas de ciertos protagonistas o sectores de la comunidad, nada bueno aportará al contrato social.

Nuestra Nación optó por una sociedad en la que la regla es “la libertad”. Nada debe asombrar que nuestro prójimo no sea el más esperado, que el opositor político tenga valores diferentes o que un funcionario opte por una política que otros puedan considerar desacertada. Lo esencial es estar seguros de que sólo está prohibido lo que el pueblo define a través sus representantes. Esa condición permite al ciudadano desarrollarse sin sentir la opresión y la amenaza de un derecho penal tan artificial como inflacionario. Si realmente valoramos esta libertad, aunque signifique tolerar situaciones con las que se puede estar en desacuerdo, se deben aceptar los beneficios de tener un derecho penal esencial y limitado.

Pero si desde una perspectiva utilitaria no existiera consenso con una amplia noción de libertad, hay que ser consciente de que el derecho represivo tampoco solucionará demasiado. En Latinoamérica, las denuncias que concluyen en condena constituyen un insignificante porcentaje; el resto de los procesos penales termina en la absoluta nada. En realidad, tampoco son “nada” pues significan enormes pérdidas de dinero destinado a pagar sueldos judiciales, policiales, administrativos y ni que hablar en el costo de las prisiones preventivas e inclusive el nada despreciable valor de toneladas de papeles que se utilizan. Todo indica que una de las claves de esa baja eficiencia radica en que los responsables de representar a la sociedad persiguen demasiado y bastante mal.

Si todos los esfuerzos que se dirigen en expandir el derecho penal se orientaran a hacerlo más eficiente, los resultados serían mucho más satisfactorios. Un derecho penal que castiga pocas conductas -mínima intervención estatal-, pero de manera eficiente, es más disuasivo que uno que prohíbe mucho pero consigue muy magros resultados. Debe reflexionarse en lo más profundo, si realmente se justifica la onda expansiva del derecho penal sobre cada vez más conductas y actos que se desarrollan en amplios y variados sectores de la sociedad. Buscar una sistémica solución en el castigo estatal supone dar un paso más hacia estados premodernos, en los que la libertad era la excepción y el castigo la regla. Pero sí esto no nos convence o no fuera suficiente desaliento, pensemos que sumar conductas al largo catálogo del derecho penal posiblemente llevará a la Republica a gastar e invertir muchísimo más, solo para tener un castigo menos eficiente y que en efinitiva a muy pocos realmente asusta o disuade.

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