¿Son “nuevos” los datos de pobreza?

Luego de anuncios no poco alarmistas que presagiaban un índice de pobreza cercano al 50% de la población, el Indec anunció, para la segunda mitad de 2020, un valor sensiblemente distinto: 42% de pobres, de los cuales uno de cada cuatro estaba en condiciones de indigencia.

Más allá del impacto que se produce cada vez que contamos con un nuevo dato sobre la incidencia de la pobreza en el país, la noticia siempre nos lleva al origen del problema: la distribución del ingreso en Argentina es, desde hace demasiado tiempo, insatisfactoria.

Como en toda América Latina, desde los altos valores registrados alrededor del cambio de siglo, se produjo un constante descenso –en la primera década– tanto de los índices de pobreza como de la indigencia. En la región, disminuyó en ese contexto el número absoluto de personas afectadas.

Sin embargo, a comienzos del segundo decenio el estancamiento de esa mejoría se transformó en reversión de la tendencia de manera que ya antes de la aparición de la pandemia COVID-19 los datos se asemejaban a los de una década atrás. La descripción, que alude a América Latina en base a los datos de Cepal puede aplicarse también a la Argentina.

Claro que en nuestro país hemos padecido desde manipulación de las estadísticas públicas, dentro de lo cual las de pobreza sufrieron quizás el mayor impacto, hasta explicaciones simplificadoras como las que sostenían que el recrudecimiento de la pobreza era exclusivo resultado de la gestión de Cambiemos.

Sin entrar en demasiadas precisiones, ante la ausencia de datos oficiales creíbles del período 2007 a 2015 inclusive, podemos decir que entre 2010 y 2015 cada año se agregó medio millón de personas en esa condición de pobreza. Durante el primer bienio del gobierno de Mauricio Macri hubo una disminución neta de un millón. Pero en la segunda mitad de su mandato, la caída del nivel de actividad económica y el empuje inflacionario fuertemente asociado al descontrol cambiario, se agregaron más de cuatro millones con lo cual el balance neto fue de 3,5 millones de personas que se sumaron a la pobreza preexistente.

Ahora con la pandemia y en especial con el modo que hemos adoptado para enfrentarla (prolongada cuarentena, en primer lugar) al tiempo que el nuevo gobierno no ha encontrado la manera de controlar el proceso inflacionario nos enfrentamos a un escenario dramático: se agregaron otros tres millones de pobres en 2020 en parte porque se perdieron millones de puestos de trabajo (parte de los cuales se recuperaron hacia finales del año) lo que generó, para el grueso de la población, una disminución sustancial de los ingresos, incluyendo una gran porción de ella que quedó sin ingresos en absoluto.

Las necesarias medidas de contención (IFE y subsidios a empresas para el pago de salarios) fueron útiles aunque insuficientes y a la vez agravaron la situación fiscal, pues se solventaron sólo con emisión. Con lo cual, se potenció la pulsión inflacionaria como lo muestran los índices desde diciembre para aquí.

Un aspecto no poco importante a tener en cuenta. Según datos de la UCA, aun entre los jefes de hogar con “empleo pleno” la incidencia de la pobreza era relevante. Entre 2010 y 2015 osciló en valores del 20% es decir que uno de cada cinco trabajadores en tal condición, igualmente era pobre. En 2017, el porcentaje bajó fuertemente al 15% pero fue una mejora efímera. Luego no dejó de aumentar hasta llegar en 2020 al 26 por ciento.

Este dato corrobora que tener trabajo y ser pobre no alude a núcleos separados, sino que se superponen. Dicho de otro modo, es importante ver por qué la distribución primaria del ingreso es tan deficiente que obliga a apelar a instancias redistributivas. Estas, con ser necesarias en condiciones especiales, no pueden ser la base de funcionamiento de una sociedad más equilibrada, más productiva y más equitativa.