Régimen penal juvenil: ¿hasta cuando el Estado va a mirar para otro lado?

Dmitri Amiryan salió con su bicicleta como todos los domingos, a realizar su recorrido semanal. Lo que no esperaba era encontrarse con un chico que, al intentar arrebatarle su bicicleta, lo asesinó de un tiro en la cabeza. Lo cierto es que ninguno de nosotros piensa que se puede levantar una mañana, y que esa recorrida, pueda ser la última.

Era feriado, pero si no fuera por la cuarentena eterna, un chico cualquiera de 15 años debiera haber estado en la escuela, más precisamente cursando el tercer año de la secundaria. Un tiempo más tarde, le habría tocado elegir su buzo de egresados, y quizás con un poco de suerte planificaría un viaje de fin de curso.

Nada de esto ocurrió. Ahora, este chico de 15 años es presuntamente un homicida. Lo cierto es que se supone que no debiera serlo, pero ocurre. Así como un chico de 15 años no debiera salir solo del país sin autorización de los padres, o no podría manejar un vehículo o casarse, nadie prevé que un chico de 15 años sea un delincuente o un asesino, pero la verdad es que lo es.

En 2019, el gobierno de Mauricio Macri con  los entonces ministros Patricia Bullrich y Germán Garabano, presentó el proyecto para crear un Régimen Penal Juvenil. La legislación consistía en estar preparados para lo que nadie quiere que pase, que era que un menor pudiera delinquir, y particularmente qué ocurriría en los casos de delitos graves, como un asesinato. Se planteaba una Justicia especializada para delitos de menores, y que los organismos encargados fueran instituciones particularmente desarrolladas para niños y adolescentes. También se preveía un procedimiento socioeducativo para la progresiva reinserción en la sociedad, con personal especializado para la tarea. Nadie quiere tener más presos, sino que haya menos delincuentes. La ley no fue aprobada.

En la Argentina la vida de los menores está casi exclusivamente delegada en la familia: poco puede hacer la sociedad aún cuando es en beneficio del menor, porque todo el andamiaje burocrático está previsto para que sea la familia quien tenga las decisiones sobre la cría del niño, desde los planes sociales hasta sus condiciones de vida. ¿Qué pasa entonces cuando quienes tienen que cuidar y educar al menor no lo hacen? Lo cierto es que hoy el Estado no tiene respuesta a esta pregunta. No la tiene para la víctima, tampoco para sus familiares. No tiene respuesta para la sociedad, ni tampoco tiene respuesta para el chico que cometió el crimen. Y mucho menos tiene respuesta para todos los chicos que como este, potencialmente pueden sufrir el mismo destino. La política y el Estado no pueden seguir mirando para el costado.

Queda claro que la Justicia llega siempre tarde, y que el problema debe abordarse primeramente a partir de las razones por las cuales los chicos hoy no van a las aulas o cuánto se rompió en los últimos meses el tejido social. Pero el daño está realizado y llevará años repararlo, las víctimas ya no pueden esperar. Hace falta un régimen penal juvenil que le aporte claridad a un sistema por demás injusto, y que aunque no resuelve todas las cuestiones de fondo, aporte un poco de seguridad y justicia a una sociedad por demás atemorizada y legítimamente cansada.

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