En su 57º sesión plenaria en 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. En esa ocasión, la ONU invitó a todos los Estados Miembros a dedicar este día particular a la promoción de actividades concretas que propiciaran el desarrollo y la justicia social como factores indispensables para el mantenimiento de la paz y la seguridad de las naciones.
De este modo, la organización considera que, si los Estados no se comprometen a actuar como catalizadores de las demandas de la comunidad y si los derechos humanos no son respectados en todo su espectro, la paz y la seguridad de los pueblos serán, definitivamente, inviables.
Una de las enseñanzas más evidentes que la excepcionalidad de la pandemia nos ha legado es, sin dudas, la necesidad de profundizar políticas públicas que combatan las inequidades en el seno de las comunidades, especialmente en el Sur global, alejado de los gigantes industriales, endeudado y desfavorecido históricamente.
La crisis del COVID-19 nos expuso ante una verdad insoslayable: la brecha digital y la inequidad de oportunidades entre los diversos sectores de la ciudadanía. La urgencia por sostener las actividades laborales o suplantar puestos de trabajo que desaparecieron ante la calamidad del virus encontró la respuesta en las tecnologías de la información y la comunicación, la amplia expansión de la conectividad de banda ancha y la nube informática y de datos. Sin embargo, desafortunadamente, no fue asequible para muchas argentinas y argentinos.
Si bien es cierto que la economía digital ofrece formas diversas de generar ingresos o desarrollar emprendimientos con aparente sencillez y beneficios derivados del dinamismo de las plataformas digitales, muchos sectores sociales se vieron imposibilitados para sobrellevar este desafío por falta de alfabetización tecnológica y digital a la luz de la escasez de recursos socioeconómicos, culturales y ambientales. Y, en particular, la inequidad se agudiza si observamos el problema desde un enfoque interseccional. Esto implica que cuando las variables género, edad y origen, entre otras, se intersectan, la dinámica de la economía digital presenta mayores o menores inconvenientes.
Pensemos en la realidad de maternar en pandemia, enfrentar una búsqueda laboral y formarse forzosamente en las TICs. Claramente, las posibilidades no serán las mismas que para otros colectivos sociales con otros recursos o escenarios. Cambiarán las condiciones laborales, los ingresos, la estabilidad y una serie de factores que facilitan o no el bienestar social. Indudablemente, la pandemia expone desigualdades flagrantes y los Estados, desde todos sus estamentos, deben impedirlas.
En esta nueva conmemoración del Día de la Justicia Social, su reivindicación debe acentuarse hoy aún más. Para ello, el Estado debe recomponer el tejido social sin excluir a nadie, otorgarles oportunidades a todas y todos en su más amplia diversidad y desarrollar políticas públicas que, basadas en el principio rector de la justicia social, capaciten, aporten espacios de aprendizaje y les brinden el apoyo necesario para que los sectores más vulnerados y con menos recursos puedan reinsertarse en la matriz productiva del siglo XXI.
En este sentido, la función de los gobiernos locales resulta imprescindible para este propósito ya que deben catalizar las demandas ciudadanas en pos de la equidad y el bien común, articular las necesidades de los diversos actores sociales y propiciar una dinámica saludable entre el sector público y el privado para activar la economía desde todos sus vértices.
En 2021, enarbolemos la bandera de la justicia social y reunamos los esfuerzos de todas y todos para lograr un desarrollo sostenible, erradicar la pobreza, promover condiciones laborales que respeten el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores en plena igualdad de oportunidades entre los géneros y la heterogeneidad de identidades y luchemos para que la inequidad en tiempos de economía digital sea materia del pasado.
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